Por María José Arriagada
Un llamado al Ministerio de Economía a trasparentar el real impacto que tendría la modificación de la Ley de Pesca en la industria y a los senadores a generar un debate técnico más allá que ideológico, realizó el economista Patricio Arrau, quien, en conversación con El Mercurio de Valparaíso, ahondó en los impactos de una redistribución de cuotas pesquera entre sectores artesanales e industriales pese a que la actual normativa cedía derechos hasta 2032. El proyecto de ley está hoy en el Senado.
La nueva Ley de Pesca, según plantea el Gobierno, es un avance contundente en transparencia, equidad e impulso al desarrollo de este sector en el país. En la misma línea, el proyecto contempla normas para resguardar la transparencia en todos sus niveles, con el fin de evitar la presión de terceros para la definición de las normas reguladoras.
Ojo a las cuotas
Uno de los puntos clave de la reforma es la disminución de las cuotas de pesca para las grandes industrias pesqueras. La reducción de éstas, explica la iniciativa, busca equilibrar la explotación de los recursos con la conservación del medio ambiente, favoreciendo a la pesca artesanal y promoviendo una distribución más equitativa de los recursos marinos.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre los actores del sector industrial y también artesanal, quienes alertan sobre los posibles efectos negativos en la economía. La pesca industrial es un pilar importante de la economía chilena, particularmente en regiones como el Biobío, Los Lagos y Magallanes, donde miles de personas dependen de manera directa de este sector para su sustento. Con una reducción de las cuotas, se estima que algunas empresas podrían enfrentar una caída en sus ingresos, lo que impactaría directamente en la creación de empleo y las exportaciones de productos pesqueros. Sin ir más lejos, algunas simplemente cerrarían.
En este contexto, en conversación con El Mercurio de Valparaíso, el economista Patricio Arrau señaló que "hoy día tenemos un sector pesquero que es una potencia pesquera, estamos en el quinto lugar mundial. Lo que queremos es seguir expandiendo el sector y haciéndolo cada vez más generador de riqueza, empleo, valor agregado, ingresos fiscales y todo en un contexto donde, por cierto, hay que conciliar intereses".
En la misma línea, indicó: "El Ministerio de Economía tiene la obligación de hacer todos los análisis técnicos rigurosos sobre los impactos de lo que está proponiendo, más que andar denunciando a un sector por falta de crédito o de reputación. Por lo tanto, yo invito a los senadores a que analicen los impactos de esta ley".
Amenaza al empleo
Uno de los mayores temores que genera esta modificación es el que tiene relación con un aumento en el desempleo en las zonas pesqueras más dependientes de la industria, especialmente en la pesca de jurel y anchoveta, cuyos mercados internacionales son fundamentales para la economía del país. Además, algunos actores del sector advierten que la reducción de la cuota puede fomentar prácticas ilegales de pesca y la evasión de la normativa si no se acompañan de un control más riguroso y políticas de incentivos a la pesca sustentable.
Arrau fue tajante al asegurar que el panorama no es alentador: "La idea de cambiar una ley es mejorarla, es que entregue mayores oportunidades, empleo, desarrollo, algo mejor para el país, no que lo destruya".
De igual forma, sostuvo que "el empleo en el sector industrial de consumo humano, es muchísimo más alto que el empleo en las plantas de procesamiento de harina de pescado. Es importante que entiendan que con esta modificación cerca de 2.000 empleos directos se verían afectados".
Incertidumbre
Otro problema que Arrau indicó es que, al "cambiar las reglas del juego", las empresas no verán con confianza a nuestro país, puesto que hay que recordar que la actual ley tiene vigencia hasta 2032 y su modificación se está realizando a sólo 11 años de su aprobación.
"Nadie va a invertir sin saber que la regla del juego se va a mantener hasta el final. El dinero de las inversiones está congelado en la Región del Biobío y es debido a que las empresas pesqueras necesitan renovar sus buques, invertir en nuevas tecnologías y no lo van a hacer, porque si les están quitando la capacidad de comprar y obtener la materia prima que necesitan para seguir este proceso, entonces no pueden arriesgar sus inversiones", enfatizó Arrau.
"Tenemos un sector pesquero que es una potencia pesquera, estamos en el quinto lugar mundial. Lo que queremos es seguir expandiendo el sector y haciéndolo cada vez más generador de riqueza, empleo, valor agregado, ingresos fiscales y todo en un contexto donde, por cierto, hay que conciliar intereses".
Patricio Arrau, Economista