Gobierno desiste de la compra de casa de Allende por $ 933 millones: "No es posible"
PIE ATRÁS. Una de las propietarias del inmueble es la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del fallecido mandatario, y habría recibido dineros por la venta, lo que podría haber infringido la Constitución. Contratos fueron firmados el 31 de diciembre.
El Ministerio de Bienes Nacionales anunció anoche, a través de un comunicado de prensa, que el Gobierno desistió de la compra de una de las casas del Presidente Salvador Allende, el inmueble donde celebró la elección que lo llevó a La Moneda, en 1970, ubicada en Guardia Vieja 392, en el centro de Providencia, Región Metropolitana, por ser una de sus propietarias la ministra de Defensa y nieta del exmandatario, Maya Fernández Allende, lo que constituiría un conflicto de interés y una posible infracción a la Constitución, haciendo inviable la operación.
La compra de la casa de Allende era por 933 millones de pesos y formaba parte de una transacción mayor, que contempla la adquisición de dos inmuebles pertenecientes a herederos del expresidente Patricio Aylwin ($1.300 millones), también ubicados en Providencia: las tres propiedades se convertirían en sitios de memoria, es decir, museos dedicados al legado de los fallecidos mandatarios.
Al cierre de esta edición, y pese a que más temprano el Gobierno había señalado que la compra de la casa de Allende era "un proceso en curso", el Ministerio de Bienes Nacionales indicó que tras evaluar "en su mérito" cada una de las etapas, "como parte de este proceso, y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario".
Infracción
La compra del inmueble podría haber constituido una infracción a la Constitución, que prohíbe contratos entre el Estado y sus secretarios. El artículo 37 bis señala que "durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado".
Si la Contraloría hubiese tomado razón de la operación final, haciéndola válida, el Estado le habría estado pagando a la ministra Fernández Allende, quien vive en el inmueble de Guardia Vieja, propiedad suya y de su hermano, Alejandro, comprada por cerca de $500 millones a la senadora Allende.
Bienes Nacionales explicó en el comunicado que "este proceso se ha impulsado como parte de la iniciativa de inversión patrimonial establecida en la Ley de Presupuestos 2024 y se ha desarrollado conforme a la legalidad vigente. El proceso contempla distintas etapas previas a la compraventa que incluyen, entre otras, la dictación de un decreto que autoriza la adquisición de los inmuebles, decreto que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el pasado 20 de diciembre".
La cartera precisó que "la compra de la residencia del expresidente Aylwin se mantiene". "Como Gobierno seguiremos promoviendo la preservación del patrimonio de nuestro país". "La vida y la obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio de Chile y es rol del Estado conservar y difundir su legado", finalizó.
Allende vivió en Guardia Vieja entre 1954 y 1971, años en que fue Presidente y, antes, senador, para luego mudarse a la casa ubicada en Tomás Moro, Las Condes. El inmueble de Providencia perteneció luego a la senadora Isabel Allende, hija del Presidente, donde recibió al juez español Baltasar Garzón, quien ordenó la detención de Augusto Pinochet en 1998.
Contratos firmados
Bienes Nacionales informó más temprano que "el 31 de diciembre se firmaron los contratos de compraventa con ambas familias (Allende y Aylwin) en una notaría. Ahora se debe firmar el decreto de aprobación de la compra por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y se deben inscribir los inmuebles a favor del Fisco ante el Conservador de Bienes Raíces. Una vez que estén inscritos, se concreta el pago a las familias".
Tanto la ministra Fernández como el Presidente Boric estuvieron ayer en viaje al Polo Sur, en una inédita gira oficial, y no se habían referido a este tema hasta el cierre de esta edición.
No obstante, desde la UDI habían advertido que acudirían a Contraloría para que se pronunciara "respecto a este opaco negocio que involucra a una ministra", mientras que RN buscaría que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) investigara un eventual sobreprecio de la propiedad.