A pesar de quienes afirman que Chile se dirige al despeñadero, que estamos en crisis o que vivimos la peor de las épocas, nuestras instituciones están funcionando, como también quedó demostrado con el caso de Hermosilla. La pregunta es cuántos gobiernos en el mundo permiten que ocurra algo como lo que ha pasado aquí".

Hoy se cumplen tres meses desde que Manuel Monsalve se reunió con una subalterna en el Costanera Center, un hecho que días después derivó en otra reunión, tras la cual fue denunciado por una presunta violación.

La noticia ha sido el centro de atención de los medios y redes sociales, convirtiéndose en el equivalente al caso Caval de Michelle Bachelet o al 18 de octubre de Sebastián Piñera. Desde entonces, el gobierno parece haber comenzado una cuenta regresiva hacia su final, con pocas posibilidades de recuperarse o de ser recordado por algo más.

La imagen de Monsalve siendo detenido y posteriormente enviado a la cárcel por un juez terminó cobrando tanta o más relevancia que el triunfo de Chile sobre Venezuela tras más de un año sin ganar. Esto pone en evidencia no solo la importancia del hecho, sino también el morbo que despierta en la ciudadanía.

Aunque la acusación contra Monsalve podría hacernos pensar que nuestro país atraviesa el peor de los escenarios, creo que debemos analizarla desde un prisma diferente.

Manuel Monsalve fue, hasta su renuncia, una de las personas más poderosas de Chile. No solo tenía bajo su mando a todas las policías, sino también, como se ha revelado, una caja fuerte con millones de pesos en efectivo destinados a operaciones encubiertas y pago de testigos, pero en ningún caso para costear taxis y pisco sour XL.

A pesar de esto, no logró borrar las pruebas en su contra ni callar a la denunciante. Por el contrario, terminó siendo expulsado del gobierno y procesado.

¿A qué voy con esto? Que, incluso contando con todos esos medios, está siendo juzgado. A pesar de quienes afirman que Chile se dirige al despeñadero, que estamos en crisis o que vivimos la peor de las épocas, nuestras instituciones, nos guste o no, están funcionando, como también quedó demostrado con el caso de Hermosilla.

Mi punto es claro: personajes que se han aprovechado de su poder para robar, abusar, extorsionar o cumplir sus más viles deseos han existido siempre en todos los gobiernos del mundo. Chile no es la excepción.

La pregunta que debemos hacernos es cuántos gobiernos en el mundo permiten que ocurra algo como lo que ha pasado aquí. Basta ver series como House of Cards para imaginar los mecanismos que se activan en países como Estados Unidos ante casos similares.

En ese sentido, que el máximo encargado de la seguridad termine siendo detenido y procesado es una garantía de que en nuestro país hemos dejado de tener, déjenme creerlo, personas intocables.

Ya sea gracias al rol de la prensa, de los fiscales o de las policías, vivimos, aunque parezca paradójico, en un entorno seguro donde incluso los más poderosos pueden terminar siendo juzgados.

Los casos de Hermosilla y Monsalve, con su sobreexposición mediática que abarca desde imágenes decadentes saliendo esposados rumbo a la cárcel hasta convertirse en memes y stickers, son una dura pero positiva advertencia para todo aquel que intente pasarse de listo. En Chile, esperemos, ya no paga Moya. 2

Doctor en Historia

Facultad de Artes Liberales

Universidad Adolfo Ibáñez

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Lo más relevante de este dilema sea quizás entender que representa una buena oportunidad para situar este asunto en un tema más general, sobre el sentido de la política y la vieja pregunta acerca de cómo debemos vivir, que no puede ser respondida sólo desde la técnica o la productividad".

El "Acuerdo por Valparaíso", impulsado por el nuevo directorio de la EPV con el apoyo del Gobierno Regional y de la Municipalidad de Valparaíso ha sido objeto de controversia, especialmente luego de que algunos vecinos pidieran la intervención de la Unesco para impulsar un nuevo estudio de Impacto Patrimonial sobre el tema y que la alcaldesa electa Camila Nieto se mostrara de acuerdo con la iniciativa.

De este modo, la ciudad se encuentra, como en aquel cuento de Borges, en la encrucijada de dos senderos que se bifurcan: apoyar la expansión portuaria, en desmedro del turismo y del acceso al mar, o apostar por lo segundo, arriesgando el desguace definitivo del puerto de la ciudad, conflicto que por lo demás, ha estado 20 años estancando el desarrollo de ambos.

¿Podría haberse evitado este dilema? Claro, con la construcción de nuevas aguas abrigadas, esenciales para desarrollar y concesionar nuevos terminales portuarios. Sin embargo, el Estado de Chile lleva décadas negándose a invertir en ellas (las últimas obras de abrigo en Valparaíso y San Antonio - el molo Prat y el molo sur de San Antonio -, fueron construidas hace más de 80 años) y ya no es posible seguir esperando. Como señala el dicho, pasó la vieja. Pero volvamos al tema.

Secuencia de beneficios inherentes al acuerdo: posee un enfoque más adecuado de la relación del puerto con la ciudad que el anterior proyecto del T2, al reconocer que el crecimiento del puerto debe hacerse en armonía con las otras vocaciones de la ciudad. Permite ampliar la capacidad operativa del Puerto de Valparaíso mediante la construcción de un muelle costanera, un sitio Costanera, la ampliación del sitio 3 y la creación de una zona de acopio de contenedores en San Mateo. Por último, el acuerdo genera una inversión para la comuna y la región del orden de 600 millones de dólares, monto de extraordinaria importancia para una comuna que carece de inversiones relevantes, y genera el compromiso de dar una parte de las utilidades a la ciudad, sabiendo que Valparaíso se encuentra deprimido económicamente y requiere con urgencia señales de confianza y recuperación.

Secuencia de riesgos inherentes al acuerdo: la instalación de una línea de 5 grúas de 90 metros de altura por el centro de la ciudad afectará eventualmente las vistas de ciertos sectores y miradores, generando impactos en el acceso al borde costero y produciendo la emisión de ruidos y contaminantes al ambiente. Asimismo, existen otros aspectos como la instauración de un monopolio legal a favor de TPS, terminal controlado por el grupo empresarial Von Appen, que pone término a la competencia entre operadores y contribuye a una mayor concentración económica, y el hecho de que no se mencione la situación de precariedad laboral de los trabajadores eventuales que constituyen dos tercios de la fuerza laboral empleada por los operadores de los terminales portuarios, algo que debiera ser incluido en las futuras negociaciones entre EPV, las empresas concesionarias y los trabajadores.

Como sea, y por encima de cuál de los senderos de Borges uno escogería, lo más relevante de este dilema sea quizás entender que representa una buena oportunidad para situar este asunto en un tema más general -esencial en nuestro tiempo-, sobre el sentido de la política y la vieja pregunta acerca de cómo debemos vivir, que no puede ser respondida sólo desde la técnica o la productividad. Con ello, cometeríamos el grave error de suspender el juicio ético de la toma de decisiones y, por ende, nuestra vida dejaría de estar en nuestras manos bastando los técnicos o expertos sin necesidad de la deliberación, cosa que resulta inaceptable.

Por todo ello, considero urgente abrir una discusión sobre las consecuencias ambientales, económicas y sociales de este acuerdo, a través de la convocatoria a un plebiscito, para que sea la ciudadanía de Valparaíso la que en un procedimiento suficientemente informado zanje este asunto de una vez por todas y se pronuncie sobre el sentido de la vida colectiva en la ciudad. Ésta me parece la mejor forma de destrabar este asunto y poder seguir adelante. Vox populi, vox dei. 2

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