Preparan nuevos recursos por el terreno de los Correa Uribe
REGIÓN. Abogado dice que habitantes no han sido notificados, aunque ya apareció en el Diario Oficial el decreto de demolición cumpliendo lo dictado por la Corte.
El tema de las tomas y campamentos siempre es complejo, y por ende, la justicia ha tenido que dirimir el curso a seguir. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la toma de San Antonio, con el "Téngase presente" que ingresó la Delegación Presidencial Regional a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el fin de aplazar por un año, o lo que el tribunal estime pertinente, el desalojo del terreno que había sido dictado por el tribunal.
En las antípodas está el tema del terreno de la familia Correa Uribe en Quilpué, en el cual la Corte de Apelaciones indicó que el Minvu debe demoler las 43 viviendas que allí se emplazan. Dicha resolución salió publicada el 9 de octubre de 2024 en el Diario Oficial, aunque el abogado de las familias está tratando de parar la acción a través de reclamos legales.
Téngase presente
Respecto al primer caso, la delegada regional, Sofía González, expresó que "como gobierno tenemos plena consciencia de la responsabilidad que conlleva dar cumplimiento al mandato de la justicia y del impacto para la comunidad, tanto dentro como fuera de la toma de San Antonio".
"Por ello, tras analizar los diversos escenarios, herramientas institucionales y medios existentes, se ha considerado necesario solicitar un aplazamiento legal, a través del 'Téngase presente', que en palabras simples buscará aplazar el desalojo, mientras se sigue avanzando en las estrategias de solución. Confiamos en que la justicia atenderá esta solicitud en virtud de la fuerza de los argumentos presentados", añadió.
Toma en quilpué
En cuanto a Quilpué, el abogado Rodrigo Valdés, representante de algunos de los ocupantes de la toma en el terreno de la familia Correa Uribe, dijo que "es importante destacar que sólo existe conflicto con el Minvu y con nadie más", y aseguró que "es absolutamente falso que no se hayan efectuado gestiones judiciales o administrativas". Aclaró que hay tres acciones interpuestas, aunque no precisó cuáles ni dónde.
Asimismo, hizo hincapié en que "nadie ha sido notificado legalmente de demolición ni desalojo por parte de la Seremi Minvu de Valparaíso ni por tribunal alguno". Resaltó, a su vez, que "no existe ni ha existido demanda alguna, sea civil o penal, en contra de los habitantes del lugar y, según se ha informado, tampoco se hará, lo que levanta muchas dudas respecto a esta situación".
Por otra parte, Valdés recordó que el abogado "Juan Pablo Hermosilla, en su momento, ya intentó desalojar y fue rechazado por un Tribunal de Garantía, cuya decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicando que el camino legal era y es claro. Sin embargo, nunca se han ejercido estos derechos, prefiriéndose la campaña mediática que incluso fue determinante en la modificación de la Ley de Usurpación, basándose en imputaciones falsas en contra de hombres, mujeres y niños que habitan el lugar".
"Rechazamos el trabajo de lobby llevado a cabo por abogados y asesores como los del equipo jurídico de Juan Pablo Hermosilla y los actuales que, nos son más que continuadores de sus gestiones e ideas, algunos de ellos ligados a partidos políticos y otros incluso exdirectivos de Techo (hoy socia de Déficit Cero) que han mal informado a la comunidad, presionando políticamente", puntualizó Valdés.
"a vista y paciencia"
El jurista indicó que los ocupantes " son familias que construyeron a vista y paciencia de todos, utilizando el 10% de sus retiros de AFP, lo que demuestra que es un (asentamiento) precario y sus habitantes son trabajadores chilenos y no delincuentes, que se vieron obligados a encontrar una solución habitacional ante la indolencia e ineficiencia de las autoridades, que han generado un déficit habitacional en base a la corrupción y en favor de la especulación financiera de las vivienda sociales".
Asimismo, Valdés sostuvo que "cada afectado tomará sus propias decisiones y buscará la asesoría que estime necesaria una vez que tome conocimiento o sea notificado de la demolición de forma legal, ya que de acuerdo al mismo fallo de la Corte de Apelaciones, la ley 19.880 y LGUC y misma la resolución, este es un caso de efectos individuales, por lo que debe notificarse por ministro de fe a cada uno. Si la demolición se concreta, nos asiste la certeza de que se llevará a cabo de manera ilegal y arbitraria, dejando a los chilenos en el peor de los escenarios, como es vivir en un país donde existe una justicia para ricos y otra para pobres".
"la sentencia es clara"
Desde la contraparte, la abogada Jeanette Bruna, representante de la viuda e hijas del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario, comentó que "la sentencia ejecutoriada fue clara al establecer la notificación de la orden de demolición de la forma que dispone la ley, y la Seremi Minvu Valparaíso fue incluso más allá, notificó por el Diario Oficial, lo que da mayor certeza a todas las partes, más allá de que ya tomaron conocimiento en la reunión que sostuvieron los autores y ocupantes de las construcciones ilegales y su abogado con la Seremi, en donde además estuvo presente la Municipalidad de Quilpué".
"Es importante hacer presente que éste es un caso muy diferente a todos los otros que hemos conocido en que sólo se ha ordenado el desalojo de una ocupación ilegal; acá se ha ido un paso más allá, se ordenó por la Corte cumplir la demolición que contempla el auxilio de la fuerza pública en caso que haya personas aún en las construcciones, por vulnerar la legalidad urbanística", remarcó Bruna.
La jurista advirtió que "si al 8 de noviembre no se notifica a la Seremi la resolución que admite a tramitación alguna reclamación del artículo 157 LGUC, deberá proceder la autoridad sin más trámite, a riesgo de incurrir en desacato. Es importante recordar que fueron los propios autores de las construcciones ilegales que, en voz de su vocero, el 2021 declararon a la prensa que los de la toma eran en su mayoría profesionales y técnicos y que no querían la solución habitacional de Serviu por el 'poco espacio, calles estrechas, con poco patio' justificando así sus construcciones ilegales usufructuando del terreno por cuya defensa fue asesinado don Alejandro Correa".
"La Seremi Minvu Valparaíso fue incluso más allá, notificó por el Diario Oficial".
Jeanette Bruna, Abogada de la familia Correa
"Nadie ha sido notificado legalmente de demolición ni desalojo por parte de la Seremi Minvu ni por tribunal alguno".
Rodrigo Valdés, Abogado de algunos ocupantes