Acciones y discursos contra la inversión
El largo camino recorrido por el proyecto Dominga es un caso emblemático sobre lo mal que funciona la tramitación ambiental. Debe haber un cambio radical en el discurso político que demoniza cualquier iniciativa privada o megainversión sin tener argumentos técnicos de peso.
La reciente decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que revocó el rechazo del Comité de Ministros para el proyecto minero-portuario Dominga, es un ejemplo emblemático de lo mal que opera el sistema de tramitación de grandes inversiones en nuestro país. Para llegar a la situación actual, que aún no es definitiva porque hay apelaciones a la Corte Suprema anunciadas, el proyecto pasó por un largo proceso que ha sido impugnado dos veces ante tribunales ambientales y ha pasado otras tantas ante un Comité de Ministros. Luego de once años, tres gobiernos y muchos más ministros de por medio, nadie se atrevería a apostar que la iniciativa minera está más cerca de materializarse.
Esta falta de certidumbre no solamente afecta la llegada de capitales extranjeros a nuestro país, sino que amenaza proyectos que están en plena tramitación en la Región, varios de ellos propuestos por el mismo Estado chileno, para solucionar problemas de infraestructura portuaria, ferroviaria o sanitaria.
Muchos de estos megaproyectos implican grandes intervenciones en complejos procesos industriales, cuya mejor evaluación corresponde a especialistas y técnicos. La opinión de las comunidades involucradas, cuando las haya, debe ser puesta en las etapas iniciales del proceso de tramitación, con altos grados de participación, pero también con un mecanismo de resolución que garantice decisiones conclusivas.
Todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por la reforma al sistema de tramitación ambiental que está en curso, pero al mismo tiempo y con la misma rapidez, debe haber un cambio radical en el discurso político que demoniza malintencionadamente cualquier iniciativa privada o megainversión sin tener argumentos técnicos de peso. Lo que requiere el país, con urgencia, es un reimpulso que le permita regresar a un crecimiento económico que no solamente beneficiará a la comunidad, sino también al resguardo de esos bienes naturales, patrimoniales y comunitarios que son insustituibles.