Gian Franco Giovines D.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por Duna Viva contra la Municipalidad de Viña del Mar, que tenía como fin invalidar el permiso de obras concedido al edificio Alto Santorini, proyecto que se emplaza a un costado del campo dunar de Concón y a pasos los socavones que afectaron en el año 2023 a los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca.

El recurso judicial, interpuesto en 2019 por el abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz, solicitaba dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio n° 13.060 y la Resolución Municipal n° 804 de ese mismo año, y que, por consecuencia, se invalidara el permiso de obras concedido en 2017 por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) a la Constructora Vimac y la Inmobiliaria Lote 21 SpA.

Lo anterior, debido a que el proyecto no contaba con una evaluación ambiental previo a su aprobación en la DOM, pese a que el proyecto de US$ 46 millones se encuentra a un metro del campo dunar de Concón, afectando a su frágil ecosistema, según denunció el colectivo Duna Viva, que agrupa a la Fundación Yarur Bascuñán y a la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

"Sendas obras de construcción ya han afectado irreversiblemente el campo dunar, generando movimientos de arena y modificación morfológica del sector", advirtió el recurso judicial en 2019, cuatro años antes de los dos socavones que se produjeron en la calle Costa de Montemar, a 90 metros del edificio Alto Santorini.

Encrucijada municipal

Tras varios años en que la exalcaldesa Reginato defendió la validez del permiso emitido por el entonces director de la DOM, Julio Ventura, la causa fue heredada por la alcaldesa Ripamonti, dejando en una posición incómoda a la jefa comunal.

Y es que si bien Ripamonti fue enfática el año pasado en que "no se va a construir ningún edificio más" en suelo dunar, su administración finalmente defendió la validez del permiso emitido por la DOM, solicitando a la Corte de Apelaciones el rechazo del recurso presentado por Duna Viva.

Esto, se presume, ante una eventual demanda de Vimac que significara un grave perjuicio para las arcas comunales.

En el litigio, el municipio, representado por la abogada María José Corvalán, arguyó que la DOM, si bien no puede otorgar la recepción definitiva de proyectos sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, esta exigencia no aplica al otorgamiento del permiso de edificación.

La Inmobiliaria Lote 21, por su parte, compareció como tercera coadyuvante y se alineó con la solicitud del municipio, argumentando que, según las instrucciones del Ministerio de Vivienda, las Direcciones de Obras deben exigir la RCA únicamente antes de la recepción definitiva de las obras, es decir, una vez el proyecto ya está construido.

Sentencia del tribunal

Finalmente, tras casi cinco años de tramitación, el 26 de diciembre la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso presentado por el abogado Gabriel Muñoz.

En detalle, el tribunal de alzada reconoció que "carece de competencia" para pronunciarse sobre el mérito de la decisión de la DOM, que rechazó la solicitud de invalidación del permiso de edificación.

Señaló que la impugnación de Duna Viva se fundamenta en "presuntas ilegalidades del permiso de edificación original cuya invalidación fue rechazada, y no en eventuales vicios del acto administrativo específico que ahora se impugna".

"En virtud de lo razonado, y considerando que el reclamo no se fundamenta en eventuales vicios del acto administrativo impugnado, sino en alegaciones relativas al permiso de edificación original cuya invalidación fue rechazada, se concluye que el reclamo de ilegalidad de autos debe ser desestimado", sentenció la Corte.

Cabe señalar que el fallo contrasta con lo propuesto por la fiscal judicial Nel Greeven Bobadilla, que había recomendado al tribunal regional acoger el reclamo de ilegalidad.

Tras el fallo, el abogado Gabriel Muñoz aseveró que está estudiando otras acciones.

"El fallo fue notificado recién el viernes pasado, por lo que estamos estudiando sus considerandos para, eventualmente, y si correspondiera, ejercer las acciones que otorga el ordenamiento jurídico para (apelar) ante la Corte Suprema", manifestó.

Desde la otra vereda, tanto la Municipalidad de Viña del Mar como la Inmobiliaria Vimac decidieron no referirse al fallo judicial.

Cambios en el proyecto

De esta forma, el edificio Alto Santorini continúa su curso en el Servicio de Evaluación Ambiental, que calificará el proyecto el próximo 27 de marzo.

La iniciativa, no obstante, contempla modificaciones respecto a su presentación original, consistentes en la eliminación del edificio de oficinas, de 10 pisos, y la reducción de la torre residencial, que pasará de 28 a 15 plantas.

"Considerando que el reclamo no se fundamenta en eventuales vicios del acto administrativo (...), se concluye que el reclamo de ilegalidad debe ser desestimado".

Fallo judicial, Corte de Apelaciones Valparaíso

"Estamos estudiando sus considerandos, para eventualmente, (...) ejercer las acciones que otorga el ordenamiento jurídico para (apelar) ante la Corte Suprema".

Gabriel Muñoz, Abogado de Fundación Yarur

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Información publicada ayer por el Diario Oficial da cuenta que la Seremi de Vivienda acogió la solicitud que hizo la Municipalidad de Viña del Mar para postergar los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en el área de Reñaca Norte Costa, en tanto realiza los estudios para la modificación parcial del Plan Regulador para el área antes mencionada.

Con ello se completará el máximo de doce meses que tiene la alcaldesa para aplazar el congelamiento de permisos y avanzar en el cambio del plan regulador.

Sobre este tema, Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, indicó que "la modificación parcial del plano regulador comunal para el sector Reñaca Norte en el borde costero es una propuesta inconstitucional e ilegal elaborada por el anterior equipo de asesores del municipio de Viña del Mar". Lo precisa porque, a su juicio, el municipio "dice proteger una zona con valor ecológico y peligro de remoción en masa, pero ha indicado que no someterá la modificación a una evaluación ambiental estratégica ni tampoco ha indicado cuáles son los parámetros que se pretenden fijar en el nuevo plan regulador para la zona".

"Lo que pretende el municipio es un verdadero acto expropiatorio, colocando requisitos hechos a la medida para impedir o bien encarecer al infinito los costos de los proyectos y así hacer imposible la construcción, generando serias responsabilidades legales al municipio, que incluso tendría que indemnizar a los propietarios de los terrenos por los daños", sentenció.