Gian Franco Giovines D.

La crisis de seguridad en el primer semestre del año 2023, gatillada por el asesinato de dos carabineros -entre ellos, el de la sargento Rita Olivares, en la comuna de Quilpué-, derivó en que el Gobierno presentara en abril de ese año el Plan Calles sin Violencia, programa que buscaba disminuir la cifra de crímenes en todo el país, y que un mes más tarde incorporó a cuatro comunas de la región: Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena.

Sin embargo, a 20 meses de su implementación, los delitos de homicidio en la zona han aumentado casi un 15% en el presente año.

Según reveló el tercer boletín estadístico trimestral de la Fiscalía, publicado el pasado viernes y que comprende el periodo de enero a septiembre del presente año, la Región de Valparaíso registra un total de 244 causas por delitos de homicidio, entre consumados y frustrados. De estos, en 161 casos los responsables se encuentran identificados o formalizados, mientras que en 83 causas no existen imputados.

Según pudo corroborar El Mercurio de Valparaíso, la cifra de homicidios supera ostensiblemente a la del mismo periodo del año pasado, cuando la región sumaba 213 causas. Es decir, durante el 2024 hubo un incremento de un 14,55% de este tipo de crímenes.

Héctor Sandoval, oficial (r) de Carabineros y experto en seguridad, explica que el homicidio ha "mutado" con el auge del crimen organizado.

"Efectivamente, hay una mayor cantidad de denuncias por homicidios, consumados o frustrados, pero además el homicidio en lo criminológico ha tenido un cambio: antes eran imputados conocidos, porque ocurría el homicidio intramuro, a través de una riña, un hecho de connotación sentimental, entonces había mayor detención de los imputados. Hoy este fenómeno ha mutado a que los homicidios ocurran en la vía pública, con personas que son secuestradas y abandonadas muertas en sitios eriazos", expone el máster en Ciencias Policiales.

Mejorar red de cámaras

En este escenario, cree que es clave que la región cuente con una red de televigilancia con una mejor operatividad.

"Las cámaras inhiben el actuar, pero también generan un insumo para la investigación. Ahora, evidentemente hay un llamado de atención a los municipios que no tienen sus cámaras funcionando. Esa es responsabilidad única y exclusiva de los municipios", insiste el exfuncionario policial.

Cabe recordar que el mal funcionamiento de las cámaras fue precisamente una de las quejas de Carabineros en el pasado mes de octubre, luego de elaborar un informe en el que se expuso que 73 de las 145 cámaras municipales de Valparaíso no funcionaban, mientras que en Viña del Mar 32, de un total de 122, no estaban operativas.

Asimismo, para Sandoval otra de las prioridades debe ser reforzar la plantilla regional de Carabineros y la PDI, con el fin de disminuir los tiempos de respuesta de las policías. "Con un buen tiempo de respuesta mejoramos la cantidad de detenidos, mejoramos la sensación de seguridad y también logramos neutralizar lo que está ocurriendo en el área pública. Tengo la impresión de que ese tiempo de respuesta puede ser mejorado y eso va de la mano con que el Estado dote de recursos logísticos y humanos a las policías", aseveró.

Un tercer punto, destaca, es el mejoramiento de las unidades policiales. "Seguimos al debe con un cuartel en Playa Ancha alto, con mejorar los cuarteles de Laguna Verde y de Curauma, que hoy día ya debería ser comisaría. Pasa lo mismo con Forestal Alto, Reñaca Alto. Y con la Policía de Investigaciones ocurre lo mismo".

CRÍTICAS Al PLAN

Para Andrés Longton (RN), diputado de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el informe de la Fiscalía "revela que los planes que ha implementado el Gobierno han sido un fracaso".

"Por mucho que traten de engañarnos con otras cifras, la realidad que vive la Región de Valparaíso se palpa a diario con los homicidios, con los robos de almacenes, de casas. Y eso claramente no se condice con estos planes que podrán tener nombres muy llamativos, pero que, lamentablemente, no están cumpliendo con su objetivo", manifestó.

Más crítico fue su par Andrés Celis (indep.), quien sostuvo que "los datos de la Fiscalía confirman lo que hemos venido denunciando: el Plan Calles sin Violencia es un completo fracaso en la Región de Valparaíso".

