Sebastián Mejías O.

Senador con cupo RN, pero más hombre de Estado y de escasa ambición mediática, Kenneth Pugh enfrenta su último año en el cargo, sin certezas sobre su futuro y preocupado sobre los desafíos de modernizar la estructura pública, los problemas de la ciberseguridad y la necesidad de hacer de Chile una futura "República digital".

- Con respecto a la Ley de Ciberseguridad, en la que usted cumplió un rol importante, ¿cuánto avanza Chile en esta materia?

- La ley se promulgó en abril de este año y eso significa que la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la nueva institucionalidad, tiene que partir en 2025. Con esto ya se sabe a quiénes alcanza la ley. Hay empresas, especialmente las que producen servicios esenciales, infraestructura crítica como se le conoce, que ya saben que van a estar sujetos a la ley. Y esto ha permitido que adopten medidas de autorregulación, incluso antes de que el nuevo organismo entre en vigencia. Ya se han empezado a cambiar procedimientos, ya se está hablando en los directorios, en los gobiernos corporativos, sobre ciberseguridad, y eso da cuenta del logro. Ya se están haciendo inversiones e incluso han aparecido talentos. La profesión más demandada este año fueron los ingenieros en ciberseguridad. Adoptamos una legislación antes que muchísimos países europeos y con eso nos ponemos a la vanguardia en el continente.

- La ley aún no entra en vigencia. ¿Cuáles son los principales riesgos?

- Por supuesto, los riesgos son altos. Los ataques en el mundo han aumentado porque el crimen organizado se ha dado cuenta que es muy rentable efectuar ciberataques, especialmente con ransomware, que es el secuestro digital. Llegan, hacen ingeniería social, ingresan a los sistemas, los bloquean y a cambio piden dinero. Si en este tema de los ciberataques no hay una ética o asuntos ideológicos, sino mucho dinero. Estos ataques afectan principalmente a la industria y a la industria crítica sobre todo. En Chile, afortunadamente, existe conciencia de que los sistemas tienen que ser robustos y resilientes. Si en el mundo los ataques por ransomware aumentan, en Chile se ha mantenido estable porque se ha generado, a partir de la ley, cierta conciencia.

- ¿Quiénes son las principales víctimas en nuestro país y de dónde provienen los ataques?

- Los actores involucrados en este momento son actores que tienen alta capacidad, que usan gente especializada, están apoyados por inteligencia artificial y, básicamente, están detrás del crimen organizado, o bien son actores estatales encubiertos. Son grupos que se conocen como "amenazas persistentes avanzadas", los APT, que están todos numerados, identificados y son los que están haciendo estas acciones. Buscan, obviamente, debilitar países, destruir reputaciones y siempre detrás del dinero. ¿Quiénes son las víctimas? Como te decía antes, la infraestructura crítica, porque es sensible, dedicada, y es donde pueden tener mayor rentabilidad. Habiendo dicho eso, también las personas están siendo hoy afectadas por criminales de otra magnitud, que son los cibercarteristas, como se le llama y que hasta pueden imitar las voces, por medio de inteligencia artificial.

A una REPÚBLICA DIGITAL

- En términos generales, ¿qué tan atrasado está el Estado chileno a la hora de sacar partido a las tecnologías, al uso eficiente de datos, para ejercer su rol con mayor eficiencia?

- En Chile la tecnología no se está usando como debiera ser usada. Chile es un país que está a la vanguardia en conectividad digital. Tenemos las redes más rápidas, pero las estamos usando para las redes sociales y ver películas en Netflix, no para hacer más robusto el país, para poder intercambiar información y poder con esa información adelantarnos a los hechos. Hay una cantidad de información que podría ayudar a la gestión, pero, por ejemplo, cada ministerio o servicio guarda sus propios datos y no los comparte. Falta interoperabilidad y nos ha costado. Aquí debe haber un cambio cultural. Ni siquiera hablamos de un problema técnico, sino político. Tenemos que redefinir la función pública y transformarla por medio de tecnología.

- ¿En qué se tienen que poner de acuerdo los políticos para hacer más eficiente el Estado en el uso de sus recursos por medio de la tecnología?

