Redacción

A tres días de que las isapres informaran la forma de pago de las deudas que mantienen con sus cotizantes, lo que está dispuesto en la ley corta aprobada hace algunos meses, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley que buscará reducir los plazos de estas restituciones ante las múltiples críticas y un nuevo bochorno.

Hasta el sábado las aseguradoras enviaron los e-mails para comunicar a los afiliados cuánto les pagarían y en cuánto tiempo, lo que se tradujo en muchos casos en que los pagos se extenderán por 13 años con montos incluso menores a los mil pesos mensuales. Esto generó irritación y acusaciones mutuas entre Gobierno, parlamentarios y las propias isapres.

Luego de los primeros cuestionamientos desde el Congreso hacia la ejecución de esta ley por parte del Ejecutivo y especialmente por el superintendente de Salud, Víctor Torres, la ministra de Segegob, Camila Vallejo, recordó que el proyecto aprobado "no es la propuesta original del Gobierno; fue fruto de un acuerdo entre parlamentarios que solicitaron ampliar plazos".

Se sumó la reacción del aludido Torres, quien en T13 afirmó que "existe una reacción que para mí ha sido incomprensible, sobre todo porque se ha intentado personalizar algo que no es así. La Superintendencia no actuó fuera de lo que dice la ley".

A las palabras de Vallejo reaccionó el diputado Carlos Bianchi (bancada PPD), quien afirmó que "no puede hacer un Poncio Pilatos y lavarse las manos de la forma en que ha pretendido hacerlo. Aquí la responsabilidad recae fundamentalmente en el colegislador, que es el Ejecutivo".

Se sumó el senador PS Juan Luis Castro, quien dijo que "escuché a la vocera y hay minutas circulando del Gobierno diciendo que esto es culpa del Congreso. Cuidado. Ahí yo levanto la voz, porque digo 'momentito, aquí fue el Gobierno el que en un minuto pidió y exigió a sus parlamentarios respaldar'. (…) Hoy el gobierno tiene que deshacer lo mismo que se hizo".

Agregó que, además, "el superintendente (Torres) tiene que aclarar, porque ellos autorizaron estos métodos de devolución".

El proyecto

En el oficialismo las bancadas de diputados del Frente Amplio, el PC y el PS presentaron un proyecto de ley que reduce los plazos de devolución y aumenta el valor de las cuotas en el pago que las isapres deben hacer por cobros indebidos a los usuarios.

La propuesta reduce el plazo original determinado en la Ley Corta de Isapres, bajando los 13 años de periodo para el pago de la deuda a 5 años. Además, se establece que las personas de entre 65 y 79 años deberán recibir el pago de lo que se les adeuda en tres años. A ello se suma el que el pago mínimo de cuotas será de una UF.

¿Tiene razón Miguel Crispi, asesor del Presidente, cuando guarda silencio frente a algunas preguntas de la comisión investigadora del caso Monsalve, aduciendo que no puede revelar las conversaciones privadas que sostuvo con el primero?

Aparentemente, no.

Alguien podría argüir que lo privado alude a la esfera personal, al ámbito de lo íntimo, pero que ello no alcanza a las cuestiones en las que está comprometido el interés público. Las cuestiones de Estado (como las que involucran al encargado de la seguridad) serían asuntos públicos por excelencia, puesto que son asuntos que conciernen a todos. Cuando el Presidente habla de asuntos gubernamentales no está hablando de cosas protegidas por la esfera de la intimidad (como quien confiesa problemas familiares o sentimentales), sino que está hablando de asuntos comunes a los ciudadanos ¿Por qué entonces no podría el órgano fiscalizador enterarse del contenido de esas conversaciones? ¿Acaso no es negar las facultades de ese órgano guardar silencio frente a las preguntas?

Ese razonamiento es, en principio, correcto, pero quizá haya que introducir algunos matices.

