Con 30 recaladas programadas y la visita prevista de 50 mil turistas, la temporada de cruceros 2024-2025 se anticipa tan intensa como la anterior, marcada por una reactivación de la industria marítima de pasajeros luego de la baja sufrida durante los años de pandemia. Las buenas cifras hablan del trabajo realizado por las distintas empresas involucradas en el rubro, desde los terminales que reciben las naves hasta los operadores turísticos especializados en los visitantes extranjeros que arriban por mar. Sin embargo, el buen tranco y sus positivos impactos económicos comienzan a sufrir por la falta de una infraestructura exclusiva o preferente que pueda aprovechar de mejor forma el interés de cada vez más naves y líneas de cruceros por incorporar a Valparaíso en sus paquetes de viajes. La construcción de un terminal de pasajeros que pudiera servir de puerta de entrada para los turistas de cruceros que necesitan realizar trámites aduaneros y administrativos fue un paso adelante en la construcción del "destino Valparaíso", pero dicho impulso debe ahora aterrizar en una obra concreta que dé cuenta de la visión más ambiciosa que comparten los distintos actores de la industria.

El gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso, Franco Gandolfo, reconoce que un muelle para cruceros es un elemento clave para atraer más naves a la ciudad. La eventual construcción de un terminal preferente forma parte de los acuerdos suscritos para permitir la ampliación del Puerto de Valparaíso, proceso en el cual hay estudios pendientes de aprobación. La pregunta que sigue es si esa mera mención es suficiente o tal vez se requiera de algo más. Las conocidas dificultades para llevar adelante grandes proyectos de infraestructura en esta Región ameritan que la construcción de un terminal exclusivo para naves de pasajeros tenga vuelo propio, con voluntades técnicas y políticas alineadas en el esfuerzo por dar a Valparaíso una oportunidad de tener esperanzas.

Octubre de 2019 será recordado como un año marcado a fuego en la historia reciente de Chile. El estallido social o revuelta ciudadana no sólo sirvió para exteriorizar un profundo descontento acumulado con el paso de los años, a pesar del innegable y extraordinario progreso experimentado por el país desde el año 1990, sino que también dividió y sigue dividiendo a los chilenos. Este suceso trajo consigo un cuestionamiento generalizado hacia un sistema político que no fue capaz de responder a los anhelos de una sociedad que pedía una mayor participación en los beneficios y el desarrollo del país en los últimos 30 años y el fin de la corrupción política y empresarial, que nunca logró ser enfrentada con toda la fuerza del Estado de derecho.

Con el paso de los años surgió el término "octubrismo", una etiqueta usada peyorativamente para denostar aquellas manifestaciones. Esto me parece injusto. No es correcto encasillar a todo un movimiento social en una palabra cargada de negatividad. Octubristas son todos aquellos que frente a los saqueos y destrucción de pymes decían en esos días "son sólo cosas materiales" y quienes obligaron a las personas a "bailar" para seguir su camino.

Cinco años después del estallido social, la percepción de muchos compatriotas es que estamos peor que en 2019. En diciembre de dicho año, casi el 80% de los chilenos consideraba que después de los sucesos de octubre, Chile sería un mejor país. A octubre de 2024, sólo un 6% de la población cree que estamos mejor que el 2019, mientras que el 68% de chilenos considera que el estallido social tuvo consecuencias negativas y marcó el inicio de un profundo declive para su calidad de vida. Hoy la esperanza ha dado paso al miedo, informa el estudio titulado "No lo vimos, ¿lo vemos?", elaborado por Cadem.

Para algunos, el país ha retrocedido, al menos a mí ello me parece evidente, pero el verdadero retroceso no encuentra su causa en las manifestaciones mismas ocurridas a partir de octubre de 2019, sino en la inoperancia de una clase política banal, superficial y muchas veces corrupta. Una clase política que no ha sido capaz de tomar decisiones que realmente mejoren las condiciones de vida de las personas y fortalezcan nuestra democracia. Los dos procesos constituyentes fallidos son una prueba palpable de este fracaso.

Las demandas de aquellos días no han desaparecido; persisten e incluso se han agravado por la creciente inseguridad y el deterioro económico que enfrentamos hoy. Las deudas del estallido social siguen vigentes en salud, educación, vivienda, pensiones, empleo y con una delincuencia desatada cada vez más cruel y letal, una corrupción que sigue generando daños irreparables, tanto en el derroche de nuestros recursos como en la legitimidad de la democracia, y una migración irregular descontrolada que está provocando tensiones sociales adicionales, contribuyendo a exacerbar el malestar de miles de ciudadanos. A cinco años de aquellos eventos, el país sigue enfrentándose a desafíos profundos. La pregunta que muchas personas nos hacemos es: ¿será capaz la clase política de estar a la altura de las circunstancias y resolver las demandas de un pueblo que ya no tolera ni merece más promesas vacías ni tanta inoperancia e indolencia?