Sin ánimo de estropear la celebración del Año Nuevo y el efecto que tiene el espectáculo de los fuegos artificiales sobre el turismo y el comercio de Viña del Mar, cabe precisar que desde hace al menos dos años la competencia por hacerse de las licitaciones municipales se ha trasladado a las oficinas, a trámites burocráticos y a impresentables delaciones cruzadas sobre el incumplimiento del otro competidor en carrera. Todo derivado de una pelea entre los hermanos catalanes Mario Igualt, ya fallecido, y Patxi, históricos proveedores del show pirotécnico en la Ciudad Jardín y en muchas otras ciudades del mundo.

Hace exactamente dos años la ciudadanía tuvo que empezar a convivir con la decisión de instituciones como la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y el Instituto de Investigaciones y Control (IDIC), ambas dependientes del Ejército de Chile, entes ante los cuales, tras el gaffe de fines de 2002 en Viña y Valparaíso, se hizo un desatado lobby ante el Ministerio de Defensa para autorizar fuegos fuera de norma con el fin de favorecer a los proveedores que no cumplían. Pero la DGMN terminó rechazando toda innovación creativa, generando una fuerte caída de las reservas hoteleras y pérdidas millonarias.

Hoy lunes, el Concejo Municipal extraordinario de Viña deberá visar o rechazar la propuesta del cambio de proveedor por trato directo diseñada por la administración de Ripamonti para evitar el desastre. Esto será entregarle la responsabilidad a la empresa colombiana "El Vaquero", proveedora de Valparaíso y vinculada a Jorge Cayuman, exsocio de los Igualt, el mismo que no dejó boleta de garantía para el papelón de 2002, cuando fue su empresa la que no pasó los filtros del IDIC.

Pero hay algunos detallitos: el show pasará ahora de 21 minutos a sólo 18, como dice "El Vaquero" en estas mismas páginas. Serán 6 puntos de lanzamientos y no 7. ¿Qué pasará con el estándar de bajos decibeles para las personas con TEA y la protección del medioambiente exigidas? Vaya uno a saber. ¿Los concejales leerán la licitación 3929-71-LR24 y la demanda que anunció Piroespectáculos antes de votar? Dios así lo quiera.

Pero como equivocarse con platas públicas es gratis en este país y como tampoco se puede esperar mucho de la actual bancada opositora, lo más seguro es que ésta cederá a la presión del municipio y del comercio, forzando a cambio un inoficioso sumario administrativo para determinar responsabilidades. Ello, contando en teoría con los votos para asestar un golpe político de marca mayor a la administración de Ripamonti, con toda la impopularidad que una decisión así conllevaría.

Pregunta final: ¿Tendrán los ediles de derecha la valentía de atender a su conciencia o, como ya lo han demostrado en el Concejo, serán puro "cacareo" y poca sustancia?

La crisis penitenciaria se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes de la actualidad, y el brutal asesinato y decapitación de Vicente González en la cárcel de Concepción demuestra que las falencias del sistema son tan evidentes que resulta imposible seguir ignorándolas. En términos simples, este caso evidencia de forma concreta profundas deficiencias: la falta de control sobre el uso de armas, de vigilancia efectiva en las horas de encierro y la poca consideración de las conductas y múltiples sanciones anteriores del victimario, son urgencias que de haberse puesto en valor podrían haber evitado este terrible homicidio.

Uno de los últimos informes de Espacio Público describe una realidad desalentadora: el incremento sostenido de la población carcelaria en los últimos tres años y el aumento significativo de la prisión preventiva desde 2010, han derivado en una sobrepoblación aproximada de 25% a nivel nacional.

En la Región de Valparaíso, la situación ha alcanzado cifras alarmantes, existiendo cuatro recintos penitenciarios que superan el 200%, siendo Limache el más crítico de ellos. Estas cifras reflejan la insostenible presión ejercida sobre el sistema penitenciario, producto de una estrategia de seguridad equivocada, que apostó por la "mano dura" sin evaluar los efectos que esta tendría en las cárceles.

Aunque gran parte de la discusión actual se ha centrado en el problema del hacinamiento y la sobrepoblación, enfrentar la crisis no se reduce simplemente a incrementar el número de plazas. La verdadera crisis del sistema penitenciario radica en nuestra falta de visión estratégica a largo plazo. Esta debe ir más allá de propuestas punitivas, centrándose en reducir de manera efectiva la comisión de nuevos delitos y abordando de forma responsable fenómenos tan complejos como el crimen organizado al interior de las cárceles.

Lamentablemente, las cifras muestran que hemos sido sistemáticamente incapaces de romper los círculos de violencia y, más grave aún, hemos renunciado a una de las funciones más fundamentales de un estado democrático: prevenir la reincidencia. Esta omisión se evidencia en las numerosas muertes por agresiones y suicidios, así como en el 51% de riesgo (alto o muy alto) de reincidencia entre quienes terminan de cumplir condena para 2023, según datos de la AMUCH. Por último, la difícil situación de Gendarmería también es sintomática: las licencias médicas pasaron de cerca de 20.000 en 2012 a más de 60.000 en 2023, lo cual no es un mero detalle administrativo, sino el indicio de un ecosistema agotado.

¿Por qué el debate público sigue girando en torno a propuestas que no buscan resolver los problemas del sistema? La respuesta puede ser un poco incómoda: defender políticas estructurales que, desde una mirada crítica y un conocimiento profundo de la gestión pública, buscan mejorar las condiciones de las personas, es considerablemente más complejo que alimentar el discurso simplista y reactivo de la "mano dura". Así, el desafío para los tomadores de decisiones es tan urgente como inevitable, exige valentía política y una visión integral de los problemas. Sólo a través de ellas podremos superar la compleja crisis penitenciaria en la cual nos encontramos actualmente.