Agencias/Redacción

Tras la quinta conmemoración del 18 de octubre (18-O) Carabineros entregó ayer un balance de lo ocurrido a nivel nacional, informando sobre 89 "eventos" que dejaron a tres policías heridos y un total de 65 detenidos.

Junto a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y la Subsecretaría del Interior, el jefe de la Zona Metropolitana, general inspector Jean Camus Dávila, dijo que para la ocasión se desplegaron en todo el país 6.146 efectivos (2.036 en la RM) y 1.398 medios logísticos.

Además, 61 de las detenciones ocurrieron en la Región Metropolitana y sólo cuatro en otras regiones, de los cuales un 94% corresponde a hombres, 83% a personas adultas y un 92% a ciudadanos chilenos.

De los tres carabineros lesionados, dos tuvieron consecuencias de carácter leve y uno grave, mientras que también hubo tres civiles lesionados (todos leves) y dos vehículos institucionales dañados.

Camus advirtió que estos hechos se produjeron debido a "acciones ilícitas de vándalos que no guardan relación con las manifestaciones que se realizaron".

Baja respecto al 2023

"Estamos hablando de desórdenes, manifestaciones, barricadas, así como también de otros incidentes relativos a contingencias de esa naturaleza", complementó Camus, en lo que fue la primera actividad oficial a la que asistió el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero.

El personero de Gobierno destacó que gracias a las acciones preventivas y a un trabajo coordinado se logró una baja significativa de incidentes en relación a otros años.

"Esta es la manera en que el Estado debe cumplir con sus compromisos en el sentido de coordinar adecuadamente las instituciones vinculadas a la seguridad pública. Un ejemplo de esto podría ser que, pese a la disminución de eventos críticos, el número de detenidos aumentó, y una de las razones que explica esto es el trabajo preventivo de Carabineros", analizó la nueva autoridad.

Según la estadísticas entregadas, el balance resultó más que positivo, ya que en el 2023 se registraron 101 acciones violentas, 50 detenidos y 11 funcionarios policiales con lesiones.

De los 89 "eventos" registrados este 2024, 73 ocurrieron en la zona metropolitana, sobre todo en las comunas de Santiago, Recoleta y Providencia, por lo que se establecieron 14 puntos críticos.

Después de la capital, las regiones con mayor cantidad de incidencias fueron Valparaíso, Biobío y Antofagasta.

MIRADA comunitaria

Durante la jornada de ayer, en la sede de la Confusam, distintas organizaciones de sociales también entregaron su punto de vista respecto de esta quinta conmemoración del estallido.

"Hoy estamos reconstruyendo el sentido social porque miesntras la gente tenga las necesidades de mejorar su vida, siempre va a estar la necesidad de organizarse, no creemos en otra cosa. No creemos más que en la organización, en la autogestión, porque si esperamos las políticas públicas, que a veces llegan muy tarde, no habrá solución", dijo Verónica Molina, coordinadora de la Unidad de Movimientos y Organizaciones Sociales.

Tanto Molina como el resto de los dirigentes presentes no descartaron que lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 se pueda volver a repetir en Chile.

"Estas personas fueron maniatadas y después fueron robadas una serie de especies del domicilio. Se llevaron vehículos, diferentes joyas y otras especies", detalló el capitán Harold Furniel de la 18 Comisaría de Ñuñoa.

"Las víctimas no tienen lesiones", agregó Furniel, junto con indicar que hasta el momento no se han encontrado los vehículos y que en el lugar comenzó a trabajar de inmediato la Labocar junto a personal del OS9 para determinar los cursos de acción que podrían haber tomado los sujetos en su modo operativo.

"La noticia más lamentable de los familiares es que encontraron a una de sus mascotas sin vida, mientras que la otra pudo ser rescatada por vecinos, cuando se abrió la reja y pudo escapar al exterior", concluyó el reporte del jefe policial.

