Gian Franco Giovines D.

Serias acusaciones tienen en la mira a la dirección regional de Conaf. A la formalización de unos de sus exbrigadistas -Franco Pinto, sindicado como autor intelectual del incendio- y a las "negligencias" de la institución denunciadas por la comisión investigadora del megaincendio, esta semana se sumaron severas denuncias de nada menos que del exdirector regional de Conaf en el año 2023, Alejandro Zuleta.

En diálogo con este Diario, Zuleta sugirió a la Fiscalía y Contraloría investigar el actuar de Conaf Valparaíso, incluso fue más allá, al sostener que en la institución "hay muchos delitos que investigar". Además, el extimonel regional dijo que hoy en Conaf "es un negocio que haya un incendio".

Asimismo, Zuleta señaló en entrevista con El Mercurio que aquel 2 de febrero se realizó un segundo sobrevuelo, que tuvo como fin "verificar si estaban quemándose las propias casas de los directivos de Conaf. No lo supo el Presidente, sus ministros, la comisión investigadora ni la policía. Nadie".

Estas declaraciones causaron la sorpresa del diputado Andrés Longton (RN), quien junto a su par Tomás Lagomarsino (Partido Radical) oficiaron a la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, "para que indague rápidamente, determine responsabilidades y, eventualmente, lleve a la Fiscalía las graves acusaciones del exdirector regional de Conaf, que señala que una segunda aeronave sobrevoló la zona del incendio el 2 de febrero, pero no para resguardar la vida de las personas, sino que para verificar que las casas de los funcionarios de Conaf no se estuvieran quemando", detalló Longton.

"Esto es un escándalo. Estamos hablando de 136 personas que fallecieron", remarcó.

Asimismo, el parlamentario señaló que "es aún más impresentable que el director regional de Valparaíso (Leonardo Möder), siga en su cargo".

Piden investigaciones

Los dichos también generaron la reacción del diputado Hotuiti Teao (indep.-Evópoli). "Si existe la más mínima sospecha de irregularidades o delitos dentro de Conaf, es fundamental que tanto la Fiscalía como la Contraloría actúen con celeridad y realicen las investigaciones necesarias", solicitó.

"Además -continuó-, Little tampoco justificó las millonarias horas extra de sus jefaturas, particularmente las del jefe del departamento de protección contra incendios forestales, quien habría recibido cerca de $9 millones, entre enero y abril, por concepto de horas extraordinarias".

En tanto, el parlamentario Andrés Celis (RN) manifestó que "las declaraciones del exdirector regional de Conaf son alarmantes y deben ser un llamado urgente para las autoridades competentes".

"Afirmar que en Conaf 'es un negocio que haya un incendio' y que hay 'muchos delitos que investigar' es gravísimo, especialmente cuando uno de los detenidos por el megaincendio (...) es un funcionario de esta misma institución", concluyó Celis.

"Oficiamos a la nueva directora de Conaf (Aida Baldini) para que, eventualmente, lleve a la Fiscalía las graves acusaciones del exdirector regional".

Andrés Longton, Diputado (RN)

"Si existe la más mínima sospecha de irregularidades o delitos dentro de Conaf, es fundamental que tanto la Fiscalía como la Contraloría actúen con celeridad".

Hotuiti Teao, Diputado (indep.-Evópoli)

Con el propósito de que el Ministerio Público dé "la mayor celeridad posible a las investigaciones" que se circunscriben al llamado caso Convenios, y puntualmente en lo referido a su arista ligada a la Fundación ProCultura, los diputados Chiara Barchiesi (Partido Republicano) y Andrés Longton (RN) hicieron llegar una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, en la cual manifiestan su preocupación por los últimos antecedentes conocidos y que involucran a la expareja del Presidente de la República, Irina Karamanos.

Se trata de un informe de la PDI que da cuenta de cinco traspasos a ProCultura por parte de Karamanos, que suman $4.467.500 en total, antes que Gabriel Boric llegara a La Moneda, transferencias que fueron calificadas como inconsistentes.

Ante ello, los legisladores también consignaron en su misiva a Valencia la arista regional que afecta al excore y actual candidato del Frente Amplio a alcalde de Limache, Sebastián Balbontín, quien recibió traspasos por $22 millones del fundador de ProCultura, Alberto Larraín, entre los años 2021 y 2023.

Eventuales ilícitos

Aludiendo al rol que tuvo Balbontín como consejero regional, los legisladores mencionan en su carta que "desde entonces, por parte del Gobierno Regional de Valparaíso, se vio aumentado tanto el número como el monto de transferencias por iniciativas adjudicadas por parte del ente público a la Fundación ProCultura, cuestión que ha llevado al actual candidato a alcalde de Limache, Sebastián Balbontín, a encontrarse investigado por parte de la Fiscalía por financiamiento ilegal de la política".

Por tanto, concluyen que "resulta evidente que los hechos circunscritos al caso Convenios o Fundaciones han mermado de manera profunda la fe y la confianza públicas, constatándose, además, la utilización ilícita de elevadas sumas de dinero que, presumiblemente, han terminado financiando las actividades de un sector político".

Recursos públicos

A través de un comunicado, el diputado Longton manifestó que "es necesario acelerar estas investigaciones, porque no solamente están los delitos anteriores, sino que además puede haber financiamiento ilegal de la política con recursos públicos de todos los chilenos".

En tanto, Barchiesi remarcó que "ProCultura es la fundación más investigada por el caso Convenios", por lo que dijo que es de suma importancia "que se investigue hasta las últimas consecuencias".

"Que se investigue hasta las últimas consecuencias".

Chiara Barchiesi, Diputada (Partido Republicano)

El Ministerio de Vivienda abrió hasta el 8 de noviembre un concurso destinado a entidades desarrolladoras para proponer el diseño de un proyecto de 240 viviendas sociales en Viña del Mar, que estará destinado a familias del Fondo Solidario DS-49 y también a damnificados del megaincendio de febrero de este año.

Informaron que existe un presupuesto cercano a los $20 mil millones para concretar esta iniciativa en Reñaca Alto, en un terreno de propiedad del Serviu regional que tiene una superficie de unos 9.300 metros cuadrados.

La seremi Minvu, Belén Paredes, precisó que "esta es una iniciativa que responde a los grandes desafíos que tenemos en la región, como es el generar viviendas dentro del proceso de reconstrucción y también responder a las familias que esperan una solución definitiva con el Plan de Emergencia Habitacional".

Dentro de los requerimientos estipulados en las bases se solicita el diseño de un proyecto en altura de cinco a 12 pisos, compuesto de departamentos de tres dormitorios y un baño, con terrazas desde la segunda planta. Además, debe considerar 10 unidades para personas con movilidad reducida.