Aunque presenta un panorama algo desalentador de la actividad, el documento "Cultura Democrática: propuestas culturales para el Chile de hoy", elaborado por el centro de estudios Horizontal y recientemente presentado en Valparaíso, representa una profunda disección de los problemas y oportunidades que enfrenta la escena artístico-cultural en Chile, con especial aterrizaje en la realidad de los artistas y las empresas productoras. Entre otros puntos, el documento advierte que en nuestro país hay pocos incentivos para la colaboración público-privada y apunta que las políticas culturales no han tenido como objetivo fortalecer la autonomía financiera y la sustentabilidad de las organizaciones culturales y sus participantes. El resultado es un conjunto muy grande de artistas de los más variados ámbitos, que sobrevive gracias al aporte permanente del Estado mediante concursos o asignaciones, sin encontrar herramientas alternativas de desarrollo.

Para los autores del informe, entre ellos la encargada de Cultura de Horizontal, Javiera Parada, el país debe avanzar a una nueva etapa que permita generar un ecosistema cultural donde la colaboración entre sociedad civil, Estado y sector privado sea una norma y no una excepción. En pocas palabras, piden una nueva fase en la instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo actual funcionamiento debería sufrir importantes cambios para dar cabida a la promoción de organizaciones culturales que, sin ser estatales, cumplen un rol fundamental en la entrega de bienes públicos y cuentan con una larga experiencia en programación y producción cultural. El incremento histórico de fondos para el Ministerio de las Culturas previsto en la Ley de Presupuestos 2025 no tendrá efecto de largo plazo mientras no se actualicen estos mecanismos de gestión y sus sistemas de financiamiento, gasto y fomento de las actividades artísticas. Tampoco tiene mucho sentido mantener una sede simbólica en Valparaíso si no es allí, frente a la Plaza Sotomayor, que se toman las resoluciones importantes, se discuten los grandes temas y se ejecutan las actividades más trascendentes en este ámbito a nivel país. La ciudad, igual que el sector cultural, está cansada de gestos y símbolos; requiere acciones concretas, enérgicas y duraderas.

A propósito de la discusión que se ha suscitado en torno al proyecto de ley para un nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), ¡qué útil sería contar con una Oficina de Presupuesto para el Congreso Nacional al estilo de la existente en los Estados Unidos, la Congressional Budget Office (CBO)! La CBO proporciona información presupuestaria y económica de diversas maneras y en diferentes etapas del proceso legislativo. En consecuencia, entrega a los congresistas información relevante y objetiva para apoyar su toma de decisiones.

La CBO es imparcial y lleva a cabo un análisis objetivo y neutro; más aún, contrata a sus colaboradores únicamente sobre la base de sus competencias profesionales y sin tener en cuenta su afiliación política. Finalmente, la CBO no hace recomendaciones de políticas, es decir, se plantea desde lo objetivo, y cada informe que elabora y estimación de costos que realiza contiene la metodología empleada.

En la discusión que se ha generado en torno a la creación del FES, iniciativa que reemplaza el mecanismo de Crédito con Aval del Estado (CAE), muchos números y ejemplos han salido a la palestra. Más aún, en el contexto de esta iniciativa se han enarbolado objetivos tales como sacar a la banca del negocio y aumentar el acceso a la educación superior. Más allá de si se quiere o no tener a la banca en el modelo de financiamiento de la educación superior, lo relevante -a mi juicio- sería centrar la discusión en torno a los objetivos que queremos alcanzar y a los efectos que se producirán.

Así, surgen preguntas como ¿qué se quiere lograr con este proyecto de ley? ¿Qué deficiencias del actual modelo se corregirían eventualmente con la nueva iniciativa? ¿Cuál será el impacto en términos de los recursos financieros que existirán en el sistema y que, de una u otra manera, terminarán afectando la calidad de la educación? Relacionado con lo anterior, ¿cómo impactaría esta política a la investigación que hacen hoy las Instituciones de Educación Superior (IES)? ¿Promoverá una mayor complejización de las universidades? Por otro lado, ¿cuántas personas más podrán acceder al sistema de educación superior como consecuencia de esta política? Y dado lo anterior, ¿cuáles serían los efectos en el mercado laboral en los siguientes años como consecuencia de este proyecto?

Todos estos elementos requieren de estimaciones objetivas -las que se sustentan en modelos, los cuales se apoyan a su vez en supuestos- tendientes a objetivar la discusión, dejando de lado las trincheras ideológicas, para avanzar así hacia un modelo que permita un mejor y mayor acceso a la educación superior, salvaguardando la sostenibilidad financiera de las IES y, sobre todo, que tribute al crecimiento y desarrollo económico del país.