Una violencia inusual es la que mostró ayer un grupo de al menos cuatro individuos que ingresó a un domicilio en la comuna de Ñuñoa en donde maniataron a tres adultos mayores para robar especies avaluadas (según sus propios cálculos), en cerca de $40 millones de pesos. Además, una de las mascotas de la familia fue encontrada sin vida.

Cuando llegaba su fin el régimen parlamentario, en la década de 1920, había un clamor ciudadano que reclamaba ante la creciente corrupción del Poder Judicial. Ya a comienzos de siglo había escrito José A. Alfonso que "hay jueces letrados, y es necesario que el país entero lo sepa, que están en estrecha y utilitaria conexión con los bandidos, jueces que forman a veces una terrible mazorca con el gobernador y con el comandante de policía. En ciertas regiones es esa, y cómo no habría de serlo, una de las causas del desarrollo extraordinario de la criminalidad, y se comprende también el terror que inspiran semejantes perversos funcionarios". Por su parte en el diario La Unión de Valparaíso se recalcaba otro aspecto central del problema. La justicia "tiene un pecado original, haberse constituido generalmente por empeños políticos y ser fieles los jueces a sus padrinos y a los partidos que los elevaron y mantuvieron". Esta "politización" del poder judicial tenía sus raíces en el hecho de que tras la reforma constitucional de 1874 las fuerzas del Congreso y, por ende los partidos, habían quedado con la mayoría en el Consejo de Estado que era el órgano que presentaba al Presidente de la República las ternas para el nombramiento de ministros de corte y jueces. Pero a ello se agregaba también el hecho de que los jueces eran muy mal pagados. "Cuando un juez - se señalaba en La Unión - no tiene que comer, por razón de hambre prevarica".

Ese clamor popular es el que tuvo en cuenta Carlos Ibáñez cuando asumió como ministro del Interior del Presidente Emiliano Figueroa, a la cabeza del gabinete de "hombres nuevos" el 9 de febrero de 1927. En la revista Sucesos se exigía que este fuera un ministerio de "depuración". "Un ministerio de hombres nuevos, jóvenes, puede más y es más eficaz que los hombres viejos, de alma ya gastada, de impulsos romos por la práctica y la experiencia". Y la depuración empezó por el Poder Judicial del que debieron salir desde el mismísimo presidente de la Corte Suprema Javier Ángel Figueroa, hermano del primer mandatario, otra serie de ministros de esa misma corte y de las cortes de apelaciones y hasta una serie de jueces letrados. No en vano Ibáñez había declarado que "el gobierno está firmemente dispuesto a depurar los servicios públicos y en especial el Poder Judicial en donde han logrado sentar plaza muchos elementos indignos de la investidura que tienen".

Pese a su dureza, las medidas tomadas por el gobierno destinadas a depurar tanto el Poder Judicial como la administración pública contaron con un amplio apoyo de la ciudadanía. Hasta el obispo de Concepción, Gilberto Fuenzalida, le agradecía a Ibáñez el que buscara "que toda la administración se reorganice sobre la base de una sana moralidad así pública como privada; (…) "que vuelva a ser efectiva y notoria la antigua honradez chilena" (…) "que los cargos públicos dejen de ser el botín obligado de los partidos políticos triunfantes y sólo confíen en los que tengan méritos positivos para pretenderlos". El Mercurio, por su parte, a propósito del rápido nombramiento de los cuatro nuevos ministros de la Corte Suprema nominados por Ibáñez destacaba el contraste con el sistema anterior: "Si más tarde se escribe la crónica del Poder Judicial de Chile, habrá un capítulo aparte para contar como en 1927 algunos jueces de verdadero mérito fueron llamados a la Corte Suprema sin que ellos lo pretendieran, sin que se empeñara a su favor ningún partido político, ni visitaran al Presidente de la República y sus Ministros, caballeros y señores, hasta sin que se escribiera carta alguna al respecto".

Que estas políticas contaban con un apoyo mayoritario de la población quedó en evidencia en las presidenciales de mayo de 1927 en las que Carlos Ibáñez resultó electo con un 98% de los votos.

Universidad de los Andes.