Los malandrines de diverso calibre, los octubristas y otras especies dañinas que son parte de nuestra fauna nacional, tienen eficientes defensores financiados por la institucionalidad, con recursos públicos.

Así, la Defensoría Penal Pública tiene un presupuesto que llegó a $76.727.518.371. Por su lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anota en su financiamiento de este año $ 84.097.919.666. Estas cantidades están destinadas al pago de profesionales que abogan en casos judiciales de la más variada especie, recursos que, al final del día, de un modo o de otro, salen del bolsillo de los contribuyentes. Mucho dinero, por el lado que se lo mire.

¿Y cuánto gasta el ciudadano de a pie en seguridad? Vaya sumando el costo de los sistemas de alarma, de los seguros del vehículo o de la vivienda misma con más rejas, candados y luces encendidas por la noche justamente buscando mayor claridad y así, supuestamente, ahuyentar a los delincuentes.

¿Existe alguna compensación económica por ese gasto?

Y ante esta realidad, ¿quién defiende a ese ciudadano de a pie cercado, cada vez más por la delincuencia? Una pregunta pertinente. Se dirá que las policías o ciertos servicios municipales que cumplen labores de vigilancia y protección en las calles.

Sin embargo, la labor policial o de los guardias municipales resulta insuficiente como lo demuestran los porfiados hechos. Tras el ataque, el destino de los afectados queda en el aire y no existe en los tribunales un seguimiento que cautele la integridad las víctimas y una efectiva reparación del mal causado. Esto cuando hay denuncia y captura de los delincuentes.

Ciudadano desamparado

Se dirá que está la Fiscalía, pero esa organización no tiene una efectiva labor preventiva y disuasiva que garantice la seguridad de las personas, del desamparado ciudadano de a pie que ve amenazada su familia, su vivienda, sus bienes o su actividad laboral.

Hace algún tiempo algunos locales del sector Mercado de Viña del Mar, que en su mayoría operan con dinero efectivo, mostraban en la caja un pequeño cartel donde aparecía un robusto ciudadano, armado de un garrote o algo así. Esto junto a una leyenda "nosotros no vamos a llamar a los carabineros". Advertencia, ignoro si cumplida, a los delincuentes que actúan en el lugar.

De hecho, una expresión concreta de desconfianza en la autoridad, en la oportunidad de su acción y en la continuación de las acciones penales sancionatorias y disuasivas.

Y hay situaciones increíbles, penosas, que incentivan la desconfianza en las instituciones. Hace algunas semanas en la conocida pastelería "Luz Charme", Cinco Norte, Viña del Mar, una pareja de delincuentes ingresó al local. El hombre exigía dinero, mientras la mujer robaba los pasteles desde la vitrina. Un comerciante de lugar advirtió el hecho intentando disuadir a los delincuentes. La mujer huyó y el varón en su fuga huyó y tropezó golpeándose la cabeza en pavimento. Así fue retenido y se llamó a Carabineros que están a la vuelta de la esquina. El delincuente, simulando gran dolor, afirmó que había sido agredido por el comerciante defensor del local. Los policías, con una ingenuidad de manual, creyeron la versión, detuvieron al comerciante y dejaron libre al delincuente.

Los policías saben perfectamente que los delincuentes son grandes actores, especialistas en victimizarse. Inexplicable actitud revelada en medios de comunicación. ¿Reacciones o explicaciones? ¿Tal vez un sumario?

Un hecho puntual más fruto de la desconfianza y que aumenta de la "rabia ciudadana" que llega a extremos como el caso registrado en La Florida, Santiago. Un supuesto delincuente extranjero fue golpeado hasta la muerte por vecinos cansados de la indefensión. Y esas "detenciones ciudadanas" que pasan el límite se repiten ante el fracaso de las instituciones responsables de ese derecho básico que es la seguridad.

La desconfianza se refleja en lo que afirma Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana:

- "Hoy, apenas un 52% de las personas denuncian los delitos. La falta de denuncia, en gran medida alimentada por esta desconfianza en las instituciones, genera un círculo vicioso que socava aún más la legitimidad del sistema de seguridad".

Defensa en entredicho

Las dudas sobre la conveniencia de la defensa personal y familiar se confirman con el caso de un vecino de Villa Alemana que dio muerte a un ladrón que sorprendió al interior de su vivienda. Largo proceso a quien defendió su hogar y, lo peor, amenazas de parte de la familia del delincuente. El reconocimiento a la validez de la acción de defensa exigía larga comprobación y, en tanto, la lógica protección al vecino agraviado casi no existía.

La tradición porteña, oral y familiar, da cuenta de horribles casos de pillaje tras el terremoto del 16 de agosto de 1906. Cadáveres mutilados con el fin de robar anillos, aretes o joyas diversas. Los casos no duraron mucho ante la reacción del jefe militar de la época, el capitán de navío Luis Gómez Carreño, quien ordenó el fusilamiento público de los saqueadores sorprendidos en terreno.

Solución tajante, impresentable hoy día que estremecería hasta al mismo Bukele. Una población viñamarina lleva el nombre de este marino que rescató a la ciudad de la delincuencia y también de la especulación. Comerciantes inescrupulosos eran azotados también públicamente. La tradición oral, gran fuente de la historia, señala hasta nombres que sería inoportuno dar a conocer.

Tras el devastador terremoto de Chillán, enero de 1939, estreno del Gobierno de Aguirre Cerda, también se aplicó mano dura contra la delincuencia y la especulación. Un empresario de pompas fúnebres que especulaba con el precio de los ataúdes fue fusilado…

En la batalla por la seguridad, el recordado prefecto de Investigaciones de Valparaíso Cesar "Caifás" Gacitúa hacía rapar "al cero" a los carteristas detenidos en las calles o transporte público. Así, resultaban fácilmente identificables.

Viejas medidas, tajantes, en la batalla por la seguridad, sin duda hoy inaplicables, pero añoradas en días en que la confianza se ha perdido, pues la realidad es que las instituciones "no funcionan" y muchos prefieren tomar la justicia con mano propia, expresión de una contenida "rabia ciudadana".

Esa contenida "rabia ciudadana"