Sebastián Mejías O.

A cinco años del estallido social de octubre de 2019, ya se hicieron balances en términos políticos y sociales de lo que se ganó o perdió tras ese periodo álgido de la historia de Chile, la violencia generada, los fracasos constitucionales y las demandas insatisfechas que, para algunos, se siguen acumulando en forma de indignación. Falta ahora un recuento desde la perspectiva de derechos humanos, con los números que dejó el estallido y la prescripción de causas que, a cinco años, ya es una posibilidad tangible.

Los datos sobre la mesa los pone el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, quien, para este análisis, limita el periodo del estallido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. Cuenta que en pleno auge de la crisis social en Chile, la sede regional del INDH recibió un aluvión de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

En total, fueron 2.100 las que llegaron a la oficina durante ese período, las cuales, y tras un proceso de depuración, terminaron siendo 1.157 casos validados. De esa cifra se presentaron 339 querellas, que se reagruparon en 308 procesos judiciales, que involucran a 422 víctimas.

Hoy, a cinco años de la crisis, aún hay 187 procesos vigentes, que afectan a 293 víctimas. Sin embargo, el avance en los tribunales ha sido lento y limitado, según Martínez, ya que de los 308 procesos iniciados, sólo en 35 causas se consiguió avanzar a una etapa de formalización, implicando a 51 miembros de Carabineros, de los cuales 45 son hombres y seis mujeres.

Sólo ocho condenas

Sin embargo, el saldo final es desalentador para las víctimas. Hasta la fecha, sólo en ocho casos hubo condenas contra nueve carabineros. Las acusaciones que prosperaron incluyeron tres por apremios ilegítimos, tres por vejación injusta y dos por violencia innecesaria con lesiones graves.

Pese a ello, los datos muestran que ninguna de esas condenas derivó en prisión efectiva, ya que seis terminaron con remisión condicional de la pena, mientras que en dos casos se dictó libertad vigilada intensiva. En otras palabras, sólo un 2,6% de los procesos ha llegado a una condena, reflejando la dificultad de obtener justicia en estos casos.

En cuanto a las víctimas, de las 422 personas afectadas, 32 sufrieron traumas oculares, lo que representa un 7,5% del total, con una mayoría de ellas que perdió la visión, incluyendo varios casos de pérdida de globo ocular. Asimismo, poco más del 10% de las víctimas sufrió algún tipo de agresión sexual, aunque no se registraron denuncias de violación.

"debilita la democracia"

A partir de los números anteriores, Martínez obtiene como conclusión que, a cinco años de la crisis social, "existe un escaso avance de las causas judiciales". Para que eso pasara, cree que "influyó la pandemia, pero sin duda que la lentitud de los procesos tampoco ha permitido que se cumpla con el estándar internacional de derechos humanos, del derecho a un recurso rápido y eficiente".

Lo dice porque "no sólo en Valparaíso hay un bajo número de condenas firmes y ejecutoriadas, sino que es un problema nacional". A partir de ahí, y a su juicio, "se puede señalar que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de estos procesos".

"Hay un derecho al acceso a la justicia, que es una obligación del Estado chileno con las víctimas, que no se ha cumplido", criticó, dejando en claro que "es una mala señal para el país". "Quiere decir que quienes cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos no han sido responsabilizados por sus acciones, por lo que, sin duda, esta situación de impunidad debilita la democracia", agregó.

Prescripción de causas

Ahora, transcurridos cinco años del estallido, Martínez advierte que "existe una posibilidad legal de que las defensas en los distintos procesos aleguen la prescripción de los casos".

"Es una cuestión que deberá resolver la justicia, ya que se trata de un derecho que es parte de la defensa que, en cada proceso, tendrá que evaluar cuándo, cómo y si es que realizan alegación o no", explicó el abogado y director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

"Se puede señalar que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de estos procesos".

Fernando Martínez, Director regional del INDH

El presidente del Comité Los Quillayes y director de la Fundación Rural de la Provincia de Marga Marga, Rodrigo Bustos, entidad que trabaja con 17 agrupaciones de la zona, dio cuenta de una seguidilla de robos que han sufrido en distintas parcelas del sector durante las últimas semanas.

Debido a la inseguridad, el dirigente expuso que desde hace años gestionan la instalación de un Retén de Carabineros en la Ruta Marga Marga, conocida como camino Lo Orozco. La construcción de un cuartel se torna cada vez más urgente, debido a la seguidilla de violentos robos que se han incrementado en parcelas habitadas como también a segundas viviendas.

Bustos asegura que "hemos presentado documentos a todo nivel. Siempre habíamos tenido una delincuencia que era muy puntual, por aquí, por allá, pasaba un buen tiempo y no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, hace 15 o 20 días hemos tenido una ola de asaltos y atracos a más de 30 parcelas en el Valle, muchos de los cuales ha sido con violencia desmedida. Es un grupo de entre cinco y siete personas que entran encapuchados, todos armados, toman rehenes, amarran a las personas, las golpean, buscan y roban las cosas de mayor valor y se las llevan".

Detalla que para movilizarse, delincuentes usan "caminos alternativos que son los caminos rurales que tenemos, usando también el Estero de Marga Marga, lo que nos da pie para pensar que se trata de gente del sector, gente de la zona, no de personas que vengan de afuera o que pasan por el sector y entran a robar".

El presidente del Comité Los Quillayes hizo un llamado a las autoridades de la zona para adoptar medidas urgentes. "Me he reunido con Cristián Cárdenas (candidato a alcalde y exgobernador), quien está preocupado del tema y es testigo de todo nuestro accionar como dirigentes y de las solicitudes que hemos hecho".

Sobre el rol del delegado presidencial provincial de Marga Marga -Fidel Cueto-, Bustos afirma que "cuando asumió su cargo sostuvo dos reuniones conmigo, pero después, en la práctica, no supe nunca más nada de él".

Desde la delegación

Sobre esta denuncia, el delegado Fidel Cueto expuso que "entendemos profundamente la preocupación de los vecinos del sector Los Quillayes de Quilpué frente a la temática de asaltos que se ha presentado. La seguridad de las familias de nuestra provincia es una prioridad para nuestro gobierno. Estamos trabajando sin descanso, día a día, para abordar las necesidades y urgencias que nos demandan. Los vecinos no están solos".

"Es un grupo de entre cinco y siete personas que entran encapuchados, todos armados".

Rodrigo Bustos, Director Fundación Rural

Provincia de Marga Marga