Aexactos veinte días de la elección de gobernadores regionales, resulta pertinente realizar una reflexión sobre las atribuciones y perspectivas de la máxima autoridad regional, quizás la figura más visible de una reforma descentralizadora que a todas luces se percibe deficiente e incompleta. Para el académico Andrés Rojas Böttner, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, los gobernadores no solamente han carecido del rol vistoso que se anticipaba cuando nacieron como cargo inédito en las elecciones de 2021, sino que además parecen estar condenados a mantener un perfil secundario, incapaz de contrapesar la capacidad ejecutiva del Gobierno central en muchos de los temas relevantes para la población, como la seguridad. Por cierto, las irregularidades detectadas en algunos gobiernos regionales, varias con investigaciones aún en curso, no ayudan al argumento de que se deben entregar mayores cmpetencias a dichas autoridades, pero es importante decir que también son un signo de la debilidad institucional que aqueja a las regiones, cuya solución debe ser abordada con seriedad y recursos. La principal dificultad es que todo proceso de descentralización es, en el fondo, una forma de redistribución del poder y nadie quiere resignar el propio. "En condiciones normales no hay incentivos para hacerlo, por eso muchos de los procesos de descentralización profundos se dan en contextos de crisis", recuerda el profesor Rojas Böttner.

Será con esa institucionalidad imperfecta que tendrá que trabajar el gobernador o gobernadora que salga electo el próximo domingo 27. Por tanto, el trabajo que se espera de la máxima autoridad regional no termina en su programa de gobierno, sino que se extiende a la capacidad de impulsar estos cambios necesarios y conseguir nuevas atribuciones y capacidades, incluidas las de contar con tributos propios para ganar autonomía frente al mismo poder central que debe equilibrar.

Se está cumpliendo un año desde que el 7 de octubre de 2023, el grupo Hamás efectuó su acción terrorista contra Israel, que trajo consigo la muerte de más de 2.200 personas y la captura de sobre 200 rehenes, muchos de los cuales no se conoce aún su destino. Entre las víctimas hay mujeres y niños.

La misma fecha marca el inicio de la represalia determinada por el gobierno israelí, conducido por Benjamín Netanyahu, que ha traído muertes, heridos, desplazamiento obligado de personas y destrucción de infraestructura esencial en la Franja de Gaza. Un accionar cruel y desproporcionado que ha afectado a personas inocentes, también a un número considerable de mujeres y niños. Se calcula que los muertos llegan a un promedio de 130 diarios.

No se ve a esta altura una salida para el conflicto bélico, por el contrario, se extiende a otros territorios de la región, como es el caso del Líbano. La situación en el sur de este país, colindante con el norte de Israel, es foco de tensión y acción bélica, lo que ha producido efectos directos sobre la vida y la integridad física de las personas y los consiguientes desplazamientos obligados, con consecuencias humanitarias particularmente dañinas. La participación de Irán en el conflicto agrava de manera ostensible la situación, como así también el involucramiento de Hezbolá, ambos con conducciones radicalizadas.

El llamado al alto el fuego no ha sido escuchado, aun cuando ha surgido -incluso- de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta actitud de las partes en el conflicto se encuentra uno de los principales problemas para buscar una salida negociada, esto es, que tanto Israel como Hamás están liderados por personas con posiciones extremas que se retroalimentan y que encuentran en el conflicto un ingrediente para mantenerse en el poder.

En este contexto ha sido oportuno que la Corte Penal Internacional, por determinación de su fiscal, haya accionado y ordenado la captura del primer ministro de Israel Netanyahu y su ministro de defensa, como también de los líderes de Hamás.

Lo señalado debiera ser un llamado de atención acerca del riesgo que se corre cuando arriban a posiciones de poder liderazgos radicalizados, independiente de las ideologías que representen. Los extremismos, de cualquier signo, son un riesgo para la convivencia en sociedad y para la paz tanto interna de los países como la internacional.