El grupo chií libanés Hizbulá proclamó ayer su "victoria" ante Israel y aseguró que logró "derrotar a su Ejército", después de que en la madrugada entrara en vigor un alto al fuego de 60 días en el Líbano que puso fin a más de un año de hostilidades entre las partes.

"Por su compromiso y esfuerzo durante más de 13 meses, la Resistencia pudo lograr la victoria sobre el enemigo delirante, que no pudo socavar su determinación ni doblegar su voluntad", dijo la Sala de Operaciones de Hizbulá en un comunicado.

La milicia, que ha recibido duros golpes por parte de Israel en el último año de violencia -especialmente en los últimos dos meses de bombardeos masivos contra diferentes puntos del Líbano-, respaldó su "victoria" en una enumeración de "logros" frente al Estado judío.

"Es el campo de batalla el que ha hablado, con combatientes firmes que confían en Alá para frustrar los objetivos del enemigo, derrotar a su Ejército y escribir con su sangre epopeyas de resistencia", continuó Hizbulá en el texto.

Desde el inicio de las hostilidades con Israel el 8 de octubre de 2023, Hizbulá lanzó al menos "4.637 operaciones militares anunciadas durante 417 días", con una media de once diarias, según el grupo chií.

Sin embargo, Hizbulá incrementó considerablemente sus ataques contra Israel el 17 de septiembre de este año, tras las explosiones masivas de beepers en manos de integrantes de la formación aliada de Irán.

Desde entonces y hasta la entrada en vigor de la tregua la madrugada de ayer, Hizbulá lanzó un total de 23 operaciones al día contra cuarteles y bases del Ejército israelí, así como contra ciudades y asentamientos entre la frontera con el Líbano hasta más al sur de Tel Aviv, en el centro de Israel.

"Las operaciones también incluyeron enfrentamientos heroicos contra incursiones terrestres en territorios libaneses", indicó Hizbulá, en referencia a la invasión del sur del Líbano iniciada por el Ejército israelí la madrugada del 1 de octubre pasado.

Además, la Sala de Operaciones del grupo también ofreció un recuento de "pérdidas acumuladas infligidas al Ejército enemigo" desde el inicio de la invasión hasta la entrada en vigor de la tregua: más de 130 soldados muertos y otros más de 1.250 heridos, unas cifras muy superiores a las difundidas por las autoridades de Israel.

También aseguró haber destruido 59 tanques Merkava y 11 excavadoras militares, además de vehículos blindados. También dijo haber derribado seis drones Hermes 450, otros dos de tipo 900 y "un planeador cuadricóptero".

Tras difundir estos datos, Hizbulá afirmó que "las fuerzas invasoras no lograron ocupar ni asegurar ninguna de las ciudades de primera línea de frente" ni tampoco "establecer una zona de amortiguación de seguridad militar", mientras que recordó que el Ejército israelí no pudo "evitar el lanzamiento de cohetes y drones" hacia su territorio.

Más de 3.800 personas han muerto -alrededor de unas 3.100 solo en los últimos dos meses- y otras 1,5 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Líbano tras más de un año de violencia entre las partes.

¿Y Gaza?

Ayer también, y mientras una delegación egipcia se dirigía a Tel Aviv para negociar la liberación de rehenes en manos del grupo terrorista Hamás y una tregua en Gaza, miles de desplazados que estaban refugiados en escuelas de Líbano comenzaron el viaje de retorno a sus hogares con el fin de las bombas.

Pese a que no hubo una retirada inmediata de tropas israelíes ni de Hizbulá, el alto al fuego fue celebrado por las naciones árabes, Rusia y transversalmente por líderes de todo el mundo.

El expresidente argentino Alberto Fernández declaró ayer ante la Justicia que es "infundado, falso y arbitrario" considerar que él habilitó una intermediación irregular en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato y habló de "direccionamiento político", por lo que pedirá anular la indagatoria.

"Alberto Fernández en ningún momento benefició a nadie", afirmó la abogada defensora del expresidente Mariana Barbitta en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, donde el exmandatario prestó una declaración "muy larga", en el marco del proceso en el que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato.

Barbitta anticipó que "hay motivos de recusación muy fuertes" de la declaración indagatoria, ya que habían planteado la nulidad de la cita, lo que fue rechazado en un tiempo tan corto, según la abogada, que anticipó que este acto de indagatoria también "va a ser nulo".

Juez "no es imparcial"

Fernández siente que "no está ante un juez imparcial, por eso fue tensa al inicio (la indagatoria)", y "no le garantiza seguridad y tranquilidad", afirmó la abogada, y respondió que fue llamado a declarar porque "hay un direccionamiento político. Se puso en juego una acción política que no es judicializable".

Fernández fue llamado a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini, por "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional", entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, "en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en 'NACIÓN SEGUROS S.A.'".

El exmandatario fue imputado en febrero por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que los acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Qué se investiga

En la denuncia se pidió indagar las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.

Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos habrían utilizado de intermediario a Martínez Sosa, quien además figura como acreedor de Fernández en sus declaraciones juradas y era el marido de su secretaria privada. "Es reconocido históricamente, no por este decreto, a nivel nacional y mundial por ser justamente un ´broker´ de seguros. Pensar que podría haber una connivencia es absolutamente infundado, falso y arbitrario", dijo Barbitta.

El Gobierno británico empezó ayer a emitir autorizaciones electrónicas de viaje (ETA) a visitantes de países no europeos que en la actualidad no requieren visado, incluidos los de Chile, Australia, Estados Unidos, Brasil o Canadá.

Si bien hasta ahora estos turistas podían entrar libremente para estancias de hasta seis meses, a partir del 8 de enero necesitarán una ETA o permiso de entrada, que se puede solicitar digitalmente desde ayer por 10 libras (12,6 dólares) y durará dos años.

Pueden pedir ya esta autorización los ciudadanos de nuestro país, Argentina, Costa Rica, Guatemala, México, Perú o Uruguay, entre otros.

Los ciudadanos de la Unión Europea, por su parte, requerirán también una ETA para viajar al Reino Unido a partir del 2 de abril de 2025, y la podrán solicitar por adelantado desde el 5 de marzo, indicó el ministerio de Interior en un comunicado.

El resto de los países no cubiertos por este tipo de autorización necesitarán un visado para entrar en territorio británico, como Colombia, Honduras, El Salvador, Afganistán, Jordania o Irak.

Además, todos los ciudadanos de cualquier parte que no vayan por motivos de turismo al Reino Unido, sino que quieran trabajar o estudiar, necesitan visados específicos.

Las ETA, que ya exigen países como EE.UU. o Australia, estarán vinculadas al pasaporte y podrán usarse para cualquier viaje, con una estancia máxima de seis meses, durante ese periodo de dos años, o hasta que caduque el pasaporte (lo que ocurra antes).

El Gobierno británico aseguró en su nota que el proceso de solicitud 'online' será simple y la decisión se emitirá en la mayoría de los casos en unas horas.