Cristián Rojas M.

Luego de la controvertida carta de despido entregada a la directora del Área de Salud de la Corporación Municipal de Quilpué, una nueva polémica sacude a ese municipio, donde la Asociación de Funcionarios emitió una declaración en defensa de uno de sus socios, denunciando maltrato y presiones para firmar renovaciones de contratos para gente cercana a la alcaldesa Valeria Melipillán, quien hoy culmina su mandato.

En la declaración pública, la Asociación Unitaria de Funcionarios Municipales de Quilpué, expone que este martes "a las 16 horas, el funcionario de la unidad de Control Carlos Fredes Guerrero, en su calidad de contralor subrogante, fue citado a una reunión a la alcaldía, donde lo estaban esperando la alcaldesa, Valeria Melipillán, el administrador municipal, Pablo Piñones, y el director jurídico, Felipe Cornejo. En esta reunión se le solicito presentar la posición de la Dirección de Control frente a varios decretos de la unidad de Recursos Humanos que debían ser autorizados por Control para su total tramitación".

"El funcionario les expuso a los directivos que, no encontrándose aprobado el presupuesto municipal para el año 2025 por el Concejo Municipal, resultaba legalmente improcedente dar curso a estos decretos, ante lo cual la alcaldesa, junto con el administrador y el director jurídico insistieron intensamente en su aprobación, pese a los argumentos del funcionario, lo que a todas luces corresponde a conductas de hostigamiento y acoso".

"descompensación"

Luego de aquello, añade la declaración, "a las 16:45 horas nuestro compañero y socio Carlos Fredes se retiró de la alcaldía sufriendo una descompensación producto de la presión recibida por sus tres superiores jerárquicos, lo que terminó con él en la clínica y luego fue derivado a su casa con medicamentos asociados a su estabilización física y emocional, situación que hoy lo tiene con licencia médica".

Al respecto, el presidente de la Asociación Unitaria de Funcionarios Municipales de Quilpué, Christian Urízar, consultado sobre qué tipo de documento (s) le querían hacer firmar, precisó que se trataba de "contratos de funcionarios de esta gestión, para dejarlos amarrados un año más en la gestión municipal. Esas definiciones las tiene que tomar la alcaldesa que inicia su periodo y, además, con el presupuesto 2025 aprobado".

Si bien no tiene claro el número de funcionarios que se verían beneficiados con esa renovación de contrato, Urízar indicó que se trata de "gente de confianza de la alcaldesa que llegó durante su gestión, como la directora de Secplac, y otros directores de confianza que estuvieron con ella, dejándolos amarrados a propósito, trasladándolos y repartidos por todo el municipio, escondidos en distintos lugares, mandándolos a distintas reparticiones, y además con sueldos importantes y amarrados por todo el año 2025, taponeándole toda posibilidad a la nueva alcaldesa de tener a sus funcionarios de confianza, que es lo que corresponde. Si la ciudadanía dijo que la nueva alcaldesa gobernara, hay que escuchar a la ciudadanía, eso es democracia".

Versión de la alcaldesa

Consultada sobre el tema, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, explicó que "anualmente se realiza la renovación de 156 funcionarios a contrata en el mes de diciembre, dado que la notificación de desvinculaciones se hace en el mes de noviembre. Este año además contamos con el certificado de disponibilidad financiera para estos fines".

Aseguró que "la Dirección de Control efectuó observaciones sin asidero legal, por lo que en razón de lo anterior y en cumplimiento de las funciones legales, se instruyó por escrito a dicha unidad a proceder con lo solicitado".

"Descartamos tajantemente los dichos del señor Urízar, que continuamente ha buscado enlodar nuestra gestión en base a su interés político", afirmó Melipillán.

Finalmente, sostuvo que "descartamos cualquier situación de presión o maltrato ejercida sobre cualquier funcionario, ya que sólo se le comunicó al funcionario en cuestión que se le daría una instrucción por escrito, como línea jerárquica, para realizar este procedimiento, dejando la posibilidad abierta a que él se negara a ejecutar la acción, cuestión que él también solicitó, y habiendo acordado actuar así, se dio por terminada la reunión".

