Cristián Rojas M.

En su primer dictamen como titular, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, tomó la controvertida determinación de dejar sólo en manos de la Justicia la resolución del concepto de "confianza legítima", que atañe a quienes se les renueva su contrato año a año. El excontralor, Jorge Bermúdez, había zanjado que tras dos años de ejercer sucesivamente el cargo, los funcionarios podían tener la confianza legítima de que les sería renovado su contrato anual, y en caso contrario, podían acudir a la Contraloría o a la Justicia, sin embargo, Pérez se desligó del tema y dictaminó que sólo podrán reclamar en tribunales, con el consiguiente gasto en abogados y el antecedente de que la Justicia ha resuelto que la confianza legítima se daría tras cinco años en el cargo.

Frente a ello, ayer los funcionarios públicos protestaron a lo largo del país, y Valparaíso no fue la excepción, donde se reunieron en el frontis de la Contraloría Regional para manifestar su descontento con el dictamen.

Repudio al dictamen

Allí, el director regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Pablo Sanhueza, vicepresidente de Organizaciones, detalló que "venimos a responder a un llamado que hace ANEF Nacional respecto a repudiar el dictamen con el cual debuta la nueva contralora Nacional. Además, responder el llamado de las bases que nos manifestaron, desde el conocimiento de este dictamen, su preocupación respecto a la desprotección con la que quedan al no contar con una herramienta administrativa que le permita resguardar su trabajo como contrata".

Uno de los problemas del dictamen es que obligará a los afectados a ir a la justicia, con los consiguientes gastos en abogados. "Ese es un segundo elemento que no es menor, porque mucho del trabajo a contrata es precarizado y no se tienen los recursos suficientes. Además que desde el Poder Judicial, un Poder que hoy día está en cuestionamiento, los resultados no siempre son favorables. De hecho, los resultados son siempre de 3 a 2 respecto de favorecer, y han tenido dictámenes relativos de 3 a 5 años, aunque esto ha sido la constante. Pero es un proceso largo y que tiene que asumir sólo el funcionario o funcionaria que ha sido desvinculada".

Considerando que en diciembre habrá cambios en varias alcaldías, y que al ser cinco años el criterio que prima en la justicia, eso dejaría fuera a los funcionarios que entraron en este Gobierno, Sanhueza cree que "esto puede transformarse en una herramienta política de pedir cuentas a los funcionarios que puedan ser afines a determinado gobierno. Por eso nosotros, como ANEF, queremos solicitar y exigir al Presidente de la República que regularice a través de un proyecto de ley la posibilidad de normalizar estatutariamente la contratación de los contratas. O sea, modificar, en definitiva, el estatuto de la contrata, de tal forma que lo que hoy día entendemos como confianza legítima pasa a ser una ley".

"preocupación latente"

Por su parte, la tesorera regional de ANEF, Susana Cristi, planteó que la incertidumbre que se viene a fin de año para quienes están a contrata "es una preocupación latente muy grande, porque este escenario al que nos mueven es pasar a tribunales, donde los trabajadores, con los recursos que tienen, con los sueldos que tienen, no tienen capacidad para pagar individualmente lo que significa este proceso. Ahora esperamos que en este periodo no vengan estas desvinculaciones, porque de verdad que ahí vamos a estar en un escenario mucho peor, donde se precariza la función pública".

Cristi estima que el dictamen "al final parece como una revancha de la contralora frente al contralor Bermúdez, que es el que instauró la confianza legítima. Y yo creo que aquí se trata de cómo está operando ella en términos de lo que significan las políticas públicas que ha establecido este Gobierno. Yo creo que aquí hay una incoherencia profunda que el Gobierno debe resolver y que debe tratar de regularizar ya de una forma permanente, legal, jurídica, para que no tengamos que estar pasando cada año por estos sobresaltos y que los trabajadores, más aún con las precariedades laborales que tienen, tengan que vivir esta situación".

