Mayores atribuciones y recursos es la exigencia transversal que han hecho los candidatos a gobernador de la región de Valparaíso en el camino a las elecciones del 26 y 27 de octubre. Sin embargo, a menos de un mes, el balance sobre la nueva autoridad regional no parece ser optimistaa.

Así lo afirma Andrés Rojas Böttner, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, quien advierte que en estos casi cuatro años, los gobernadores no han tenido el rol vistoso que se anticipaba cuando nacieron como institución.

"Para ser justos, esto era previsible, considerando el diseño ambiguo y transaccional con el cual se terminó aprobando la ley (de gobiernos regionales)", explica el docente, quien plantea que a este débil escenario institucional se deben sumar las irregulares ocurridas en algunos gobiernos regionales.

- ¿Cuáles son las deficiencias en el ámbito de atribuciones y competencias que presentan actualmente los gobiernos regionales y, particularmente, la figura del gobernador regional?

- Yo veo dos aspectos importantes. Primero, que debido a la negociación política que fue necesaria para la resistida aprobación de la ley, el rol del gobernador regional es más bien limitado e incluso ambiguo, debido a la coexistencia con la figura del delegado presidencial, en la misma unidad territorial. Este último mantuvo muchas de las atribuciones de los anteriores intendentes y en la práctica hay dos cabezas en una región. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el cargo de gobernador es relativamente reciente y que con su elección se produjo un cambio importante en la lógica de funcionamiento de los gobiernos regionales, que todavía requiere tiempo para afianzarse.

-¿Cree que se requieren más controles financieros, administrativos o legales sobre los gobernadores regionales a la luz de lo que pasó con los casos en investigación?

- Sí, me parece necesario. Las irregularidades que están siendo investigadas dan cuenta de que son necesarios ajustes en materias donde todavía hay zonas grises. Esos ajustes deben ser normativos, en la disponibilidad de personal especializado y también por un rol fiscalizador mucho más activo de los miembros del Consejo Regional. Por ejemplo, se deben hacer ajustes en la relación con los recursos asignados a las organizaciones de la sociedad civil. Esto último es muy sensible, porque a raíz de esas irregularidades se han desprestigiado las organizaciones en general, siendo que en su mayoría cumplen un rol fundamental complementando al Estado con respuestas más rápidas y mejor focalizadas a las problemáticas sociales.

-¿Cómo se puede compatibilizar mayores controles de gasto y uso de recursos con la ejecución presupuestaria pertinente, a propósito del atraso en la ejecución presupuestaria que existe en casi todos los Gores?

- El insuficiente nivel de avance en la ejecución presupuestaria es un buen indicador de que todavía se está en proceso incipiente en la consolidación institucional, aunque, dicho sea de paso, se debe poner atención en las diferencias existentes en las capacidades administrativas entre unas y otras regiones. El mayor control de gastos debe considerarse como parte de ese fortalecimiento institucional y no como un escollo.

- ¿Usted cree que los gobernadores están preparados o deberían contar con mayores atribuciones en ámbitos como la seguridad y la administración de salud o vivienda, como han pedido los actuales autoridades?

- Me parece muy necesario que en el mediano plazo se fortalezcan las atribuciones de los gobernadores y sus equipos directivos. Para que ello tenga buenos resultados, es necesario continuar con el fortalecimiento de los equipos, que todavía son pequeños, y hacer ajustes para mejorar los procesos administrativos en el Gobierno Regional. Dentro de lo solicitado por los propios gobernadores, el paso más natural y próximo, en mi opinión, debiera ser en materia de seguridad y orden público. En cuanto a administración de salud y vivienda, en algunas regiones se podría justificar ese traspaso (o descentralización asimétrica), aunque en muchos otros sería más complejo, por lo que se requeriría un acompañamiento inicial, lineamientos claros y una voluntad política de mediano plazo. Más allá de las atribuciones que se evalúen, es fundamental que cada traspaso se realice con un incremento de recursos suficiente, de manera de evitar caer en el común error de nuevas funciones, pero sin recursos asociados.

- ¿Cree que se justifica el rol de los delegados presidenciales? ¿Cómo debería modificarse esa figura?

- Desde mi punto de vista, debiéramos transitar hacia la eliminación de los delegados presidenciales en el nivel regional, aunque no sería algo sencillo, no tanto desde el punto de vista administrativo, sino porque representan un activo valioso desde el punto de vista de la coordinación política territorial de la coalición que gobierne, además de ser cargos atractivos de los cuales disponer. Debido a esto, es posible que se opte por un paulatino vaciamiento de su función.

- ¿Por qué el Estado chileno ha sido tan reticente a aplicar medidas de descentralización?

- Descentralizar significa distribuir poder. En condiciones normales no hay incentivos para hacerlo, por eso muchos de los procesos de descentralización profundos se dan en contextos de crisis. La temprana consolidación del centralismo en Chile (mediados del siglo XIX) hace que la institucionalidad en general piense en términos centralistas. Tampoco ayuda que en Chile no existan élites regionales fuertes, que tengan la capacidad de cambiar las reglas del juego. Finalmente, ha calado profundo el argumento de que no se descentraliza por causa de las bajas capacidades regionales, aunque al mismo tiempo no se hace nada por generarlas.

- ¿Cree que son medidas efectivas aquellas que descentralizan la provisión de impuestos, por ejemplo como ocurre con el royalty minero? ¿Qué opina de que un proceso similar se aplique a nivel de terminales portuarios, como se ha discutido en Valparaíso?

- Medidas como esas tienen sentido en varios casos particulares, no solo por la cuantía de lo que aportan esas actividades económicas, sino también por el impacto socioambiental para esas comunidades. Si los criterios para su creación están claros, podría ser una buena alternativa. Más relevante es a mi juicio la necesidad de incrementar la autonomía y las fuentes de recaudación subnacional, sobre lo cual Chile se encuentra rezagado, posicionándose bajo el promedio de la OCDE. Eso permitiría a su vez aumentar el gasto público subnacional (regional y municipal). Hoy, de cada 100 pesos de gasto público, aproximadamente 15 lo realizan los gobiernos regionales y las municipalidades. Allí hay un margen de mejora importante.

"Descentralizar significa distribuir poder. En condiciones normales no hay incentivos para hacerlo, por eso muchos de los procesos de descentralización profundos se dan en contextos de crisis".

" Más allá de las atribuciones que se evalúen, es fundamental que cada traspaso se realice con un incremento de recursos suficiente, de manera de evitar caer en el común error de nuevas funciones, pero sin recursos asociados.