Sebastián Mejías O.

Según información que entregó la Fiscalía Regional y si bien se trata de una causa desformalizada, avanza la investigación que se inició en julio pasado, a partir de la denuncia por el delito de prevaricación administrativa que presentó Reconsa, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso, integrada por la exdelegada presidencial Sofía González -ayer se concretó su renuncia con miras a las elecciones parlamentarias del próximo año- y buena parte de su gabinete rechazaran el "Proyecto Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa".

La denuncia también menciona a Yanino Riquelme, seremi MOP del PC, quien anoche se hizo cargo de la Delegación y que esta semana, según fuentes conocedoras del caso, fue uno de los que declaró en el marco de la investigación.

La acción judicial de la empresa, encabezada por su gerente, Juan Ignacio Soza, se realizó en contra de quienes resulten responsables por acciones que califican "abiertamente ilegales e injustas, las cuales configuran el delito de prevaricación administrativa".

Uno de los argumentos clave es que el proyecto llegó a la Coeva "con un Informe Consolidado de Evaluación que recomendaba aprobarlo, pues cumplía con la normativa ambiental aplicable", y que incluso contaba con expreso pronunciamiento de conformidad de las seremis "de Medio Ambiente, Salud, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Transportes".

La denuncia establece que pese a esa conformidad y a la recomendación favorable del informe en torno al proyecto, en la sesión de la Coeva "todos los seremis y la delegada presidencial lo rechazaron, incluyendo a aquellos que se habían pronunciado conformes, aquellos que se excluyeron de participar y aquellos que ni siquiera emitieron pronunciamientos en la evaluación".

Agregan que "los motivos expresados durante la sesión por los seremis para rechazar el proyecto no tienen asidero ni en la legislación aplicable, ni en el expediente de evaluación ambiental, ni en consideraciones técnicas de evaluación ambiental", lo que, se deja en claro, significa que "el actuar de los seremis y la delegada presidencial durante la sesión de 22 de abril de 2024 constituye una actuación manifiestamente ilegal".

Desde la empresa sólo rescatan la postura a favor de la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la región, Paola La Rocca, quien, dicen, "aprobó el proyecto (...) porque se ciñó a la regulación vigente, el contenido de la evaluación ambiental y a la recomendación del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) en cuanto a aprobar el proyecto".

Delegada y seremis

Salvo Cultura, Trabajo y Gobierno, el resto de los seremis y la ahora exdelegada presidencial, Sofía González, participaron de la instancia cuyo resultado fue imputado por la urbanizadora Reconsa. En la denuncia se manifiestan algunas interpretaciones sobre las posiciones de las autoridades participantes como, por ejemplo, de la exdelegada presidencial, Sofía González, cuyo rechazo se considera que "cae en la misma ilegalidad y arbitrariedad que todos los demás seremis al entregar una fundamentación absolutamente vaga y sin ninguna referencia a la evaluación ambiental".

De sus argumentos para rechazar, Reconsa plantea que "el factor decisivo para ello fue un aspecto no discutido durante la evaluación del proyecto, jamás observado por ningún organismo en el proceso de evaluación, no mencionado en el ICE y que se vincula a la operación de una obra pública (colector), la cual no es de responsabilidad de mi representada Reconsa".

Acciones de fiscalía

Esta semana, según se supo, la Fiscalía Regional avanzó en las diligencias en torno a la investigación para profundizar en la denuncia. Según el Ministerio Público, la "causa se encuentra vigente, en etapa investigativa y desformalizada a cargo Claudio Rebeco, que es el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción".

Sobre las acciones que se están realizando, indicaron que "se están desarrollando una serie de diligencias encargadas a la Policía de Investigaciones, entre ellas, la toma de declaración de quienes fueron denunciados en la querella". Precisamente, un funcionario de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Región de Valparaíso es quien está realizando diligencias consistentes en interrogatorios a los involucrados, según lo que se informó.

Además de las autoridades de Gobierno en la región, la PDI le tomó también declaración al abogado de Reconsa, Mario Galindo, como testigo, y también al gerente de la empresa, Juan Ignacio Soza, quienes refrendaron lo señalado en la denuncia.

Como abogado patrocinante de la denuncia de Reconsa, el penalista Pablo Ortiz insistió que buscan "que se investiguen las evidentes irregularidades en el rechazo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa por obras que consisten principalmente en una escalera peatonal de 214 escalones y una calle de menos de 200 metros, ambas obras ya construidas".

A su juicio, "los argumentos de los seremis esgrimidos en la votación para rechazar de forma unánime el EIA, cuya aprobación había sido recomendada por el Servicio de Evaluación Ambiental, fueron insólitos, inéditos y en algunos casos escandalosos, como puede comprobar cualquiera que vea el video de la sesión, en la cual la directora regional del SEA tuvo que exigir mayor seriedad a la hora de fundamentar el rechazo".

"De hecho, los argumentos presentados son todos contradictorios con las opiniones previamente vertidas por los propios seremis durante el proceso de evaluación", añade, precisando que el "nivel de arbitrariedad y banalidad de las argumentaciones dan cuenta de una posible concertación previa por motivos ajenos a la regulación ambiental y más bien políticos o comunicacionales".

"Por esa razón, creemos que hubo prevaricación administrativa", indicó Ortiz, confiado en que "el Ministerio Público realizará una indagación seria respecto de la denuncia presentada, la cual esperamos permita establecer el verdadero fundamento del rechazo, determinando a quienes son los responsables de esta actuación manifiestamente ilegal".

Por su parte, Rodrigo Andreucci, experto inmobiliario y abogado, manifestó que "hubo una predisposición a rechazar el EIA por dos razones, por ser Reconsa a quien injustamente se imputa la urbanización de los terrenos donde aparecieron los socavones y por estar cerca del santuario del campo dunar, pero por el lado de Concón".

"La autoridad quiso enviar una señal que no desea ningún proyecto inmobiliario cerca del santuario, pero estas dos situaciones se alejan de lo que la Ley 19.300, en sus artículos 10 y 11, señala como causales para rechazar una Resolución de Calificación Ambiental", explicó el abogado sobre la posibilidad de que ese argumento configure prevaricación administrativa.

Respuesta del gobierno

Desde el gabinete regional, la respuesta corrió por parte de la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, quien es de las pocas que no forma parte del foco de la investigación. Al respecto expuso que están al "tanto de la querella interpuesta por Reconsa en contra de algunos miembros del gabinete regional que son parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y que este proceso judicial se encuentra en etapa investigativa".

"Respetamos plenamente el marco legal y el debido proceso y, evidentemente, nos mantenemos a disposición de las instancias correspondientes, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el cumplimiento de la normativa vigente", dijo la vocera ante las posibles consecuencias que pueda tener esta causa para el gabinete, con penas que podrían traducirse en la suspensión del empleo en su grado medio, entre uno y dos años, y multas entre 11 a 15 UTM.

"Se están desarrollando una serie de diligencias encargadas a la PDI, entre ellas, la toma de declaración de quienes fueron denunciados en la querella".

Fiscalía Regional

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el cumplimiento de la normativa vigente".

María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno

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