Daisy Castillo T.

La decisión de la Delegación Presidencial de Valparaíso de solicitar a la Corte de Apelaciones el aplazamiento por un año del desalojo de la megatoma en San Antonio, abrió un debate al que se suman abogados, dirigentes sociales y autoridades de la zona.

La Corte Suprema ratificó en marzo de este 2024 el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fijó para el 6 de noviembre la expulsión de alrededor de 3.000 familias. Frente a este escenario, la Delegación Presidencial interpuso en la Corte de Apelaciones porteña un Téngase Presente, en la causa rol N° 239.499-2023, en virtud de la cual se ordenó el desalojo de todas las personas que ocupan ilegalmente los predios denominados "Hijuela LLo-Lleo" y "Parcela Catorce", ubicados en las comunas de San Antonio y Cartagena, respectivamente, Provincia de San Antonio.

"Dar la cara"

La abogada Jeanette Bruna afirma que "en nuestra legislación existe el ítem presupuestario para el cumplimiento de sentencias. Y considerando que el fallo dio una orden perentoria a las autoridades, sería posible acudir a dicho financiamiento, pero es indispensable superar el problema informado por la Delegación, respecto a que la Municipalidad de San Antonio no ha ejercido la labor de coordinación ordenada por la Corte Suprema, lo que incluso podría ser reclamado como desacato por el recurrente".

La también académica de la PUCV en el área de Derecho Urbanístico asegura que "lo que hace la Delegación (Presidencial) es dar la cara en este escrito, lo encuentro desafiante", explicando que "la Delegación pide que se suspenda el plazo, porque la Municipalidad de San Antonio no ha hecho nada para ver lo del albergue".

Rosa Gómez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, advierte que "dicha determinación puede ser contraproducente, puesto que implicaría mantener la lesión del derecho de propiedad que se buscó proteger mediante la acción". Al respecto, afirmó que "los dueños de la propiedad no están obligados jurídicamente a soportar la vulneración de sus derechos debido a la descoordinación o demora de la administración en la adopción de las medidas ordenadas por la Corte, la cual no sólo debe ejecutar el desalojo, sino que además disponer de un lugar transitorio para albergar a las personas".

10 mil familias

En agosto pasado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer un informe que contiene las principales características de quienes componen la megatoma: viven cerca de 10 mil personas, de las cuales un 33% son niñas, niños y adolescentes; más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social; 19% de extranjeros y más del 90% no tiene segunda vivienda.

Milko Caracciolo, concejal de San Antonio, planteó que "aquí hay un tema más de fondo que tiene que ver con la política que el país asume respecto a la vivienda y al derecho al techo y cómo la ineficiencia del Estado, más allá de un gobierno, las políticas han sido bastante mediocres".

Respuesta municipal

Por su parte, la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, manifestó que "el municipio no dispone de terrenos ni de presupuesto para materializar el albergue. Ha habido una reacción tardía de parte del Gobierno, respecto de tomar medidas adecuadas ante una acción judicial que lleva más de seis meses".

"La Delegación pide que se suspenda el plazo, porque la Municipalidad de San Antonio no ha hecho nada".

Jeanette Bruna, Abogada y académica

Inquietos están los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región de Valparaíso, ya que según explicó el dirigente de la ANEF y de la CUT provinciales de Marga Marga, Gonzalo Cisternas, les están exigiendo trasladarse a un edificio en la calle Cochrane, donde antes funcionaba Esval, pero asegura que el inmueble no tiene todas las certificaciones correspondientes y presenta falencias en temas como las conexiones eléctricas e internet, por lo que ayer se reunieron con el seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, para tratar el tema.

Tras la cita, Riquelme indicó que "desde el momento en que conocimos la situación de inhabitabilidad del edificio Esmeralda, como Ministerio de Obras Públicas comenzamos a trabajar en la búsqueda de un espacio adecuado para albergar a nuestros funcionarios y funcionarias que desarrollan sus labores en la Región de Valparaíso. Este trabajo fue coordinado con la Delegación Regional".

Edificio de cochrane

La autoridad precisó que "durante el primer semestre de este año logramos arrendar un edificio adecuado para nuestras necesidades en calle Cochrane. Debemos tener en cuenta que todas las gestiones debieron realizarse en conjunto con nuestro nivel central y con la Dipres, que nos autorizó estos recursos, dadas las condiciones del antiguo edificio. Todo esto, con los controles y tramitaciones que la ley nos exige como entidades públicas".

Riquelme destacó que "nuestro cambio no ha estado exento de las dificultades propias de una mudanza de este tipo, ya que se debía adecuar el edificio a nuestras necesidades. Se instalaron las líneas de redes e incluso el propietario realizó las adecuaciones para obtener las certificaciones del SEC en materia eléctrica. Todo esto permitirá que durante los próximos días comience el retorno paulatino de funcionarios y funcionarias a las actividades presenciales".

"Es importante destacar que el proceso se ha hecho trabajando en conjunto con las Asociaciones Gremiales de la Región, cuyos dirigentes han recibido información constante de este cambio y sus avances", añadió.

Por otra parte, recordó que "los servicios públicos debemos cumplir normativas que aseguran la transparencia de nuestro trabajo, y esta gestión ha cumplido con todos estos requerimientos legales para poder tener un espacio adecuado a las labores que se desarrollan en la Región de Valparaíso".

Finalmente, Riquelme indicó que "tras una reunión con los gremios regionales del MOP, se continuó con las conversaciones, explicando con detalle los alcances del traslado y presentando los avances para continuar con el proceso de llegada al nuevo edificio".

"Se instalaron las líneas de redes e incluso el propietario realizó las adecuaciones para obtener las certificaciones SEC".

Yanino Riquelme, Seremi de Obras Públicas