Mejor eficiencia en el gasto público
Durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos abundan las exigencias de mayores recursos, sin metas de eficiencia.
Con amplio apoyo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, cuyos énfasis manifiestos están puestos en seguridad pública, recuperación económica y apoyo social. Luego de este paso, el Congreso inició la discusión en particular de la iniciativa, lo que implica el análisis y votación del articulado de la ley y de las 32 partidas presupuestarias, además de la evaluación de las 1.520 indicaciones presentadas a todas las partidas.
Al iniciar la discusión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la menor recaudación fiscal proyectada para este año implicó realizar ajustes al gasto cercano a los mil millones de dólares. En esa línea, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 consideró nuevas rebajas de gastos por otros mil millones de dólares, los que fueron reforzados en la comisión mixta de Presupuestos con nuevos recortes, equivalentes a US$ 600 millones.
En este contexto poco favorable se produjeron las duras réplicas de varios parlamentarios de la Región, quienes exigieron aumentos significativos en las partidas de Educación y Salud. La primera necesita mejoras sustantivas en la infraestructura de establecimientos públicos, principalmente aquellos administrados por el SLEP Valparaíso. En tanto, varios diputados plantearon que las asignaciones hechas a Salud impiden regularizar el financiamiento de los hospitales, que quedarán sin recursos antes de terminar el 2025, como viene ocurriendo hace más de una década. Como guardián de la billetera fiscal, es del todo razonable que el ministro Marcel pida certezas sobre la eficacia real de elevar el gasto público en áreas como Salud y Educación, cuyo déficit presupuestario siempre está asociado a problemas de prestación de servicios. Dicha exigencia debe ser tomada por los ministros de dichas carteras, sus directores de servicios y administradores en general, como un llamado a demostrar que los nuevos recursos asignados irán al financiamiento de las deficiencias concretas que afectan a la población -las cada día más largas listas de espera para operaciones de especialidades, por ejemplo- y no para suplir errores e ineficiencias en la gestión de hospitales y programas.