Cristián Rojas M.

Según datos entregados por el Ministerio de Salud al periódico The Clinic, en lo que va del año 2024 más de 7 mil denuncias por agresiones han hecho funcionarios de los Centros de Salud Familiar (Cesfam). En la Región de Valparaíso, y sólo considerando comunas donde hay más de 20 denuncias, figuran seis ciudades: Valparaíso, que con 166 denuncias es la quinta a nivel nacional; Quilpué, con 88; San Felipe (54); San Antonio (43); Viña del Mar (35); y Los Andes (24).

Al respecto, el presidente regional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Fabricio González, planteó que "a propósito de lo mismo estuvimos exponiendo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas la semana pasada. Los más expuestos son los que están en los servicios de urgencia, tenemos casos icónicos como los Cesfam Puertas Negras, Quebrada Verde, Padre Damián, en Valparaíso; Reñaca Alto en Viña del Mar; Pompeya en Quilpué, que son las comunas que aparecen con mayor número de agresiones".

En cuanto al detalle, precisó que "el 20% de todas las agresiones son físicas, el 70% son agresiones verbales de fuerte calibre, y el 10% restante tiene que ver con daño en infraestructura o al mobiliario público de salud. Esa estadística alarma, y si bien no hemos pasado al extremo como lo que ha ocurrido en Santiago con el tema de los narcotraficantes y el Cesfam Bajos de Mena, los casos que hemos tenido en las comunas de la región no dejan de ser graves".

Frente a ello, añadió González, "creemos súper necesario que los centros de salud que estuvieran anclados en zonas altamente pobladas, con mayor índice de vulnerabilidad y también con alto índice de delincuencia, estuvieran incluidos dentro de las infraestructura crítica, para que tengan el resguardo de las Fuerzas Armadas".

En caso de no aprobarse la idea de que los Cesfam sean considerados como infraestructura crítica, "si se deciden por guardias tácticos, tendría que ser bajo otro presupuesto, que es seguridad pública u otro tipo de presupuesto, pero no el de salud. Por eso es que nosotros nos inclinamos más por la opción de que si se apura en el Congreso la ley de infraestructura crítica en la cual se puedan ocupar recursos del aparato militar del país para resguardar centros de salud, a nosotros nos parece lo más óptimo", remarcó el dirigente.

Experiencia en pandemia

En esa línea, recordó que "durante el estallido social y durante la pandemia trabajamos con cuerpos militares en los centros de salud, que resguardaban también y hacían rondas y todo lo demás, así que por ese lado no sería nuevo que los militares resguardaran centros de salud, que tienen peligro de ser atacados o de enfrentamiento de bandas criminales ante resoluciones de urgencia".

Por su parte, la presidenta comunal Quilpué de la Confusam, Marianne Olivares, quien también es la encargada de la mesa de agresiones a funcionarios, hizo notar que "a diferencia de lo que se ha visto en Santiago o en el norte, que son hordas de delincuentes, en la comuna de nosotros, particularmente son los pacientes agresivos y los familiares".

Frente a ello, agregó, han pedido "el uso de cámaras, pero también que los guardias que están dentro de los centros de salud haya gente capacitada, porque los servicios que tenemos nosotros no son externos, pertenecen a la corporación y tienen edades que a veces no solventan lo que es seguridad, hay gente jubilada que, en realidad, más que un guardia, es un orientador, y que no tiene tampoco las capacidades para imponerse frente a un usuario agresivo".

En ese sentido, Olivares destacó que "en Santiago se contrató a guardias tácticos en un Cesfam y un funcionario nos comentó que fue súper efectivo y que el nivel de agresiones había bajado". También recordó que el haber tenido a militares durante la pandemia "fue muy efectivo".

Muchos no denuncian

En tanto, la presidenta comunal Viña del Mar de la Confusam, Marcela Martel, aseguró que las agresiones "son muchas más, pero los funcionarios ya están cansados de las agresiones y de hacer las denuncias porque quedan en nada, porque los mismos carabineros no tienen claro lo que es la Ley de Consultorio Seguro, incluso podemos ir a juicio y no pasa nada, porque tampoco los jueces la conocen".

Martel coincide en que requieren "guardias como corresponde, a la altura de lo que se está viviendo con la agresiones actualmente en nuestro país, porque en muchas ocasiones nosotros terminamos protegiendo a los guardias. Y que los guardias tácticos sean pagados con recursos del Ministerio del Interior y no sean recursos sacados desde las mismas corporaciones".

Asimismo, concuerda en que declarar a los Cesfam como infraestructura crítica y resguardarlos con Fuerzas Armadas "sería una excelente idea, yo creo que habría más respeto".

"Durante el estallido social y la pandemia trabajamos con cuerpos militares en los centros de salud, que resguardaban".

Fabricio González, Presidente regional Confusam

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En prisión preventiva quedó un funcionario de Carabineros de la Prefectura de Valparaíso, tras ser formalizado por el delito de violación en contra de una funcionaria de la misma institución y compañeros de labores.

El implicado en el caso era integrante de la Séptima Comisaría COP (Ex Fuerzas Especiales) de la ciudad puerto, el cual fue dado de baja por parte de la institución "ante la gravedad de los hechos expuestos", se informó en un comunicado de prensa por parte de Carabineros.

Junto con el inicio de un sumario administrativo producto de los "hechos acontecidos", desde la policía uniformada enfatizaron que "Carabineros no acepta ni permitirá el actuar de ningún funcionario que no se adhiera a la doctrina institucional, que guía nuestro estricto deber ajustado a derecho y ética".

El caso involucra a un cabo segundo y, según trascendió, el hecho ocurrió cuando un grupo de uniformados, hombres y mujeres, se desplazaron hasta el sector de La Pólvora, en un bus institucional en el que bebían alcohol, donde se produjo la agresión sexual en contra de una cabo primero, quien posteriormente dio cuenta del hecho a su pareja.

El fiscal de Valparaíso, Pablo Jaque, precisó que "tanto víctima como imputado son funcionarios activos de Carabineros de Chile, de la dotación Valparaíso".

En la audiencia de formalización de cargos, realizada en el Juzgado de Garantía, se acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el de la víctima. Además se dio un plazo de investigación de 90 días a objeto de realizar distintas diligencias en el caso.