Desde luego, es necesario distinguir entre los motivos de una decisión y las razones que la fundamentan. Todo acto humano tiene motivos, pero no todo acto cuenta con razones en su favor. Sobre esa base puede sostenerse que lo público atinge a las razones que fundamentan una decisión, pero no a los motivos por los que se la adopta. Una cosa es cómo usted llega a una decisión o alcanza una conclusión cualquiera y otra cosa es cómo la justifica. Pudo ocurrir que Newton descubriera la ley de gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza, pero para justificar eso como conclusión científica debió emplear el método compartido por la comunidad científica. Igualmente, el Presidente pudo arribar a una decisión por motivos egoístas o altruistas o por azar, pero lo que importa es que su decisión pueda ser justificada en base a las reglas que nos obligan a todos. Y es que justificar una conclusión o una decisión supone dar razones que todos puedan aceptar a la luz de las reglas. En cambio, los motivos que conducen a una conclusión o decisión quedan en la esfera íntima. Aplicado esto al problema, puede decirse que lo que interesa a los ciudadanos son las razones por las que se adoptan las decisiones, pero no los motivos por los que se arribó a ellas.

Los motivos son múltiples e inconmensurables; las razones no y suponen esgrimir principios. Los primeros son privados; las segundas, públicas.

Dicho de otro modo, la comisión investigadora tiene la facultad de indagar por las razones de las decisiones y juzgar si fueron adecuadas, emitiendo una apreciación política acerca de ellas, pero carece de facultades de inquirir por los motivos que condujeron a esa decisión. Desde el punto de vista de Miguel Crispi, él tiene el deber de comunicar y explicar las razones de las decisiones que haya contribuido a adoptar, pero no tiene el deber de comunicar las circunstancias precisas que equivalgan a motivos y que condujeron a esas decisiones, o más bien tiene la obligación institucional de callarlas.

Hay otra forma de precisar lo mismo.

Si se obligara a los asesores a revelar las circunstancias que configuran los motivos (v.gr. el Presidente estaba confundido por su propia situación, aconsejamos adoptar la decisión sin afectar las elecciones, etcétera), entonces las asesorías no existirían. Y es que la reserva respecto de los motivos y circunstancias es la condición de posibilidad de una asesoría, lo mismo, mutatis mutandis, que el secreto del abogado es la condición de posibilidad de la defensa penal o el secreto del periodista respecto de las fuentes la condición de posibilidad del periodismo de investigación.

Lo que la comisión investigadora debe evaluar es si la demora presidencial tenía razones o si, en cambio, carecía de ellas. Y eso puede ser más severo que fisgonear en los motivos.

"El Presidente pudo arribar a una decisión por motivos egoístas o altruistas o por azar o por estar afectado por la denuncia en contra suya, pero lo que importa es que su decisión pueda ser justificada en base a las reglas que nos obligan a todos".

La Contraloría General de la República detectó que cuatro hospitales regionales realizaron cirugías a funcionarios o a sus familiares, dándoles prioridad por sobre las listas de espera No GES.

Las auditorías fueron realizadas en los hospitales de Osorno, Angol, Talca y Ovalle.

En el primero de los casos el subdirector médico del Hospital Base San José de Osorno operó a su hermana, quien apenas estuvo dos días en la lista de espera cuando el promedio de espera para esa patología es 330 días.

En el Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres de Angol, se detectó que en 2023 se realizaron 3.324 cirugías, de las cuales 359 fueron practicadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red.

En el Hospital de Talca 121 funcionarios y familiares fueron operados en tiempos menores de espera respecto de la población general. Y en Ovalle la CGR detectó que en 16 casos se realizó una intervención quirúrgica a un funcionario o su familiar en la misma fecha que se suspendió la cirugía a otros pacientes.

Ante estas denuncias, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, anunció sumarios y dijo que "sabemos que, como demuestran las auditorías, hay ocasiones en que estas prioridades se rompen y eso no debería ocurrir".