El problema con las licencias médicas
La encuesta de Salud realizada por UNAB transparenta la facilidad que tienen los usuarios para acceder a permisos irregulares.
Junto con hacer un descarnado retrato de las deficiencias del sistema público de salud a nivel regional, una reciente encuesta realizada por la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la empresa Ipsos muestra que la mayoría de los usuarios no tiene tapujos ni obstáculos en conseguir una licencia médica falsa cuando la necesita. Más del 50% de los consultados cree que es fácil conseguir permisos médicos, ya sea por la compra de estos o a través de facultativos conocidos. Además, un 54% considera que es muy frecuente o medianamente frecuente que se formen empresas falsas para vender licencias médicas y sólo el 33% de las personas encuestadas cree que la formación de estas empresas es algo poco o nada frecuente. Sobre las razones que legitiman este tipo de conductas irregulares, la encuesta informa que un 78% está de acuerdo cuando se requiere una licencia médica para cuidar a un ser querido enfermo y un 70% si es para extender el período de pre y posnatal. Sin embargo, no se le atribuye legitimidad a esta práctica si es para evitar un despido (66% de desacuerdo), extender un período de descanso (78% de desacuerdo), asistir a eventos personales (81%) o viajar o tomar vacaciones (87% de desacuerdo).
Lo que no muestra el estudio es que la proliferación de esta práctica termina por perjudicar a los mismos usuarios, ya que contamina el proceso de otorgamiento de permisos médicos y obliga a la imposición de controles que demoran pagos y rechazan licencias emitidas correctamente por razones médicas reales. La imposición de mayores sanciones a este tipo de hechos en 2012 no redujo el fenómeno, lo que indica la necesidad de abordar el problema con una mirada más integral. En ese sentido, son valiosas las recomendaciones hechas este año por los exsuperintendentes de Salud, Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, quienes, con apoyo del Instituto de Salud Pública UNAB, propusieron una serie de cambios normativos, administrativos y de fiscalización que permitirían, al mismo tiempo, incluir medidas de flexibilización de las licencias y precisar el control de quienes emiten documentos falsos. Sería importante si dichas sugerencias se integraran al proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional y que pone demasiado énfasis en aspectos punitivos que ya han demostrado ser ineficaces cuando se aplican en forma aislada.