Dentro de los postergados nombramientos en la Municipalidad de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti nombró a contar de hoy a la ingeniera comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, Camila Brito Hasbún, como gerenta general de la aguachenta Corporación Municipal en reemplazo de Jorge Cea. Asimismo, el abogado de la PUCV, Xavier Palominos, sucederá a Abbas Abi-Raad en la dirección jurídica del propio ente.

¿Por qué es importante este anuncio? Por varios motivos, siendo el primero la consolidación de una profesional de excelencia como Camila Brito, quien debió cargar desde comienzos de la administración Ripamonti con las críticas de supuestamente haber sido sumada al equipo municipal sólo por ser la hermana del diputado Jorge Brito, cosa que consiguió desmentir a punta de silencioso trabajo.

Segundo, es una nueva rectificación en la gestión de la alcaldesa al sacrificar otro nombre de su matriz política surgida en las bases del diputado Brito, como son Jorge Cea y anteriormente el exjefe de gabinete, Janna Sakalha, además de la directora jurídica municipal, Hiam Ayllach, vinculada a Jaime Bassa. No es menor que tanto Camila Brito como el abogado Palominos asumirán con una disminución del 35% de los infladísimos sueldos que se llevaban Cea y Abi-Raad, que bordeaban los $8,4 y $6,7 millones, respectivamente, y que bastante incomodidad habían causado en el propio municipio. Tampoco es baladí que, al igual que Sakalha, todos ellos apelen a las licencias médicas para postergar sus salidas.

¿Es esto una derrota para el diputado Brito? En ningún caso. Tal como Ripamonti, quien fue su asesora en la Cámara de Diputados, y pese a algunos de sus excesos tales como sus posiciones bastante extremas respecto de Israel (el embajador Gil Artzyeli terminó tratándolo de "miserable") y la protección de la fauna marina (el capítulo de los "pescados sintientes"), el ingeniero civil talquino también ha enmendado el rumbo, convirtiéndose en el gran referente regional de la facción RD del Frente Amplio y superando en muchos aspectos al senador Juan Ignacio Latorre, y a los diputados oficialistas Diego Ibáñez y Tomás de Rementería, como voz del conglomerado, pese a sus múltiples diferencias públicas y privadas con el Presidente Gabriel Boric y su administración, además de la genuina influencia que mantiene en los municipios de Viña del Mar y Valparaíso, factor que -de no mediar nada extraordinario- debiera transformarlo en senador por la Región de Vaparaíso a fines del próximo año.

El terrorismo en Chile es una realidad. Basta pensar en el triple asesinato de Carabineros en Cañete perpetrado en abril de este año o en el atentado ejecutado en San Antonio en agosto pasado. Lamentablemente, nuestra actual ley antiterrorista ha sido completamente ineficaz. En efecto, en 20 años sólo ha habido una condena. Esto, como si el terrorismo no existiera en nuestro país, algo completamente incomprensible. No por nada nos encontramos -según el índice Global de Terrorismo 2024- en el N° 17 a nivel mundial. A esto se agrega el reciente informe de Estados Unidos vinculado a la eventual presencia de Hezbolá en Chile.

De ahí que la nueva regulación antiterrorista sea extremadamente necesaria y urgente. El proyecto que aprobamos en el Congreso Nacional se basa en la experiencia comparada, principalmente en el modelo español y alemán. Así, pone el foco en la organización terrorista, pero sin dejar de reconocer la existencia del delito terrorista individual como lo es el llamado "lobo solitario". Por regla general, el tipo penal es compuesto, una serie de delitos base que se consagran más las finalidades terroristas que se amplían. Junto con ello, se consagran delitos terroristas objetivos.

Acostumbrados a una regulación persecutoria, esta nueva ley no sólo profundiza la persecución penal, sino que -por primera vez- pone también el acento en el ámbito preventivo, dando la señal de que lo más relevante es impedir que se cometan actos terroristas. Lo anterior, a través de la obligación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública de elaborar una estrategia integral contra el terrorismo.

Por otro lado, se refuerzan las técnicas especiales de investigación (como agentes encubiertos, reveladores e informantes) -ya incorporadas con la ley 21.577- y se dota de nuevas facultades, como el denominado IMSI Catcher. Asimismo, se establece una nueva regla -emulando la Audiencia Nacional en España- que busca esencialmente resguardar la independencia judicial frente a presiones externas de organizaciones terroristas, permitiendo que el conocimiento y juzgamiento de los delitos sea competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En otros avances, se establece la obligación de elaborar una propuesta de reparación a las víctimas y se sanciona también la conspiración y la incitación al terrorismo.

En definitiva, la nueva regulación constituye una propuesta sólida que permitirá enfrentar integralmente el terrorismo con herramientas modernas y una visión sistémica. Sin duda, un gran avance.