Claudio Ramírez

Tras los comentarios vertidos por parlamentarios de la región que manifestaron que no están dispuestos a inhabilitarse en el caso de la acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el abogado que encabeza su defensa, Juan Carlos Manríquez, reiteró las razones por las que pedirá la inhabilidad de más de 60 legisladores.

"Es algo que corresponde porque el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Artículo 8 de la Constitución establecen que en todo minuto los diputados y diputadas deben actuar con absoluta imparcialidad y en este caso, independientemente que se trate una cuestión de procedimiento, al adelantar opinión sin conocer los antecedentes se afecta ese deber de parcialidad", comentó el profesional.

Respecto a los argumentos vertidos por los legisladores para rechazar una eventual inhabilidad, y el hecho que más de alguno ya haya manifestado su intención de voto es algo que para el abogado suma razones para presentar esta solicitud.

"Entiendo que los diputados deban sostener su acusación y entiendo también que se vieran sorprendidos con los errores formales y de fondo que tiene la presentación, que en otros juicios son insalvables. Creo que al seguir reiterando el hecho que ya tienen una decisión tomada, incluso pudiendo dudar que han leído el texto, ahonda la causal de parcialidad que estamos levantando", subrayó.

Desviar la atención

Asimismo, descartó que con dicha acción esté tratando de desviar el foco de la acsusación. "En el fondo nos hicimos cargo de las cuestiones de fondo completamente y evidentemente no tenemos ningún interés en desviar ninguna atención. Por el contrario, nosotros queremos debatir el asunto en toda su extensión, pero no podemos renunciar a plantear estas causales formales de inhabilidad, es imposible", manifestó.

En esa línea, indicó que la función parlamentaria no permite aceptar que el ejercicio del cargo faculte al congresista para decidir, anticipar juicios o emitir opiniones, incluso fuera del resguardo constitucional de las salas o comisiones.

Y en este caso también respecto a la tarea de primera fase que es decidir la admisión a trámite de una acusación constitucional, pues, señala el profesional "ello es un procedimiento reglado en razón de la Constitución y que tiene consecuencias jurídicas".

Mantener equilibrio

Manifestó a la vez que de una lectura detallada, completa y comprensiva del texto constitucional "se colige que la decisión de admisión a trámite de una acusación constitucional no exime a los diputados de su deber de equidistancia".

Por lo mismo, remarcó que "violan la Constitución que juraron o prometieron observar cuando prejuician los llamados a pronunciarse sin siquiera leer los descargos, al haberse formado opinión con muy poco o nada", especificando que no se toman en cuenta los artículos 5.2 y 19.3 de la Carta, "cuando se dice que es deber de todos los órganos del Estado y de todo Poder Público reconocer que el límite a sus facultades es el respeto a los Derechos Humanos y garantías fundamentales de todo justiciable".

Manríquez subrayó que uno de los derechos fundamentales de toda persona no importando su condición es el racional, justo y debido proceso. "Entonces, en cualquier procedimiento que signifique decidir, por quien se deba pronunciar, así sea no más en una 'simple admisibilidad', el congresista tiene el deber de actuar de manera racional, justa, debida y ponderada, y con mesura", explicó.

En ese sentido y respecto a los comentarios de los parlamentarios al respecto, indicó que "en consecuencia, los adjetivos usados por los honorables diputados para emplazarme dan cuenta que quien no ha leído la Constitución, ni el Reglamento, ni el texto de descargos para actuar con mesura, no es este simple abogado que no cuenta con el fuero de un congresista".

"Creo que al seguir reiterando el hecho que ya tienen una decisión tomada, ahonda la causal de parcialidad que estamos levantando".

Juan Carlos Manríquez, Abogado

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Con 36 votos a favor y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender urgencias urbanas gatilladas por emergencias.

Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la comisión de Vivienda y Urbanismo para su estudio en particular, para lo cual se fijó el jueves 17 de octubre como plazo para presentar indicaciones.

Según explicó el integrante de esa instancia, senador Fidel Espinoza, la iniciativa busca destrabar la regularización de asentamientos de larga data que estén bajo tuición del Serviu y apunta a permitir la aplicación coordinada de distintas leyes de regularización sin que colisionen entre ellas, facilitando la ejecución de proyectos habitacionales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), particularmente, habilitando un procedimiento especial para regularizar los deslindes, e incorporando el uso de suelo para equipamiento.

Asimismo, busca habilitar temporalmente procedimientos simplificados de modificación de instrumentos de planificación territorial para permitir incorporar en ellos áreas de riesgo.

Con el objetivo de realizar una intervención a tiempo, ante la llegada de la temporada alta de incendios, el Municipio de Villa Alemana invirtió la suma histórica de $356 millones para un plan forestal preventivo, en zonas de interfaz, que permitirá pasar de 25 a 42 kilómetros de cortafuegos. El plan también incluye la eliminación de microbasurales y la intervención en sectores identificados, a través de un informe técnico elaborado por Conaf. La directora de la DGRD, Carolina Jiménez, sostuvo que los recursos municipales son usados para ejecutar tareas en las zonas límites entre lo rural y urbano, con la contratación de maquinaria especializada.