En el debate público, solemos asumir que nuestras dificultades para generar progreso se deben principalmente a la falta de consensos sobre temas cruciales o a trabas burocrático-administrativas como los permisos y los impuestos. Aunque esta percepción tiene mucho de cierto, sospecho que el problema es más profundo: nuestra incapacidad de ejecutar eficazmente aquello en lo que logramos ponernos de acuerdo.

Hace poco reflexioné en otra columna publicada en este mismo medio sobre cómo la eficiencia y la productividad son condiciones necesarias para avanzar como país. Hacer las cosas "a la chilena" debería dejar de ser sinónimo de improvisación, chapucería o viveza, y pasar a significar rigor, calidad, cumplimiento de plazos y respeto por los presupuestos. En esa misma línea, me parece que en el ámbito público muchas veces no concretamos lo que nos proponemos. Descuidamos incluso tareas que no generan controversia, simplemente porque nadie asume la responsabilidad, porque nos falta disciplina metodológica y capacidad de organización.

Un ejemplo reciente ilustra este punto. En una entrevista, la embajadora saliente de Estados Unidos en Chile mencionó, respecto al riesgo de perder el programa Visa Waiver, que "es muy difícil en dos años y medio compensar las desatenciones de los primeros ocho". Como chileno, no me cuesta imaginar a qué se refiere.

Recuerdo también una anécdota personal. Hace más de 20 años conocí en Europa a una amiga catalana, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, que había elegido Chile como objeto de estudio para su investigación. Al preguntarle por qué nuestro país, me respondió que se había sorprendido gratamente al analizar nuestras políticas públicas en su área de interés. Lleno de orgullo, pensé: "Claro, Chile no es cualquier país".

Sin embargo, al conversar con ella tras su estadía en Chile, su impresión había cambiado. Me dijo algo que nunca olvidé: quedó igualmente sorprendida por la distancia entre lo que estaba en el papel y lo que vio en la práctica. Su desilusión fue casi total al observar que mucho de lo planificado apenas se implementaba. En ese momento pensé: "Sipo… Chile".

En Chile nos pasamos haciendo diagnósticos, diseñando estrategias de "alto nivel", pidiendo cambios legislativos. Pero seguimos fallando en lo más básico: llevar los acuerdos a la práctica. Por ejemplo, en nuestra región, ¿qué tal si empezamos por resolver problemas cotidianos? Reparar ascensores, limpiar nuestras ciudades, mejorar el transporte público, reducir el déficit habitacional.

Obviamente, estas tareas son solo el comienzo, e involucran tanto a los actores públicos como privados. También podríamos recuperar la zona patrimonial de Valparaíso, implementar las rutas escénicas ya identificadas, modernizar la infraestructura de parques nacionales como La Campana para atraer más turismo, y avanzar en proyectos tecnológicos desde nuestras universidades en conexión con empresas locales y globales. Asimismo, transformar la zona de sacrificio de Ventanas en un ejemplo de desarrollo sostenible sería un hito necesario: solucionar de una vez por todas los problemas ambientales, generar beneficios concretos para las comunidades y atraer más industrias.

Y, por supuesto, es urgente resolver la parálisis de los puertos de San Antonio y Valparaíso, pilares clave de nuestra economía.

La pregunta del millón sigue siendo cómo organizarnos de manera eficiente. ¿Cómo logramos que actores públicos, privados, académicos y ciudadanos trabajen juntos de forma efectiva? ¿Cómo aseguramos que todos sintamos que estamos avanzando, cerrando brechas, aunque sea paso a paso?

Chile no necesita más diagnósticos ni promesas, tampoco tantos cambios legales. Necesita acción. Es hora de arremangarnos y demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien.

Coincidiendo con la festividad cristiana de Navidad, el Presidente ha decidido otorgar un indulto a una mujer condenada a 20 años de prisión como autora del delito de parricidio, respecto de su cónyuge varón. No comentaré los detalles del caso (un buen resumen puede hallarse en Ex Ante) ni los argumentos que esgrimió el ejecutivo para conceder esta gracia.

Sin embargo, la ocasión es propicia para reflexionar sobre la vigencia de esta prerrogativa a favor de personas condenadas por sentencia firme en el contexto de un Estado Democrático de Derecho. Revisando la doctrina y jurisprudencia comparadas, existen al menos nueve argumentos para justificar la existencia del indulto.

Empecemos por lo básico. El indulto lo único que hace es eliminar o conmutar la pena impuesta por la comisión de un delito. A diferencia de la amnistía, el delito no se borra ni se olvida, sino que sólo decae la pretensión punitiva del Estado. El indulto puede ser general, si es otorgado por el Parlamento a través de una ley; o particular, si es concedido en un caso concreto y en favor de personas determinadas, por el Poder Ejecutivo.

Los argumentos teóricos que justificarían el indulto son:

1) El argumento histórico. Este es el más flojo de todos, pues se construye sobre una falacia. Dado que el ordenamiento jurídico lo contempla desde tiempos inmemoriales, entonces la potestad de indultar estaría justificada ideológicamente.

2) El argumento de la creencia. Bastante discutible, porque se basa en una justificación cuasi religiosa: quien puede castigar, puede también perdonar, como el Dios bíblico. El otro inconveniente es que posiciona indebidamente al Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

3) El argumento de la equidad. Se funda en la distinción entre justicia y equidad. Según Aristóteles, justicia y equidad son esencialmente lo mismo, pero en caso de duda el juez debe preferir la equidad, ya que esta última tiene la virtud de corregir la generalidad y abstracción de la ley.

4) El argumento del error judicial. Si bien ningún juzgador humano es infalible, la tasa de falibilidad es extremadamente baja. Así las cosas, otorgar al Ejecutivo la posibilidad de "corregir" errores marginales de los tribunales es peligroso, porque desnaturaliza el principio de la separación de poderes.

5) El argumento de la clemencia. Es una variante mejorada del segundo argumento, pues el perdón no se sustenta en motivos religiosos, sino en la conducta del penado atendiendo al contexto en que se cometió el delito.

6) El argumento negativo, que sostiene que son los propios tribunales y no otra autoridad, quienes están mejor preparados y en mejores condiciones para analizar todas las variables de la ecuación.

Dejaremos para una próxima columna los tres últimos argumentos, y la relación que habría entre indulto y misantropía.