LA TRIBUNA DEL LECTOR FES, prestaciones sociales y acceso universal
POR ALFONSO SALINAS MARTÍNEZ, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE EMPRESAS REGIÓN DE VALPARAÍSO - ASIVA
Brindar una educación de calidad implica un costo. Tener una casa, alimentarse o ver a un médico, también. El viejo problema social es que no todos los individuos cuentan con los recursos para financiarse todo lo anterior. Tampoco tienen para viajar a Miami ni vestirse a la última moda, pero esto último, socialmente, no nos preocupa. Reconocemos que existen ciertos bienes y servicios que son imprescindibles y otros no. La discusión política de los últimos tres siglos gira entorno a cómo resolver dicha problemática. Hoy resurge a raíz del Proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que busca poner fin al CAE. Para algunos, la propuesta va en la dirección correcta al ampliar la gratuidad hasta todos menos el decil más pudiente y establecer aranceles suficientes. Para otros, nivela para abajo al eliminar los recursos extras del copago de los deciles 7, 8 y 9, fundamentales para complementar los aranceles fijados por el Estado, demasiado bajos para financiar investigación de calidad.
Algo similar sucede en otros sectores donde también los precios impiden a ciertos segmentos de la población acceder a bienes y servicios considerados esenciales para una vida digna. Lo vemos en energía desde que se sinceraron los precios de la electricidad; en vivienda por el grave déficit habitacional, las tomas y campamentos; o en salud con la puja entre las isapres y la visión más estatista. En todos, la problemática radica en sincerar valores para acceder a bienes y servicios de calidad, determinar a quiénes y cómo beneficiar con apoyo subsidiario, y cómo y quién lo paga. La misma matriz subyace a la discusión respecto a cómo asegurar pensiones dignas, quién financia los aportes solidarios y qué rol juega el Estado versus las administradoras privadas.
Intentando cuadrar el círculo, hemos deambulado entre dos polos: provisión estatal vs. privada, gratuidad vs. copagos; crecimiento vs. igualdad; estado vs. mercado. Lo cierto es que producir comida, construir viviendas, prestar atención de salud o dar educación conlleva costos que se reflejan en precios. Podemos fomentar la eficiencia y velar por rentabilidades razonables, pero sin reconocer precios realistas, necesariamente perjudicaremos la calidad. Dado esos precios, siempre habrá una porción de la población que no podrá, en forma autónoma, acceder a dichas prestaciones. Pero la sociedad no está dividida entre dos grupos homogéneos, uno que requiere total apoyo y otro nada. La distribución de la riqueza es un gradiente que va desde quienes no tienen nada a quienes son muy ricos, moviéndose gradualmente entre unos y otros. Es imprescindible que reconozcamos lo anterior y diseñemos un sistema donde los apoyos estatales (subsidios) varíen de modo tal que, sumados a los aportes que están en condiciones de hacer los individuos, variables según su condición socioeconómica, nadie se quede sin lograr acceder a los bienes y servicios mínimos para vivir dignamente. Los valores que se establezcan para vivienda, salud o educación, deben ser austeros pero realistas, y los apoyos estatales lo estrictamente necesarios para complementar con objetividad matemática lo que cada uno puede y debe aportar.
Tres corolarios a lo anterior. Uno, las instituciones privadas pueden perfectamente cumplir fines públicos y, por tanto, recibir recursos estatales para ello. Dos, es razonable que ello las obligue a cumplir con ciertos estándares de transparencia y buen uso de los recursos públicos. Y tercero, no tiene sentido que el Estado pretenda cobrar de vuelta los aportes que brinda a quienes los requieren, en lugar de buscar financiar dichos aportes solidarios entre quienes gozan de mayores ingresos. Si quien recibió apoyo para una vivienda, salud o educarse llega en el futuro a estar entre ese segmento más pudiente, sólo entonces debiera aportar, vía sus impuestos, a financiar el sistema social. Concebir los aportes a quienes no les alcanza como un préstamo es un error que puede incluso llegar a ser abusivo.
Mientras no se entienda todo lo anterior, seguiremos entrampados en congeniar la iniciativa privada y las virtudes del mercado, con lograr que el sistema económico satisfaga aspiraciones sociales razonables y necesarias para todos.