Claudio Ramírez

En la antesala de acuerdos concretos en el Senado por la reforma de pensiones, un estudio de percepción realizado por Acierta Consultores en las regiones de Valparaíso y Metropolitana reveló que un 69,1% de las personas rechaza la propuesta de que una parte de las cotizaciones sea dirigida a un fondo común administrado por el Estado.

Por el contrario, sólo un 28,2% se mostró favorable a esta posibilidad, mientras que un 2,7% no supo o prefirió no responder.

"La desconfianza hacia la administración estatal de fondos es, ciertamente, un factor significativo. Sin embargo, hay otras razones importantes que también deben considerarse", comentó el socio director de la entidad, Francisco Avello.

El ejecutivo destacó, entre ellas, la percepción de propiedad y control sobre los ahorros previsionales. "A raíz de los retiros previsionales permitidos en circunstancias excepcionales, muchas personas tomaron conciencia de que esos fondos eran realmente suyos", dijo Avello.

En ese plano, complementó que este acceso directo a los ahorros reforzó la noción de propiedad personal, lo que incrementa la renuencia a ceder el control de esos recursos a una entidad estatal que podría manejarlos como parte de un fondo común.

"Otro aspecto a considerar es la transparencia y la eficiencia en la gestión estatal. Muchas veces, las entidades estatales pueden parecer opacas o poco eficientes en la gestión de fondos, lo que alimenta la desconfianza y puede influir en el escepticismo de las personas", remarcó el profesional.

Indicó que la falta de claridad sobre cómo se utilizarán los fondos, junto con temores de ineficiencia o corrupción, puede fortalecer la percepción negativa. "Por tanto, estos elementos podrían justificar el deseo de muchos de mantener el control individual y directo sobre sus ahorros previsionales", puntualizó.

Pgu: no más impuestos

En tanto, un 57,3% de los encuestados rechaza la idea de pagar más impuestos para que el Estado pueda incrementar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Estos se acentúa en los consultados mayores de 40 años, donde un 61,1% se opone.

"Existen impuestos que se aplican prácticamente a todos, como el impuesto a los combustibles, el impuesto territorial y el IVA, entre otros. En conjunto, estos tributos suelen asfixiar a la clase media, que generalmente es la más desamparada, ya que no cuenta con un nivel de ingreso suficiente para valerse por sí misma", explicó al respecto Avello, añadiendo que ese factor influye.

"Esta clase media tampoco ocupa un lugar privilegiado entre los beneficiarios de los aportes o subsidios que ofrece el Estado, lo que agrava su situación. En ese sentido, da la sensación de que la gente no ve con buenos ojos pagar más impuestos para ningún fin específico, ya sea para el pago de pensiones o para cualquier otra causa", observó, subrayando que "los impuestos en general gozan de una negativa bastante transversal en el sistema económico chileno".

En suma, el ejecutivo resume que el dato de la encuesta al respecto subraya una clara reticencia a aumentar la carga impositiva como solución para mejorar las pensiones.

Solidaridad familiar

Otra de las consultas de la encuesta apuntó a la posibilidad de destinar parte de la cotización obligatoria a un familiar directo, como la madre o el padre. Un 63,1% de los consultados está de acuerdo con este planteamiento, lo que sugiere que la solidaridad intergeneracional dentro de las familias se percibe como una solución aceptable para muchos encuestados. "Más allá de que sea una alternativa viable, es crucial que la decisión final venga de los parlamentarios y del Gobierno que están llevando adelante las negociaciones. Sin embargo, es importante reconocer que rara vez las soluciones son totalmente claras, oscuras o unidimensionales, y siempre habrá matices en cualquier sistema, ya sea de capitalización individual o de reparto", opinó el experto.

Respecto al reparto, indicó que aunque técnicamente es inviable porque no hay suficiente base para sostener a quienes se encuentran ya en edad de retiro, cuando se aplica de manera directa a un familiar, la perspectiva cambia.

"Esto sugiere que el problema quizás no sea el reparto en sí, sino la forma en que se administra y la eventual desconfianza (...) que puede existir en la ciudadanía al momento de que el Estado o una entidad pública se haga cargo de sus ahorros", explicó.

Agregó que en el caso de las personas que no tengan hijos, evidentemente estarían en una situación de desigualdad frente a quienes los tienen, por lo cual el Estado debería jugar un rol. "En el caso de un matrimonio que tenga un hijo, la cotización de ese hijo, probablemente, no alcance para cubrir la pensión de su padre y de su madre. No obstante, toda ayuda que signifique poder complementar el rol del Estado es muy significativa", manifestó.

Consenso de cambio

En lo que sí hay coincidencia mayoritaria entre los consultados es que se requiere reformar el sistema de pensiones. Y es así que el 81,2% de los participantes respalda la idea de llevar a cabo cambios que resulten en un aumento de las pensiones actuales.

"Creo que, al margen de quienes promueven la solidaridad o los sistemas de reparto y quienes apoyan el aumento o el reforzamiento de la capitalización individual, todos coinciden en que la reforma no puede esperar más. Se ha intentado en gobiernos anteriores sin éxito y es crucial avanzar. Si bien es probable que no se concrete tal como lo pretendía este Gobierno, alcanzar un acuerdo significativo sería un hito importante", cerró.

"La desconfianza hacia la administración estatal de fondos es, ciertamente, un factor significativo".

Francisco Avello, Acierta Consultores