Exigen medidas "urgentes" al MMA tras lapidario informe
VENTANAS. Oposición emplazó a la ministra Rojas a tomar acciones "inmediatas", mientras que el alcalde Morales pide investigar las 560 muertes que acusó el estudio.
Revuelo ha causado en las comunidades de Puchuncaví y Quintero el reciente informe elaborado por el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA) de Helsinki, Finlandia, organización que, a través de un informe de 28 páginas, reveló que los altos índices de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y material particulado fino, emanados por el complejo termoeléctrico Ventanas, estarían asociados a 563 muertes y 1.117 consultas de emergencias por asma, entre los años 2013 y 2020, de acuerdo a la investigación liderada por la analista Erika Uusivuori.
Alcalde exige investigar
Luego de conocer los resultados del informe internacional, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (indep.-RN), valoró "el esfuerzo del estudio, porque trata de poner sobre la mesa nueva información referente a los impacto que ha tenido la contaminación en la vida e integridad de los habitantes".
Respecto a las presuntas 563 muertes, señaló Morales que es "necesario dejar claro que no estamos hablando de números, estamos hablando de personas y sus familias, las cuales quedan sumamente impactados y preguntándose quiénes serán las víctimas que este informe detectó". Por ello, espera el edil que la investigación del CREA pueda ser "anexada a investigaciones judiciales abiertas que existen hoy en día sobre esta materia".
Subrayó en esa dirección que "tanto a mí como alcalde, como a nuestros vecinos, nos interesa que se esclarezcan todos los hechos relacionados con los episodios de contaminación registrados en la historia de nuestra comuna, y por ende, que se investiguen las responsabilidades asociadas".
Por otro lado, el alcalde Morales hizo un llamado al Gobierno a impulsar normativas ambientales más exigentes.
"Nuestro llamado es que el Estado y el Gobierno hagan su trabajo, desde el establecimiento de mayores normativas medioambientales, porque actualmente nuestra legislación es muy básica para proteger a nuestra comunidad. A esto se debe sumar una fiscalización mucho más exhaustiva", dijo.
"Necesitamos que el Estado cumpla con sus compromisos en torno a la remediación, reparación y recuperación que los habitantes de Puchuncaví se merecen", reforzó.
"medidas inmediatas"
Desde el Congreso también hubo reacciones sobre el estudio.
La diputada Camila Flores (RN) se mostró crítica, asegurando "más de 560 muertes y miles de crisis asmáticas son la consecuencia de años de negligencia, y este gobierno no ha hecho absolutamente nada para revertirlo".
"Cerraron Codelco Ventanas como un show mediático, pero las familias siguen pagando con su salud y su vida", añadió, exigiendo que "la ministra Maisa Rojas tome medidas inmediatas y deje de dedicarse a discursos ideológicos sin resultados concretos".
Muertes "inaceptables"
En esa línea, la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) dijo que es "inaceptable que estas personas hayan pagado con su salud e incluso con sus vidas el costo de una falta de control efectivo sobre las emisiones", lo que, a su juicio, evidencia una "negligencia estructural del Estado y de las autoridades responsables, que han permitido que estos niveles de contaminación persistan durante tanto tiempo".
Por ello, Barchiesi dijo que "es imperativo que el Gobierno actúe de inmediato", y que "la ministra Maisa Rojas y su equipo refuercen las políticas ambientales", con normativas "más estrictas, que incluyan monitoreos constantes".
Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (FA) destacó que dos de las cuatro plantas del complejo termoeléctrico Ventanas fueron cerradas en 2021 y 2022. Al margen de ello, manifestó que "se deben subir los estándares a las empresas, porque en nuestra región contaminan cinco veces más de lo que esas mismas empresas contaminan en Estados Unidos o Europa, porque nuestra norma es muy permisiva".
En ese marco, lamentó Ibáñez que hoy las plantas desalinizadoras no se someten a Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), dado que "no hay una norma de desalinización en nuestro país".
Tomás Lagomarsino (Partido Radical) se sumó a sus pares y concluyó que "el Estado tiene que cumplir aquellas órdenes que mandató la Corte Suprema hace algunos años y que no están cabalmente cumplidas, así como acelerar el proceso de descarbonización y cierre de la termoeléctrica a carbón del cordón industrial".
"Es inaceptable que estas personas hayan pagado con su salud e incluso con sus vidas el costo de una falta de control efectivo sobre las emisiones".
Chiara Barchiesi, Diputada (Partido Republicano)
"Exigimos que la ministra Maisa Rojas tome medidas inmediatas y deje de dedicarse a discursos ideológicos sin resultados concretos".
Camila Flores, Diputada (RN)
"Se deben subir los estándares a las empresas. En nuestra región contaminan cinco veces más que en Estados Unidos o Europa".
Diego Ibáñez, Diputado (FA)