Claudio Ramírez

En el marco de un conversatorio que se realizó en el Campus Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, respecto a la relación del patrimonio con la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNUD) -que está en proceso de elaboración-, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, expuso los avances en la nueva legislación del sector y cómo esto podría impulsar el Sitio Patrimonio Mundial en Valparaíso.

"Hay que recordar que el principal articulador de los patrimonios a nivel nacional tanto materiales como inmateriales es el territorio. Esto puede ser la manifestación de una tradición cultural, pero también todo lo que tiene que ver con aquellos espacios que hoy día están protegidos por ley, como son los monumentos históricos, las zonas típicas. (...) Valparaíso es muy relevante, pues tenemos un polígono que es el Sitio Patrimonio Mundial", comentó la autoridad sectorial.

En esa línea, agregó que hay grandes desafíos, algunos de los cuales ya están siendo abordados por el Ejecutivo en la nueva legislación patrimonial.

"Se suma lo inmaterial, lo indígena, que emana de la consulta respectiva que era un compromiso de este gobierno. Pero al mismo tiempo, es una propuesta legislativa que entrega certezas y es muy importante tener marcos jurídicos y herramientas en general que entreguen certezas a todas las actorías vinculadas a la protección patrimonial", subrayó.

Otro aspecto que destacó es la coordinación a la que propende el proyecto. "Esta es una propuesta que entrega muchísimas certezas en términos procedimentales, pero que también nos permite avanzar, diría yo, en coordinarnos mejor desde el Estado. En cómo somos capaces de avanzar desde la perspectiva de la protección patrimonial, por ejemplo, en el nexo que existe entre aquellas zonas que están protegidas y los instrumentos de planificación territorial", dijo.

En esa línea, al ser consultada si la legislación puede ayudar a mejorar la relación del patrimonio con proyectos de otros sectores, como el caso de la expansión portuaria en Valparaíso, aseveró que "el principal fin de la nueva legislación patrimonial que el Ejecutivo va a empujar es, precisamente, que proteger y conservar nuestros patrimonios no se entienda como un objetivo que se contrapone al desarrollo regional".

Agregó que "esos son objetivos que van de la mano y en esa línea esta ley habilita muchísimo, permite modernizar una institucionalidad que es antigua y eso es un desafío de Estado muy relevante, pero siempre poniendo el centro que no podemos bajar los estándares de conservación".

"Aquí hay un desafío bien relevante de esta ley, que es como nosotros vamos a apostar por modernizar, por agilizar, por dar fluidez, al mismo tiempo que mantenemos estándares de conservación que son importantes para toda la comunidad", subrayó.

DEsarrollo urbano

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Jirón, señaló que es importante que desde las regiones se vayan generando ideas en base a sus propios problemas.

Indicó que en el caso de la región, por ejemplo, cobran importancia temas relacionados con el cambio climático como las marejadas y la situación del borde costero en general, o la interfaz urbano-rural que tiene relación con el tema de los incendios.

"Tener esa diversidad de opiniones es muy importante para esta política, nos va a ayudar a prevenir y a minimizar los impactos, el poder adelantarnos al prever qué es lo que puede suceder", indicó la profesional, quien subrayó que para abril de 2025 ya se espera contar con un borrador.

Por su parte, la académica de la Escuela de Diseño de la UAI y representante de la casa de estudios en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Valentina Rozas-Krause, comentó que "hace más de diez años que no actualizamos esta política y es necesario hacerse cargo de los grandes problemas territoriales tanto climáticos como sociales".

Añadió que Valparaíso es un territorio complejo, con crisis de distinto tipo, y por eso es importante que esa política sea flexible.

"Tener esa diversidad de opiniones es muy importante para esta política, nos va a ayudar a prevenir y a minimizar impactos".

Paola Jirón, Presidenta CNDT

Un total de 82 observaciones, en el marco de la tramitación ambiental de la ampliación del Terminal 2, recibió la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) por parte de los servicios con competencia ambiental y que fueron consolidadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El denominado Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) está en el marco del proceso acotado que determinó la sentencia del Tribunal Ambiental, que pidió la revaluación de los componentes Medio Humano y Paisaje de la iniciativa.

Hay que recordar que entre las principales modificaciones planteadas al SEA por parte de la estatal, está el reducir la extensión del terminal portuario a la mitad y medidas urbanas para abrir el borde costero entre el nuevo Sitio Costanera y Parque Barón, con un paseo costero, una plaza que contempla un acceso a nivel hacia la avenida Errázuriz, un mirador de la actividad portuaria que se adentra en el mar y un nuevo ascensor en el Barrio Puerto.

Junto con confirmar su recepción, la EPV manifestó a través de una declaración que "el proyecto se enmarca en los compromisos adquiridos en el Acuerdo por Valparaíso, de manera que la ampliación portuaria contribuya a impulsar el crecimiento económico de la ciudad y la Región, reforzando, al mismo tiempo, la vinculación del puerto con la ciudad desde una perspectiva urbana y de largo plazo".

Asimismo, agrega que "la empresa reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental y su enfoque en el diálogo permanente con la comunidad para que el proyecto avance".

Observaciones

Entre las variadas observaciones y aclaraciones agrupadas en el Icsara se solicita al titular actualizar las líneas de base de calidad del aire, ruido y vibraciones, así como de todas aquellas componentes que eventualmente lo requieran o no, lo que debe ser justificado por el titular.

También se le pide responder una serie de consultas relacionadas con los sindicatos que operaban en la ex Caleta Sudamericana, los que también fueron parte del proceso de participación ciudadana.

Otro estamento que hizo presente sus observaciones fue el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) entidad que, entre otros puntos, solicitó desestimar la propuesta de un nuevo ascensor realizada por la estatal como parte de las mitigaciones y compensaciones de la iniciativa.

Para dar respuesta a la totalidad de las observaciones, la EPV tiene plazo hasta el 3 de diciembre con la posibilidad de pedir dos extensiones, si así lo determina.