Ediles cuestionan el acto

Por su parte, el concejal Renzo Aranda (DC) dijo que cree "en el trabajo de los funcionarios a contrata, muchos de ellos llevan bastantes años en el Municipio, pero no comparto dejar un año más bajo esa figura a funcionarios que llegaron con el Frente Amplio a la Municipalidad, porque su proyecto fracasó y, por ende, deberían dejar sus funciones para que la nueva administración incorpore a quienes estime conveniente para llevar adelante su programa, si no, corre el riesgo de perpetuar prácticas y enfoques que pueden no estar alineados con las nuevas prioridades y visiones de la alcaldía entrante".

Y agregó que "ya hemos visto suficiente como para señalar que el municipio abierto de Quilpué tiene muchas situaciones de maltrato laboral, incluyendo a la Corporación Municipal. Les pediría un poco de dignidad en estos casos, su discurso al llegar al municipio era no realizar las prácticas de los antecesores, y están resultando ser peores".

En tanto, la edil Mónica Neira (RN) detalló que "en los decretos entregados para la habilitación de Control municipal había funcionarios antiguos de más de cinco años y también funcionarios de hace un año, todos juntos, por supuesto con la intención de dejar a personas cercanas del Frente Amplio trabajando en el municipio. Además, había decretos de funcionarios honorarios que pasaban a contrata, y eso no puede darse en este tiempo de cambio de administración".

"Esas definiciones las tiene que tomar la alcaldesa que inicia su periodo y, además, con el presupuesto 2025 aprobado".

Christian Urízar, Pdte. Asociación de Funcionarios

"Anualmente se realiza la renovación de 156 funcionarios a contrata en diciembre, dado que la notificación de desvinculaciones se hace en noviembre".

Valeria Melipillán, Alcaldesa saliente de Quilpué

Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones conformaron ayer la decimoquinta sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, reunión que por primera vez contó con la presencia del nuevo delegado presidencial, Yanino Riquelme.

La cita, que se extendió por cerca de hora y media y que contó con la fiscal regional, Claudia Perivancich, permitió que el Ministerio Público, las policías y el delegado Riquelme revisaran el trabajo realizado hasta ahora, además de definir las líneas prioritarias de trabajo de cara al año 2025.

El delegado presidencial explicó que en la sesión de ayer "fue un consejo más bien de revisión, un poco de cómo estamos funcionando y cómo pretendemos funcionar de aquí hacia adelante".

Detalló que "hemos hecho un repaso en general de cuál es el plan, cuáles son las prioridades, que tiene que ver con varios frentes de trabajo, pero principalmente en nuestra región en particular tiene que ver con el narcotráfico. Tiene que ver con cómo estas bandas organizadas, además, usan otros elementos como la extorsión, como el lavado de dinero".

Asimismo, precisó Riquelme que "se están definiendo también ya las prioridades para el próximo año. Eso lo estamos haciendo un trabajo bien coordinado con las distintas instituciones, pero además en coordinación con el Gobierno Regional, con el gobernador (Mundaca) en particular, porque también necesitamos financiamiento para los distintos proyectos, para los distintos planes, y ahí tenemos que buscar las distintas fuentes".

"se trabaja en puertos"

Por otra parte, luego de la primera Radiografía al Crimen Organizado que publicó la Fiscalía esta semana y que situó a la Región de Valparaíso como foco de delitos relacionados al tráfico de drogas y delitos con armas, el delegado reconoció que "sin duda, nuestra región está en una situación compleja, evidentemente".

Sin embargo, señaló que "estos planes y estos consejos, y la focalización que estamos haciendo en este Consejo contra el Crimen Organizado, justamente apunta a eso".

"Creemos que, efectivamente, el narcotráfico es un tema central en nuestra región, y ahí se está trabajando en las fronteras, se está trabajando en los puertos", subrayó.

En materia de comercio ambulante -una de las actividades que están vinculadas al crimen organizado, según el informe de Fiscalía-, el delegado Riquelme anunció que ya se reunió con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), para trabajar en planes de intervención en el entorno del Congreso y del Mercado Cardonal.

"Hay una preocupación desde el nivel nacional en esta región y, por lo tanto, todos los planes están en desarrollo".

Yanino Riquelme, Delegado presidencial