Gian Franco Giovines D.

Un importante paso en su tramitación ambiental logró dar esta semana el megaproyecto habitacional Maratué, propuesta impulsada por la familia Lería-Luksic a través de la inmobiliaria El Refugio, que tiene como fin construir 14 mil viviendas en la comuna de Puchuncaví.

A casi siete años de que la desarrolladora presentara su primera solicitud de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2017, retrotraída en 2021 por el Comité de Ministros, en su segundo intento la firma buscará la aprobación del proyecto este martes, ante la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso.

En ese marco, la obra recibió la venia por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, órgano técnico que el pasado lunes publicó su Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en el que recomienda la aprobación del proyecto, por cumplir las exigencias ambientales.

En su consolidado de 271 páginas, el SEA informó las medidas de mitigación ambiental propuestas por la desarrolladora en materias como la flora y la fauna; medidas de protección ante incendios; conservación de patrimonios arqueológicos; manejo de residuos y mitigación sobre los efectos en la calidad del aire, entre otras.

área de conservación

El megaproyecto se erige como la iniciativa habitacional más grande en el país, con una inversión de US $2 mil millones que permitiría la construcción gradual de 14.180 viviendas en un plazo de 45 años, de las cuales 2 mil serán subsidiables, según sostiene la desarrolladora.

En cuanto a su extensión, se espera que la obra se desarrolle en un amplio terreno de 1.045 hectáreas -una superficie mayor a la isla de Juan Fernández-, destinando cerca del 50% del terreno a áreas verdes y 125 hectáreas a un área de conservación, que comprende la creación del Parque Quirilluca.

Un aspecto relevante es que, según consigna el informe del SEA, la inmobiliaria El Refugio se comprometió a apoyar la declaratoria de Quirilluca como Santuario de la Naturaleza.

De esta manera, la directora del SEA, Paola La Rocca Mattar, determinó que "el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable".

Lería valoró informe

Consultada por El Mercurio de Valparaíso, la directora del proyecto Maratué, Claudia Lería, remarcó que este es un trabajo que se ha desarrollado por varios años con "especialistas en distintos ámbitos, alineado con las autoridades regionales y respondiendo también a los requerimientos de la comunidad". En esa línea, valoró que el informe "es una muy buena noticia, que esperamos que nos permita seguir avanzando con este proyecto de diseño urbano y conservación, pionero en Chile, que busca contribuir con el profundo y urgente déficit habitacional que tiene la comuna y la Región".

Reparos al proyecto

Distinta es, sin embargo, la postura de las organizaciones ambientalistas, quienes aseguran que Puchuncaví perderá el que, consideran, es "su último pulmón verde".

Katta Alonso, líder de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, lamentó el informe del SEA.

"Es el único pulmón verde que nos queda, el único pulmón que no han depredado en la zona. Me parece pésimo, porque si vemos lo que ha dicho la Conaf y científicos, va a haber un daño muy grande al ecosistema", aseveró.

Además, subraya, "están los bosques, que son áreas protegidas. Van a partir el humedal por dos, según ellos van a trasladar los animales, pero con esa cantidad de casas es imposible proteger algo. Es otro golpe para seguir profundizando la zona de sacrificio".

Cabe destacar que otra de las voces críticas ha sido el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien señaló previamente que "no se me ocurriría levantar un complejo habitacional de 14 mil nuevas viviendas en un terreno donde hoy se compromete la vida de las personas todos los días".

Ante las críticas, Lería responde que "quienes se oponen al proyecto y tienen preocupaciones sobre los impactos del proyecto, pueden estar tranquilos. Hemos realizado todos los estudios y propuesto todas las acciones que nos han solicitado, en acuerdo con las autoridades sectoriales". A ello, agregó que "los atributos ambientales del territorio ya están protegidos, el acceso público a la costa está garantizado, y la construcción efectiva de viviendas ocupará menos de la mitad del terreno (...) priorizando la existencia de áreas verdes y la conservación".

Tras el pronunciamiento del SEA, el EIA del proyecto Maratué será sometido a votación de la Coeva este martes, a contar de las 9.00 horas.

"Esperamos que nos permita seguir avanzando con este proyecto de diseño urbano y conservación, pionero en Chile".

Claudia Lería, Directora de proyecto Maratué

"Con esa cantidad de viviendas es imposible proteger algo. Es otro golpe para seguir profundizando la zonas de sacrificio".

Katta Alonso, Activista medioambiental

Luego de que la Seremi de Vivienda notificara en el Diario Oficial la orden de demolición contra 43 edificaciones ilegales instaladas en la toma en los terrenos de la familia Correa Uribe, pronunciamiento que fue valorado por parte de los representantes legales de los propietarios, el abogado representante de los ocupantes, Rodrigo Valdés Alé, anunció que evalúa medidas para solicitar la invalidación del decreto ministerial.

En conversación con este Diario, Valdés Alé se mostró "tranquilo" tras el anuncio de la Seremi Minvu y argumenta que, según ha reconocido el propio Serviu en instancias judiciales, las viviendas "no se pueden demoler, mientras no exista una orden de desalojo decretada por un tribunal".

Esta misma información, asegura, es la que les entregó el Minvu en la reunión que sostuvo el servicio con los ocupantes y su representante legal.

No habría recursos

Y pese a que la Seremi de Vivienda anunció el miércoles la inminente demolición de las 43 casas en la toma de terreno, Valdés desclasifica que, puertas adentro, la repartición manifestó a los ocupantes que la demolición es inviable.

"Existe un compromiso de parte de la seremía; por un lado, porque señalan que no tienen los medios para proceder a la demolición; y segundo, porque claramente se ha señalado que, una vez que la familia (Correa) solicite el desalojo por la vía judicial, ellos tendrán que informar y nosotros tendremos la oportunidad de defendernos", aseveró Valdés.

"El director de Serviu, Rodrigo Uribe, dijo que no hay financiamiento para llevar a cabo la demolición", acotó.

Respecto a la orden de desalojo, declaró Valdés que esta no es factible, puesto que no existe un proceso judicial en curso, ya que de parte de la familia Correa "nunca ha existido una demanda civil, ni una demanda por usurpación" contra los ocupantes.

De esta forma, la demolición anunciada el miércoles por la Seremi de Vivienda se vería truncada por la inexistencia de una orden de desalojo.

"Todos están conscientes de que no puede haber una orden de demolición sin desalojo. Se sentaría un precedente terrible, no solamente para las personas que están en esta situación, sino que para todas las personas que están en calidad de arrendatarios", insiste.

"Se requiere un juicio en el que se determine, primero, quién es el dueño (del terreno)", agregó el jurista.

Finalmente, anunció Valdés que, de parte de los ocupantes de la toma, se están evaluando acciones para invalidar el decreto del Minvu.

"El director de Serviu, Rodrigo Uribe, dijo que no hay financiamiento para llevar a cabo la demolición".

Rodrigo Valdés Alé, Abogado de ocupantes de terreno