Correo
Candidatos y sello local
Para quienes somos de centroderecha, es muy importante identificar las causas del fracaso para no repetir los mismos errores una y otra vez. Y en mi opinión, en la entrevista a María José Hoffmann no se identifica el más importante.
Los habitantes de esta región, y seguramente de otras, tenemos la convicción profunda que somos esclavos en el sentido de que parte de nuestro trabajo es disfrutado por otros a cambio de nada. Nuestros impuestos van a Santiago, pero no vuelven. Por ello, desde hace años luchamos por la descentralización, lucha en que el mayor éxito es la existencia de los gobernadores regionales, aunque aún con escasas facultades.
Entonces, a personas como yo, que se nos da como alternativa el Sr. Rodrigo Mundaca o la Sra. María José Hoffmann, que es santiaguina, tenemos que votar en blanco o bien por el Sr. Mundaca, que ha demostrado ser un luchador por la causa de la descentralización, más allá de su afiliación partidaria.
Por favor, no vuelvan a poner en la papeleta para gobernador regional a alguien de Santiago.
Héctor Castelletto Tassara
Inmigrantes ilegales
Leo en la prensa noticias que informan del estudio en el Congreso Nacional de iniciativas legales para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa en casos de migración irregular. Mientras tanto, en las fronteras, sin debido control, continúan todos los días ingresando ilegalmente cientos de personas que aumentan la cantidad de inmigrantes, cuyo número se nos ha hecho ya insostenible.
La actitud típica de nuestra dirigencia política: creer que las situaciones problemáticas se arreglan con leyes y no entender que, en este caso como en tantos, lo que se requiere es voluntad real de solucionar el problema y una gestión eficiente. Mientras no cierren y controlen debidamente las fronteras, las leyes en esta materia serán meros "fuegos de artificio".
Francisco Bartolucci Johnston
Reforma de pensiones
El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, ha sostenido que están a favor de un "pequeño reparto de un 0,5%", que iguala las pensiones entre hombres y mujeres, diferenciadas producto de las distintas tablas de expectativas de vida. Luego, el mismo legislador rectifica que la palabra reparto era incorrecta y la correcta era compensación.
Sea reparto o compensación, destinar un 0,5% de la cotización de los trabajadores a otros fines que no sean las cuentas individuales es, finalmente, un impuesto al trabajo.
Si se quiere igualar la pensión entre hombre y mujer a igual ahorro e igual edad, dos son los caminos técnicos para ellos. El primero, que las tablas de expectativas de vida sean unisex desde los 65 años -generando una compensación directa-; y la segunda opción es que dicha compensación sea a cargo de impuestos generales.
Cabe recordar que la Comisión Bravo, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, con 23 votos a favor y 1 abstención, aprobó casi de forma unánime eliminar las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo.
Eduardo Jerez Sanhueza
Autorregulación
Hace unos días se publicó una nota sobre la aprobación en el Parlamento de Australia de un proyecto que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Según expertos, el uso excesivo de estas plataformas no es beneficioso para los adolescentes, aunque, tras una lectura de la iniciativa, surgen dudas sobre si es la solución más adecuada.
La preocupación por los riesgos es legítima; sin embargo, la regulación total es difícil de controlar y podría ser más perjudicial. La gran popularidad de estas plataformas podría llevarlos a buscar alternativas aún más dañinas para eludir estas restricciones.
Así, en lugar de recurrir a este método, sería mejor promover la autorregulación desde los espacios en contacto con este grupo. En el caso de la publicidad en Chile, la séptima edición del Código de Ética Publicitaria del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar) pone especial énfasis en la protección de los menores y adolescentes (NNA), con el fin de proporcionar guías prácticas que ayuden a las marcas a hacer un correcto uso de las redes sociales, elevando los estándares que la misma industria ha definido.
Es crucial continuar reforzando las medidas que motiven a las marcas a actuar con responsabilidad, proporcionando un entorno seguro, mediante un enfoque adecuado, para abordar los desafíos que las redes sociales presentan hoy.
Maribel Vidal Directora ejecutiva Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar)
Principio de legalidad
¿Quién controla a la Contraloría? Es una pregunta que se han hecho distintos analistas, incluso el expresidente Sebastián Piñera (QEPD), con motivo que los dictámenes de Contraloría se veían como irrecurribles y sin posibilidad de revisión por parte de otro ente del Estado. Pero gracias al recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana con motivo del dictamen de la contralora general de la República en que pretendió abstenerse de conocer sobre la legalidad de las no renovaciones de los funcionarios a contrata, podemos ver una luz de la respuesta que por larga data ha existido.
En efecto, el recurso no pretende darle un contenido a si existe o no confianza legítima y de existir desde cuándo, porque más allá de la posición legítima que pueda tener cada cual sobre esta materia, lo cierto es que el recurso simplemente busca que la Contraloría cumpla la ley y conozca sobre aquellas materias que el legislador expresamente le ha otorgado, porque en derecho el fin no justifica los medios, lo que en materia jurídica se denomina genéricamente como el principio de legalidad.
Ante ello, podemos señalar frente a la pregunta sobre quién controla a la Contraloría, que es la misma ciudadanía la que tiene el poder de recurrir a tribunales para que el ente contralor cumpla la ley, mediante los propios mecanismos que la Constitución le ha entregado, como es el recurso de protección. Con esto podemos dar un suspiro importante respecto a que el imperio del Estado de derecho también rige para todos los órganos del Estado y, por supuesto, también para la Contraloría, porque no olvidemos que en definitiva cada uno de estos órganos son entelequias compuestas por personas y, como tales, pueden -y de hecho suele ocurrir- apartarse de la legalidad, atribuyéndose facultades respecto de las cuales no fueron investidas.
Raimundo Palamara Stewart Abogado, presidente Fundación Fuerza Ciudadana