De verdadera odisea calificaron varios medios argentinos el camino que más de 20 mil trasandinos hicieron a través del paso fronterizo Los Libertadores para pasar las fiestas de Año Nuevo en Chile, principalmente en Valparaíso y Viña del Mar, donde podrán disfrutar, después de muchas visicitudes, del tradicional espectáculo pirotécnico en la bahía. Las esperas de 12 horas en los controles fronterizos de ambos lados, los graves problemas de seguridad carretera que tienen la vías en Argentina y la implacable revisión que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Chile -una barrera sanitaria indispensable-, son mencionados como los principales escollos en el largo trayecto que deben hacer los mendocinos y habitantes de los alrededores para cruzar a nuestro país. Ninguno de estos problemas o atrasos refleja un servicio migratorio moderno, capaz de responder a los incrementos de atención con rapidez y eficacia. La avalancha de argentinos que busca pasar las fiestas de fin de año en nuestro país y luego, con seguridad, quedarse para los primeros días de la temporada estival, no es una sorpresa para nadie. Desde hace meses que el paso Los Libertadores ha visto un incremento del tránsito desde el país vecino para aprovechar los mejores precios que encuentran aquí en productos importados. Es el llamado "turismo de compras", que permite al comercio proyectar un verano singular, de altos ingresos. Por todo esto, llama la atención que el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristián Aravena, hablara el sábado de un movimiento inusual para explicar el atochamiento en el Paso Los Libertadores.

Sin embargo, más allá de las deficiencias demostradas por el servicio para atender esta continencia, existe un problema estructural que atender. No puede ser que el principal paso fronterizo entre Chile y Argentina tenga deficiencias de infraestructura pública en ambos lados de la cordillera, incluidas las rutas de acceso. Atender este problema debe ser un objetivo estratégico de ambas naciones, porque la implementación de un paso fronterizo moderno y eficiente permitirá no solamente solucionar el problema que viven los turistas, sino mejorar el tránsito de cargas y con ello un intercambio comercial que es vital para las economías del Cono Sur.

El ejercicio del periodismo es una de las principales salvaguardas de la democracia. Un periodismo fuerte, independiente y libre es fundamental para fiscalizar al Estado y a los tres poderes a través de los cuales cumple su labor: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso es grave la denuncia realizada recientemente por un parlamentario, que afirmó que hay periodistas de medios de comunicación pagados por un abogado acusado actualmente de extender redes de influencia y corrupción entre tribunales.

Los periodistas pueden ejercer su profesión en medios de comunicación o al servicio de intereses públicos o privados que requieren asesoría mediática. Es decir, pueden trabajar en medios tradicionales o digitales, o en instituciones públicas o en empresas. Pero lo que un periodista éticamente no debe hacer es trabajar en ambos ámbitos al mismo tiempo y que su labor termine atrapada por intereses en conflicto. Por ejemplo, no se puede reportear para un medio en el municipio y, al mismo tiempo, asesorar al alcalde o al concejal de turno.

Aunque sea obvio, la razón de lo anterior radica en que uno de esos dos intereses terminará cediendo ante el otro, y lo delicado sería que el interés del asesorado lleve al periodista a descuidar o condicionar su labor en el medio, que por imperativo ético debe estar al servicio de la verdad, de la sociedad, los principios democráticos y los derechos humanos.

La denuncia parlamentaria nos lleva entonces a recordar que hay una frágil frontera entre el deber ser de los periodistas, al tenor del código de ética que los rige, y la conveniencia que vean estos profesionales en servir profesionalmente intereses de terceros a cambio de una remuneración. ¿Es posible que existan periodistas comprometiendo éticamente su labor mediática a cambio de dinero? Sería ingenuo negar esa posibilidad, y por eso la formación deontológica en las universidades debe ser una constante, de preferencia durante toda la formación de pregrado, y el público debe denunciar al profesional que tuerce su camino.

Un periodista con esa "doble militancia" no sólo vulneraría deberes éticos. Su acción, además, genera desigualdad en el acceso al público, pues el asesorado gozará del privilegio de contar con "vitrina preferente" en el medio de comunicación, la que no tendrán otras fuentes, aun cuando reúnan todos los requisitos noticiosos para tener difusión.

Y hay un efecto nocivo en esa inequidad, equivalente al que produce el lavado de dinero: con este se distorsiona el mercado, generando una competencia insalvable para la empresa honesta. En el caso de las comunicaciones, el no privilegiado queda relegado a la indiferencia y al silencio informativo, terminando invisibilizado.

La verdad y la ética en el periodismo, más la vigilancia ciudadana, son fundamentales para construir y mantener una sociedad más democrática y justa.