Sobre si esto se puede traducir en un proyecto de ley, Cristi subrayó que "eso es lo que queremos, y yo creo que ahora, justamente después de los puntos de prensa que se hicieron a nivel nacional y en Santiago, viene una conversación, vienen estados de alerta y viene una presión también para el Gobierno para poder instalar un proyecto definitivo que pueda realmente mejorar estas condiciones. En eso vamos a estar la próxima semana, viendo la agenda prioritaria para poder resolver esta situación".

En tanto, la abogada de ANEF nacional, Alejandra Miranda, advirtió que "la Justicia de hoy cree en la confianza legítima de cinco años. No sabemos lo que va a creer la Justicia de mañana. De hecho, la reincorporación de personas con cinco años es algo que hemos ganado en la Corte Suprema 3-2. O sea, hay algunos jueces, que creen que no hay confianza legítima nunca, ni en dos años, ni en cinco años, ni en 20. ¿Por qué? Porque el estatuto administrativo no ha sido modificado".

"Puede transformarse en una herramienta política de pedir cuentas a los funcionarios afines a determinado gobierno".

Pablo Sanhueza, Director regional de la ANEF

"Al final parece como una revancha de la contralora frente al contralor Bermúdez, que es el que instauró la confianza legítima".

Susana Cristi, Tesorera regional de la ANEF

"Hay algunos jueces, que creen que no hay confianza legítima nunca, ni en dos años, ni en cinco años, ni en 20. Porque el estatuto administrativo no ha sido modificado".

Alejandra Miranda, Abogada de la ANEF nacional

Más de 23 kilómetros de calles, pasajes y aceras totalizan las 21 licitaciones públicas que ejecuta el Serviu a nivel local, como parte del 33° llamado del Programa de Pavimentación Participativa de la Región de Valparaíso, trabajos que beneficiarán a 2.954 viviendas de 27 comunas, a través de una inversión de $13.683 millones.

El director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, precisó que "esto es una tremenda noticia para Valparaíso, para la región, porque con este programa logramos llegar a cada una de las comunas y los rincones de la región, y particularmente mejoramos la calidad de vida de familias que han vivido por muchos años en el barro y, por supuesto, en el verano con el polvo".

Financiamiento

A través de este 33° llamado se reducirá el déficit de pavimentación en distintas comunas de la región, como Algarrobo, El Tabo, Cartagena, El Quisco, Calle Larga, San Felipe, Los Andes, Putaendo, Limache, Olmué, Quillota, Villa Alemana, La Cruz, Quintero, Valparaíso y Viña del Mar, en las cuales se llevarán a cabo tanto obras de construcción de calles como también de repavimentación de vías que, producto de su deteriorada condición, no admiten mantenimiento. En estos trabajos están consideradas las canalizaciones de aguas lluvia, para evitar anegamientos futuros.

Cabe consignar que las postulaciones se financian con aportes del Comité de Pavimentación (del 5% al 30%), más el aporte de la municipalidad respectiva (de hasta un 25%) y el aporte del Estado (hasta completar el 100% del costo total de la obra).

Los aportes varían dependiendo del tipo de vía (calle, pasaje o vereda) y la categoría del comité, según el tipo de loteo y de vivienda.

Requisitos

En cuanto a los requisitos para postular en caso de proyectos de pavimentación, las veredas, calles o pasajes deben estar sin pavimento y contar con agua potable y alcantarillado. En casos de proyectos de repavimentación, la calzada o vereda deberá cumplir condiciones de deterioro que justifiquen su completa demolición. En ambos casos, la vía a postular debe tener una longitud de entre 100 y 1.000 metros.

Con respecto a los requisitos de postulación, los vecinos interesados deben constituir un comité de pavimentación; reunir y acreditar el ahorro mínimo correspondiente; contar con un proyecto de ingeniería aprobado por el Serviu y completar una ficha de postulación.

Para detalles sobre el listado completo de los requisitos se puede acceder a la municipalidad respectiva, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo o a través de www.minvu.cl.