- Pasa que hoy día estamos en las cavernas digitales a nivel de Estado y te diría que incluso en algunas empresas, que no han sido capaces de entender esta transformación. Mira, mi propuesta es la siguiente: yo estoy convencido que Chile va a ser, y te lo puedo garantizar, una 'República digital', y eso se va a dar por la razón, pero también por fuerza de los datos. Hoy día las economías del mundo se mueven con los datos y esos datos deberían estar de forma transparente en los sistemas, conectados entre sí.

-¿Eso garantizaría la probidad?

-La transformación de la función pública se dará mediante la transformación digital, permitiendo que las personas tengan acceso a la información que es abierta, pública, de forma directa, sin tener que ni siquiera preguntar, o que alguien tenga que trabajar para buscar esa información. Lo que espera la ciudadanía son respuestas rápidas, que el dinero público se use bien, que las cosas no se atrasen, ni perder el tiempo innecesariamente en burocracia. Cuando tú tienes transparencia en los sistemas digitales y en la información pública, la probidad llegará sola.

Su futuro en política

- El próximo año hay recambio de senadores. ¿Usted quiere ir a la reelección?

- Bueno, todos los que hacemos política estamos deseosos de poder seguir participando, pero esas cosas no dependen de uno mismo, sino de muchos factores, y uno de ellos es que vamos a tener un nuevo sistema político. O sea, hay varios elementos. Yo voy a esperar prudentemente. Soy una persona prudente, nunca me he anticipado, nunca he adelantado una votación y tampoco, siendo consecuente con lo que he dicho, voy a decir ahora que sí o que no. Yo voy a seguir en políticas públicas, por supuesto, no tenga ninguna duda, y voy a estar disponible, pero va a depender de otros, probablemente, las cosas que ocurran con mi carrera política el próximo año.

"Voy a estar disponible, pero va a depender de otros, probablemente, las cosas que ocurran con mi carrera política el próximo año".

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron lesionadas la tarde de ayer, tras inhalar gases tóxicos mientras efectuaban faenas al interior de una mina ubicada en la comuna de Hijuelas, Provincia de Quillota, que no cuenta con permiso para operar.

La tragedia se produjo pasadas las 14.00 horas en la mina La Fe, de propiedad de la sociedad Minera La Culebra y localizada en el sector El Bellotal, cuyos trabajadores trasladaron inicialmente a los afectados hasta el Cesfam de Ocoa. No obstante, el personal de salud primaria, debido a que se trataba de una emergencia probablemente química, no pudo brindarles atención por los riesgos que ello conllevaba.

Ante ello, los operarios se dirigieron hasta la Clínica Los Leones, de La Calera, lugar donde se confirmó el deceso de A.A.L.F., de 50 años, y G.H.A. M., de 47, mientras que los heridos, A.A.C.C. (37) y J.I.L.C. (39), quedaron internados con diagnóstico reservado.

Investigación

El seremi de Minería, Jaime Rojas, informó que "se trataría de una mina irregular, que no contaba con un plan de cierre y tampoco con un inicio de actividades por parte de Sernageomin".

Sobre las circunstancias que rodearon el hecho, la autoridad señaló que "todo eso es materia de investigación. Nosotros, como Ministerio de Minería, somos muy rigurosos en el tema de cómo ocurren estos incidentes, estamos hablando de que es una faena que no contaba con permisos, por ende, la investigación va a ser mucho más severa, sobre todo por las condiciones que tenía la mina".

El director regional de Sernageomin, Christian Orellana, corroboró que la mina "no contaba con los permisos correspondientes para poder operar, por lo tanto, hay una faena irregular, y a partir de aquello estamos levantando toda la información para poder hacer el respectivo informe en conjunto con los demás organismos sectoriales con facultades de fiscalización".

Ante lo ocurrido, el diputado Diego Ibáñez (FA) pidió a la Fiscalía "que investigue a fondo lo ocurrido, se determinen las causas del fallecimiento de las dos personas, se establezcan responsabilidades y también se tomen medidas para evitar que se repitan este tipo de incidentes en el futuro".

Su par Jorge Brito (FA) indicó que "hemos oficiado a Sernageomin y al Seremi de Minería para lograr un catastro de todas las faenas mineras ilegales que pueden estar funcionando en lo que antes fueron minas y hoy se encuentran abandonadas".

La Fiscalía instruyó al Labocar y OS-9 el desarrollo de diligencias investigativas.

"Se trataría de una mina irregular, que no contaba con un plan de cierre y tampoco con un inicio de actividades".

Jaime Rojas, Seremi de Minería