Claudio Ramírez

Preocupados está un grupo de vecinos que son propietarios de terrenos en la ribera del río Aconcagua, en Quillota, frente a la posibilidad de un desalojo.

Esto, a raíz de un estudio que está en marcha y que desarrolla la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP, que va a permitir al Ministerio de Bienes Nacionales redelimitar los sitios privados ribereños.

"Tuvimos una reunión con la DOH y nos dijeron que van a ser más de 700 viviendas y 1.200 predios los que van a ser desalojados desde Los Andes a Tabolango y en el sector de la Ligua y Petorca", comentó Elizabeth Jeldes, una de las vecinas afectadas, pues subrayó que de acuerdo a ese análisis, su propiedad y la de otros cuatro vecinos estarían ubicadas en el cauce del río.

Todo legal

"Yo no he hecho nada mal, realicé todo legal, tengo todo como corresponde y cumplo con la ley, pago mis contribuciones, entonces no tengo porque irme y dejar mi sueño botado", agregó la vecina, quien apunta que para dicho estudio se están tomando en cuenta los límites que tenía el río hace 100 años y no el DS 609/78 que está vigente y que apunta a periodos de retorno de cinco años.

"Para efectos de la DOH, las cinco propiedades están en el lecho de río y, por lo tanto, estaríamos haciendo uso de un bien nacional de uso público, por lo cual indica que tenemos que salir de allí y desalojar la propiedad", observó.

Pero ese no es el único tema por el cual reclaman los vecinos. Indican que en diciembre de 2023, la entidad realizó en el sector una serie de trabajos para prevenir los efectos de las crecidas del afluente por los deshielos de la cordillera, pero a diferencia de ello, lo que provocó fue que el río se haya acercado a los predios.

"La DOH trajo maquinaria a trabajar y con las lluvias y todo lo que se produjo perdimos la mitad de la propiedad. Yo tengo el río a 30 metros de la casa", remarcó Jeldes, quien junto a sus vecinos inició acciones legales.

Acciones

En ese contexto, se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que a fines de noviembre del año pasado fue rechazado. En el marco de ese proceso, la DOH señaló que ejecutó un proceso de conservación de emergencia en el cauce del río Aconcagua sin haberlo modificado.

Actualmente hay una apelación en curso ante la Corte Suprema, a la espera de una resolución.

El abogado de los vecinos, Ruggero Cozzi, subrayó que todos los propietarios cuentan con sus títulos de dominio inscritos, pagan contribuciones, por lo cual es incomprensible que sean tratados como si estuvieran en una toma irregular.

"Acompañamos un informe topográfico que acredita un despojo de propiedad que, en el caso de algunos recurrentes, ronda el 50% del terreno. Los recurrentes tienen inscripciones de dominio vigentes, pagan contribuciones, tienen permiso de edificación. Sin embargo, la DOH y la DGA no respetan el derecho de propiedad. Se les está tratando como si fueran una toma irregular que pueden ser desalojados sin expropiación ni indemnización", dijo el abogado, que espera que la Corte Suprema revise los antecedentes en su mérito.

Deslindes

El exabogado jefe de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Ciappa, subrayó que los deslindes de un cauce natural con propiedades ribereñas se fijan conforme a las normas del Código Civil y del Código de Aguas, que dice claramente que cauce es el suelo que el agua ocupa en sus crecidas periódicas u ordinarias.

"El Reglamento contenido en el DS609 complementa lo anterior, indicando que son extraordinarias aquellas crecidas que superan el periodo de retorno de 5 años", explicó el profesional, agregando que "la definición de deslindes se hace por medio de un decreto del Ministerio de Bienes Nacionales y la DOH participa como informante".

Asimismo, observó que desde la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la DOH ha adoptado criterios ampliando los deslindes del cauce para efectos de la evaluación ambiental.

"La DOH ha dictado resoluciones internas que instruyen evaluar permisos ambientales considerando el cauce con un periodo de retorno de 100 años. Ahora, busca aplicar esos criterios internos a una situación de deslindes regulada en la ley y en el reglamento ya referido (DS 609)", explicó.

Finalmente, consultada la entidad estatal por esta situación, declinó hacer comentarios al respecto.

"No he hecho nada mal, realicé todo legal, tengo todo como corresponde y cumplo con la ley. No tengo porque irme".

Elizabeth Jeldes, Vecina afectada

"Se les está tratando como si fueran una toma, que pueden ser desalojados sin expropiación ni indemnización".

Ruggero Cozzi, Abogado de vecinos

Despejado se veía ayer el entorno del Congreso Nacional, luego que Carabineros decidiera retirar a los comerciantes ambulantes que habían normalizado, sin restricción, sanción o reconvención alguna, el uso del espacio público.

Cabe recordar que a inicios de diciembre pasado, en una reunión de carácter protocolar, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), había manifestado su preocupación por esta situación a la jefa de la V Zona de la policía uniformada, general Patricia Vásquez, quien asumió esta jefatura en noviembre de 2024.

De igual forma, el senador Francisco Chahuán (RN) sostuvo recientemente un encuentro con Vásquez, instancia en la cual el legislador remarcó la necesidad de intervenir áreas neurálgicas de la Ciudad Puerto.

Para concretar este despeje, Carabineros reubicó las vallas que rodean el Congreso, generando un área de exclusión en las veredas de Pedro Montt y la Av. Argentina, acción que, a su vez, permite el libre tránsito peatonal.

"Quiero agradecer a la general la disposición de una zona de seguridad alrededor del Congreso Nacional, debido a que se estaba transformando en una de las preocupaciones por el comercio ilegal que se estaba comenzando a instalar en el lugar", precisó Chahuán.

No obstante esta medida, el comercio ambulante sigue presente en el sector y sólo a pasos del Congreso, ya que ante esta restricción los ambulantes redoblaron su presencia en calles cercanas y sobre todo en el frontis del Mall Paseo Ross, cuya vereda se encontraba ayer copada de comerciantes informales, pese a la presencia policial.

La Seremi de Energía realizó un balance de los subsidios eléctricos otorgados en la Región de Valparaíso, que sumaron 186.876. En términos de porcentaje de cobertura, la comuna de Petorca lideró este indicador, con el 49% de los hogares beneficiados, lo que equivale a 11.152. Le siguieron San Esteban y Villa Alemana (46%) y Catemu (45%). En lo que respecta a cantidad de hogares favorecidos, el mayor número correspondió a la comuna de Valparaíso, con un total de 26.973, seguida por Viña del Mar, con 24.862. En cuanto a residencias con pacientes electrodependientes, se favoreció a 227.