Redacción

La decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de apelar ante la Corte Suprema para revertir el fallo del Tribunal Ambiental a favor del proyecto minero y portuario Dominga, generó críticas por parte de sectores productivos y políticos, entre los que se incluyen aliados del Gobierno.

El lunes se supo de este recurso que pretende que el máximo tribunal sostenga la decisión del Comité de Ministros de comienzos de 2023, que rechazó la construcción de Dominga en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, por el impacto ambiental que podría tener. El Tribunal Ambiental decidió el 9 de diciembre que la instancia gubernamental actuó de manera sesgada, porque al menos dos de sus miembros debieron inhabilitarse a causa de su postura conocida contra el proyecto y ordenó una nueva evaluación.

De cara a esa nueva vista del Comité de Ministros, todos los integrantes del gabinete anunciaron que esta vez sí se inhabilitarán, lo que genera una situación inédita, pues no está establecido quiénes deberían reemplazarlos. Además, se anunció que el Gobierno recurriría a Contraloría por el fallo.

"Demora adicional"

Ante la decisión del SEA, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, lamentó que esto se va a expresar en una demora del proyecto Dominga.

Apuntó que "el SEA, teniendo formalmente el derecho, no tenía ninguna obligación de recurrir a los tribunales para revertir la sentencia, considerando que existen otros intervinientes que tenían la misma facultad. Por el contrario, tenía la posibilidad de orientar la corrección del procedimiento y de la decisión anulada por la sentencia".

Añadió que "la determinación del SEA va a generar una demora adicional a uno de los proyectos de inversión que, paradójicamente, está incluido en el Catastro de Inversiones Mineras que realiza Cochilco para los próximos 10 años, que contempla más de 83 mil millones de dólares, y que ha sido tan celebrado por las autoridades".

Se sumó a las críticas el exministro del Trabajo y expresidente del PS Osvaldo Andrade, quien representa al Sindicato Nacional de Faeneros y que en Ex-Ante expuso que su colectividad "se olvida de que si hay algo que define al Partido Socialista es su identidad con el mundo del trabajo" y "debería priorizar los temas de mujer y los temas de los trabajadores. Empezando en primer lugar con el tema de los trabajadores. Aquellos que piensan que hay que priorizar los temas medioambientales cometen un error".

"Manipulación"

Esta postura fue rechazada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien sin mencionar a Andrade afirmó en Cooperativa que la empresa Andes Iron hace "una manipulación que no es muy ética al usar la necesidad que tenga la gente local desde el punto de vista del trabajo". Y añadió que "esto va a quedar como un registro que es imposible después de reparar; no se puede, una vez que alguien se equivoca, empezar a reponer los peces, los pingüinos".

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo en radio ADN que al acudir a Contraloría "estamos ocupando los instrumentos que la ley nos entrega" y añadió que "ambientalmente la situación en La Higuera está más crítica".

"La labor de los jueces no es pronunciarse a favor -por decirlo con una caricatura- del pingüino de Humboldt, o, en cambio, a favor del puerto. La labor de los jueces es custodiar imparcialmente la ley".

De todos los asuntos públicos, el de Dominga es uno de los más relevantes, especialmente ahora que la autoridad ambiental, obrando como lo haría un litigante particular, persigue anular una decisión de un tribunal ambiental, estirando así un proceso que lleva una década.

¿Qué hay detrás de todo esto?

El conflicto entre el avance técnico o el desarrollo, por una parte, y la naturaleza o la vida apacible, por la otra, es antiguo y ya aparece, por mencionar una obra conocida, en el Fausto, de Goethe. En la segunda parte de esta obra, Fausto, quien ejemplifica el sueño modernizador de la técnica, se enfrenta, hasta aplastar, a dos personajes (Filemón y Baucis) que viven en medio de un bosque de tilos:

"Los viejos de arriba -dice Fausto- debieran marcharse; yo desearía para mi residencia el paisaje donde hay esos tilos (…) Aquellos pocos árboles que no son míos me desbaratan la posesión del mundo…".

El caso de Dominga plantea también ese mismo dilema, ese mismo enfrentamiento entre la técnica o la racionalización moderna, por una parte, y el anhelo de mantener la naturaleza o la vida en comunidad sin alteraciones, equilibrada, por la otra.

Es obvio que en la sociedad contemporánea ese dilema no puede resolverse a favor de uno solo de sus términos, sería absurdo y hasta cierto punto irracional, proteger una especie a costa del bienestar humano o, por la inversa, perseguir este último depredando sin contemplaciones la naturaleza. De ahí entonces que el derecho medioambiental (al contrario de lo que se cree cuando se lo ideologiza) procura mediante diversos mecanismos y procedimientos equilibrar ambos bienes. Los proyectos requieren presentar estudios en los que se evalúe el impacto sobre el medioambiente y la forma de mitigarlo. Y una vez que esos estudios son presentados, están sometidos a procedimientos administrativos y judiciales cuyo propósito es alcanzar ese equilibrio.

Se malentiende la legislación entonces, y las autoridades públicas malentienden su quehacer, cuando se piensa que su único deber, o el predominante o el más urgente, es la protección de la naturaleza o el medioambiente a cualquier coste, cuando de lo que se trata es de equilibrar lo que pudiera llamarse el impulso fáustico de la modernidad (el anhelo de bienestar material mediante la transformación del medio), por un lado, con la convicción de que el medioambiente natural es una herencia que ha de legarse a quienes vendrán (porque él sería también parte del bienestar), por el otro. Aferrarse ex ante a uno de esos lados y a partir de allí decidirlo todo, es un malentendido grave, puesto que la legislación medioambiental exige simplemente discernir con racionalidad cómo o de qué forma intervenir el medio equilibrando, hasta donde eso es posible, los intereses en juego y a la vista del bienestar social.

Ese discernimiento no es político, no se trata de que quienes intervienen en él (los ministros, por ejemplo) deban decidir a la luz de una cierta ideología global (por ejemplo, conservacionista). Tampoco, si fuera el caso, apoyar un proyecto por el simple hecho de que incremente el producto. De lo que se trata, en cambio, es de discernir si los bienes en juego lograron ser equilibrados mediante los procedimientos que prevé la ley.

La labor de los jueces, por su parte, tampoco es pronunciarse a favor -por decirlo con una caricatura- de la naturaleza o el pingüino de Humboldt, o, en cambio, a favor del progreso y del puerto. La labor de los jueces es custodiar la ley, examinar si las decisiones están fundadas en los criterios que el derecho contiene, y verificar si se han respetado los procedimientos y si acaso se han ponderado razonablemente los antecedentes técnicos presentados en medio del desarrollo del proyecto.

En eso consiste el Estado de derecho: las decisiones no se adoptan ni en base a la subjetividad ni a la luz de una ideología, sino discerniendo lo que las reglas dicen.

Esto es especialmente relevante de recordar ahora que el Servicio de Evaluación Ambiental ha decidido recurrir a la Corte Suprema a fin de anular la decisión del tribunal ambiental. Por supuesto, está en su derecho formal de hacerlo, pero el peligro es actuar como un litigante más que como una autoridad administrativa deferente con las decisiones -ya adoptadas- de los jueces ambientales.