Ubicada para muchos del lado equivocado de la historia en momentos críticos del país, tales como el Golpe de Estado de 1973 o el proceso constituyente del año 2021, la Democracia Cristiana lame hoy sus heridas tras las catastróficas elecciones del 27 de octubre, en las cuales perdieron las cuatro gobernaciones regionales (Orrego renunció hace dos años) que habían conquistado inicialmente, además de dejar ir importantes alcaldías como Peñalolén, La Granja, Curicó, Tomé y Ovalle, pese a que públicamente dicen estar conformes con sus 29 alcaldes, 170 concejales y el 4% de la votación.

A la hora de los balances es su vicepresidente nacional, Gianni Rivera, quien en entrevista con este Diario muestra una inusual autocrítica y establece que el gran yerro de su partido ha sido la falta de una oferta "decente y atractiva de un centro progresista que protege derechos, pero que también garantiza cosas fundamentales, como el crecimiento económico".

De la misma forma, y evidenciando la incomodidad que les genera el PC, el diputado y presidente DC, Alberto Undurraga, ya lanzó la semana pasada un misil al corazón del oficialismo, del cual no forma parte: no habrá lista única y emplazó al Partido Socialista a escoger entre una alianza con ellos o con los comunistas, de cara a las presidenciales y las parlamentarias del próximo año.

Algo se hizo mal, claro está. Sobre todo si los Walker, los Frei, los Martínez-Alvear, Claudio Orrego, Patricio Vallespín, Mariana Aylwin, Juan Carlos Latorre, Ximena Rincón, Correa Sutil, José Pablo Arellano, René Cortázar, Alejandro Ferreiro, Jorge Burgos, Sergio Micco, Andrés Jouannet, entre una larga lista a la cual se suma el expulsado Fuad Chahin, optaron por dar un paso al costado hace rato.

Hoy, Rivera nos dice que sus candidatos con "grandes posibilidades" para la Cámara Baja son Cristian Mella (Distrito 6) y Roy Crichton (7) en una Región en la cual cuentan con sólo un alcalde (Edgardo González, en Llay Llay) y, siendo amplios de mente, dos independientes pro DC (Johnny Piraino, La Calera y Gonzalo Vergara, Panquehue), ningún parlamentario, una core (Farías, San Antonio) y escasos concejales, ninguno de ellos en Viña del Mar o Valparaíso.

También nos enteramos que el senador Iván Flores y el propio Undurraga están "disponibles" para ir como candidatos presidenciales a una primaria.

Optimismo, por lo que vemos, no les falta.

Hace casi dos meses, el Presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de ley que generaría un nuevo financiamiento para la educación superior y la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Los días siguientes a esta intervención se produjo una intensa discusión, pero como suele suceder es nuestro país, y dado que el proyecto ingresó con "urgencia simple" a la Cámara de Diputados, pronto las voces se fueron acallando y la agenda se volvió hacia nuevos temas. Para los que nos dedicamos a la educación, este silencio es un buen momento para mirar con más calma lo que está en juego en este debate. Y, en ese contexto, resulta ilustrativo el libro "Sueños de cartón" (Planeta, 2024), de Pablo Ortúzar Madrid.

En términos muy generales, este texto puede ser entendido como una forma de explicar el estallido social de 2019, pues para el autor no se puede desconocer que en el núcleo de esta revuelta hubo una multitud de universitarios descontentos con las promesas de prosperidad recibidas; y, lo que es más complejo, mucho interés de las elites de izquierda (Frente Amplio fundamentalmente) para encauzar y aprovechar este malestar y sentimiento de injusticia.

En ese contexto amplio, el libro aborda el fenómeno de "la sobreoferta de credenciales académicas". Para Ortúzar, lo que ha sucedido con los grados universitarios es semejante a lo que ocurre con el dinero en países aquejados por la inflación económica o con los títulos nobiliarios en regímenes de monarquías deslegitimadas. En todos estos casos, nos enfrentamos con un declive de la potencia nominal de estos instrumentos que pierden su valor adquisitivo o de prestigio. Pero, junto con esto, y más interesante, es el aprovechamiento de parte de los gobernantes de esta sobreoferta en vista de ganar tiempo para superar una crisis social en ciernes.

Según el autor, las consecuencias negativas de esta inflación de certificados académicos se podrían resumir en tres. En primer lugar, el efecto económico: una rentabilidad decreciente de los salarios de egresados y el aumento del desempleo de estudiantes universitarios.

Un segundo efecto es político: un progresivo malestar en los jóvenes de clase media por títulos con expectativas defraudadas y decepción de parte de las familias que han invertido con mucho esfuerzo sus escasos recursos. Es en este ámbito donde aparece la tesis más arriesgada de Ortúzar, para quien esta rabia más que un problema, ha sido una oportunidad para los gobiernos de Bachelet y Boric: "Los indignados siempre serán bienvenidos como militantes".

Por último, un tercer efecto perverso de la devaluación de los títulos es educativo. Este es quizás el más sugerente. La masificación de los títulos y grados no sólo disminuye su peso, sino que, además, degrada su contenido. Una sobreoferta de credenciales académicas, ahora accesibles para todos, provoca que estas pierdan su valor real, se corrompa su sentido y resulte irrelevante su mejora.

¿Qué solución propone el autor? Eso daría pie para otra columna. Sí llama la atención la poca importancia que Ortúzar otorga a las instituciones técnicas, lo que sugiere que el autor podría compartir la misma miopía que critica de las elites universitarias.