"Urge fortalecer el trabajo policial, garantizar recursos adecuados para Carabineros y Fiscalía, y acelerar la construcción de nuevas cárceles para los delincuentes más peligrosos. Es hora de actuar con seriedad y devolverle la tranquilidad a la región", añadió Celis.

En tanto, el oficialista Diego Ibáñez (FA) señaló que "sin duda nos preocupa el aumento de homicidios en la Región de Valparaíso (...) y también que la región figure como la segunda con más asesinatos en el país".

"Es un tema que requiere atención, análisis y acciones contundentes para entender las causas subyacentes y desarrollar estrategias efectivas para abordar este problema tan grave. Esta, sin duda, es una de las principales preocupaciones del nuevo delegado presidencial", sentenció.

"Los datos de la Fiscalía confirman lo que hemos venido denunciando: el Plan Calles sin Violencia es un completo fracaso".

Andrés Celis, Diputado (indep./ex-RN)

"Ese tiempo de respuesta (de las policías) puede ser mejorado, y eso va de la mano con que el Estado las dote de recursos".

Héctor Sandoval, Oficial en retiro de Carabineros

En estado de alerta se encuentran los funcionarios públicos a raíz de la negociación que están sosteniendo con el Gobierno por un reajuste de sueldos de 3% sobre el IPC, las 40 horas, la extensión de la Ley de Incentivo al Retiro, y la implementación de un trabajo híbrido para hacer efectivo el trabajo remoto en algunos servicios, entre otras demandas. Ayer se concentraron en la Plaza Cívica de Valparaíso.

Al respecto, Alexis Antinao, dirigente de la CUT Provincial Valparaíso, dijo que fueron a "dejar una carta al delegado presidencial. Los motivos son los mismos por los cuales se hizo la marcha, que tiene que ver con las demandas que están alojadas en la mesa del sector público, pero además por el tema del reajuste y del dictamen de la Contraloría".

"ya dimos una muestra"

Hoy harán un banderazo afuera de la Contraloría Regional, en Valparaíso, en protesta por el dictamen sobre la confianza legítima, y no descartan más acciones si no se cumplen sus demandas. "Ya dimos una muestra clara el día jueves de la semana pasada, donde aquí en Valparaíso hubo más de 7.000 personas, cerca del 90% de la repartición del sector público en movilización y paralizadas algunas reparticiones", advirtió Antinao.

Por su parte, el vicepresidente de Organizaciones de la ANEF regional, Pablo Sanhueza, indicó que esperan que la negociación con el Gobierno termine "lo antes posible, para que a más tardar el día 9 se presente el proyecto de ley en el Congreso".

Sanhueza hizo presente que desde ayer empezaba "a saberse cuáles son los funcionarios que no han sido renovados en su contrata. ANEF está en estado de alerta por ese tema, y llamamos a todos los funcionarios y a todas las asociaciones a levantar las mesas que señaló el Servicio Civil, de discusión de los temas, porque tienen que revisarse los casos, ya que la instrucción del Servicio Civil es que cada desvinculación debe estar debidamente justificada, y eso es una exigencia, en ausencia de la medida administrativa que echó abajo esta nueva contralora".

Fin al paro de aprojunji

En la ocasión también estuvo la directora nacional de Aprojunji y directora regional de la ANEF, Susana Cristi, quien indicó que el paro que las funcionarias de Junji hicieron desde el martes al viernes de la semana pasada ya finalizó.

Fue "un paro a nivel nacional porque teníamos una deuda de excedentes del PMG, y esos dineros fueron ocupados para pagar licencias médicas. Eso no corresponde, primera vez en la historia que pasa eso, y no puede ser a costa de los sueldos de las trabajadores y trabajadoras que, por cierto, son las más precarizadas, 95% de mujeres y, por supuesto, los sueldos más bajos. Así que llegamos a un acuerdo el día viernes, hicimos un lobby parlamentario increíble, con ministros, senadores, diputados, y finalmente se llegó a un acuerdo donde se va a cancelar el día 18, y el 9 ya nos entregan la nómina de cuánto va a ser, que debieran ser alrededor de 1.200 millones de pesos que se deben repartir con las 22.000 funcionarias y funcionarios que tenemos", detalló Cristi.