Atraer inversión pública y privada; abordar aspectos "que acá no se atendieron durante ocho años, como el orden del comercio ambulante"; en materia de seguridad, en lo que compete al municipio, "actuar de forma muy pionera y con mucha energía en la recuperación de los espacios públicos"; y "hacernos cargo también de lo que pasa en ciertos sectores" críticos de la ciudad, como el eje Uruguay, la plaza Aníbal Pinto y Cumming.

Fueron las prioridades de su gestión que mencionó la alcaldesa electa de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), en conversación con este diario, días después de conquistar el sillón municipal al vencer a los abanderados de la derecha y de continuidad de la actual administración. Cuatro objetivos de cuya urgencia pocos dudarían, como tampoco de las complejidades que entrañará el trabajo necesario para concretarlos.

Complejos desafíos

Hay que recordar que el 27 de febrero de 2019, a una semana de que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de protección del abogado Rodrigo Díaz Yubero y ordenara al municipio y a la gobernación aplicar sus facultades para evitar ruidos molestos y el uso ilegítimo del espacio público en Aníbal Pinto, el alcalde Jorge Sharp anunciaba como una de las tareas preponderantes de aquel año enfrentar el problema del comercio ambulante con "una estrategia integral y no sólo represiva".

Actores representativos de actividades relevantes en la vida de la ciudad, y académicos expertos en economía y seguridad pública, se plantean aquí frente a los desafíos de la próxima jefa comunal y a las condiciones que demanda su consecución. Seguridad y certeza jurídica como pilares para atraer la inversión que se requiere a fin de que la comuna se reactive en beneficio de sus habitantes son conceptos que están en el centro de sus análisis.

Población y actividad

"En la medida que Valparaíso no sea un lugar atractivo y seguro para que la gente viva en la ciudad, eso va a significar menor inversión y menor actividad económica", señala Bernardo Lara, académico de la Escuela de Gobierno y director del Magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Por otra parte, agrega, "hoy día lo que más requiere la inversión es certidumbre" en cuanto a los permisos y plazos, vale decir, la certeza de que el empresario podrá ejecutar su obra o instalar sus negocios, los cuales después van a poder funcionar. "Resulta difícil decidirse a invertir en un lugar con incertidumbre, donde no se sabe cuándo se van a empezar a recibir ingresos, porque todo eso afecta a la rentabilidad".

El académico extraña un plan nacional de seguridad que permita que los ciudadanos puedan beneficiarse de este bien público, que es lo que genera la posibilidad de que la gente quiera ir a vivir, por ejemplo, a Valparaíso, que el comercio se instale allí y se forme un círculo virtuoso.

"Eso requiere ciertas medidas importantes porque no se va a generar la seguridad por sí sola, pero yo creo que si se quiere rehabilitar el centro, el tema de la seguridad debe ser prioritario. De lo contrario se puede pintar una fachada o tomar medidas de ese tipo, pero si la gente no se siente segura viviendo, transitando y realizando sus actividades ahí, es poco probable que se logre recuperar el plan".

En cuanto al impulso financiero del gobierno central que suele plantearse para la reactivación de Valparaíso, opina que aun cuando la ciudad posee condiciones especiales, en términos patrimoniales y paisajísticos, entre otros, para ameritarlo, "sí tiene que generar algunas condiciones para que el sector privado aporte; no puede depender sólo del gobierno central, porque si el día de mañana es elegida una alcaldía que no es de la coalición oficialista, no es necesariamente esperable que éste los vaya a apoyar".

Facultades municipales

Al examinar la principal preocupación ciudadana en su faceta local, el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago (USACH) y exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya, plantea que legalmente los municipios tienen pocas atribuciones en esta materia.

De hecho, el artículo 4°, letra J, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, indica que estas corporaciones, "en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado", funciones relacionadas con "el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad".

"Son declaraciones genéricas y los gobiernos comunales no tienen atribuciones muy específicas", señala el académico, por lo que en su opinión, y mientras no se legisle sobre el nuevo sistema nacional de seguridad municipal, "viene el desafío grande de ocupar efectivamente el nicho de responsabilidad que les puede caber, que a mi modo de ver tiene que ver más con la prevención social y la prevención situacional".

En el primer ámbito, a su juicio el más importante, se trata de intervenir "en los factores de riesgo que están en el origen de las conductas desviadas o delincuenciales: la crianza descuidada, la violencia intrafamiliar, las condiciones precarias o de hacinamiento en que viven muchos jóvenes y niños, la deserción escolar, en general el consumo de alcohol y drogas de parte de los padres o de los mismos jóvenes". Allí los municipios "pueden hacer una labor potente fomentando el deporte, la cultura, tratando de intervenir en aquellas familias vulnerables para evitar que sus hijos lleguen a una carrera criminal".

El segundo aspecto apunta a intervenir "en aquellas circunstancias, situaciones o lugares donde ocurren los delitos tomando medidas relacionadas con iluminación, cámaras de televigilancia, modificación del paisajismo de plazas o parques, eliminación de microbasurales, entre otras, para mayor sensación de seguridad o incluso disminuir los hechos delictuales". En esta área "los municipios sí pueden hacer bastante", aunque su acción depende de los recursos, como lo releva el hecho que el Programa Lazos del Ministerio del Interior, destinado a intervenir en familias con menores vulnerables, recién en 2025 llegará a 82 comunas.

Pero enfrentar el crimen organizado y el delito "es un trabajo policial y ahí es clave el desafío que tiene el país de aumentar el número de policías, mejorar su carrera profesional, acordar en el Parlamento el nuevo sistema de inteligencia nacional", aspectos que los municipios no tienen posibilidades de resolver.

Comercio ambulante

"Estamos muy de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa electa sobre la importancia de mantener las calles libres de ambulantes, especialmente si está enfocada en promover el desarrollo, la seguridad y la estética de una comunidad o un vecindario", expone por su parte la presidenta de la Cámara de

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl