El proyecto de extensión ferroviaria del Merval desde Limache a Quillota, La Cruz y La Calera, representa la inversión ferroviaria más importante en la Región de Valparaíso, con 680 millones de dólares, y permitirá extender las ventajas en conectividad del tren a una población beneficiaria de 1.118.449 personas.

Durante el mes de septiembre de 2024, EFE ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la Adenda, documento que da cuenta de la respuesta a las 562 observaciones recibidas de los organismos públicos y de la comunidad durante la primera etapa. Durante este proceso, el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó 2.000 sondajes arqueológicos para el trazado de 26 kilómetros y el SEA estableció un nuevo periodo de participación ciudadana, que se extendería hasta el 12 de diciembre, con el objetivo de que la comunidad pueda acceder a la información, conocer los detalles de la Adenda, así como presentar sus consultas y nuevas observaciones.

En ese contexto, la pregunta respecto de las prioridades del país es central. El estándar regulatorio de las exigencias de Monumentos Nacionales o las reclamaciones identitarias respecto de comunidades indígenas o el nivel de respuesta de nuestros organismos públicos en el contexto de la permisología, hacen poner en la balanza si las necesidades de la mayoría y el sentido de urgencia que requiere la ejecución de este tipo de infraestructuras (con el debido cuidado del medioambiente y la comunidad), son proporcionales a los resultados y el valor del rescate patrimonial o al beneficio de la recuperación de la identidad cultural de nuestros pueblos originarios o al resguardo de los intereses mayoritarios de nuestras comunidades, en el contexto de los largos procesos y tramitaciones en nuestros servicios públicos.

Da la impresión de que esa proporción se ha desorientado y ha dejado de mirar el interés superior de la inmensa mayoría y los proyectos que podrían mejorar la vida de cientos de miles de personas simplemente pueden esperar o no ejecutarse.

La infraestructura ferroviaria no es sólo un medio de transporte, sino una herramienta para conectar comunidades, reducir desigualdades, incentivar el desarrollo urbano y reactivar la economía de toda el área metropolitana y de la región. Las señales para la confianza ciudadana de la senda del progreso, la confianza en las instituciones y su regulación y la confianza para que se concreten inversiones de todo tipo se han instalado en el ámbito de lo imaginario y han perdido su valor.

Esta realidad marca la tendencia de crecimiento país en menos del 2% (para los próximos 10 años). Y una región donde el crecimiento promedio anual apenas llegó al 1,2% en la última década -frente al 1,9% nacional- y que sólo captará el 2,6% de la inversión total del país entre 2024 y 2028 (US$ 1.629 millones), debe movilizarnos tras el fin común del crecimiento económico como propósito de la sociedad y dejar atrás la desconfianza al desarrollo y la inversión. Las trabas permanentes a los proyectos de infraestructura crítica de nuestra región no sólo retrasan el desarrollo, sino que también perpetúan brechas sociales y económicas que afectan a los más postergados.

Como gremio, entendemos que el desarrollo debe ser inclusivo y sostenible. Y en esa línea creemos que proyectos como el metro a La Calera, la ampliación portuaria, el tren Valparaíso-Santiago y las obras de infraestructura hídrica de la región interior, no sólo generan empleos, sino que también transforman vidas, al garantizar acceso a servicios esenciales como salud, educación y trabajo. Y, además, tienen un impacto positivo en el ánimo y la autoestima de las personas.

En este contexto, valoramos la Ley de Permisos Sectoriales, recientemente aprobada, y la vemos como una oportunidad para superar las barreras burocráticas, pero debe implementarse con visión y agilidad. No basta con desatar nudos administrativos; es necesario recuperar la confianza y el respaldo de la ciudadanía, demostrando que estos proyectos son la base para mejorar su calidad de vida.

No podemos seguir esperando que las soluciones vengan de Santiago. Es momento de construir alianzas sólidas entre el sector público, los privados, las organizaciones sociales, la academia y las comunidades, para destrabar proyectos y priorizar el desarrollo de nuestra región y la calidad de vida de nuestros vecinos.

Esto no se trata sólo de infraestructura; se trata de justicia social, equidad y desarrollo sostenible. En nuestra región, miles de personas aún carecen de agua potable, viven en campamentos o enfrentan largos desplazamientos para acceder a servicios básicos. Por eso, reactivar los proyectos clave es una forma concreta de cerrar esas brechas y cumplir con una deuda histórica hacia quienes más lo necesitan.

El próximo 10 de enero los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela. Ese día, según la constitución venezolana, debiera juramentarse y asumir su mandato presidencial de seis años el candidato que venció en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, esto es, Edmundo González Urrutia. En cualquier país normal, la posta del poder sería un momento ceremonial, republicano y hasta emotivo, pero Venezuela -secuestrada hace años por Nicolás Maduro- es cualquier cosa, menos un país normal.

Maduro y sus esbirros no gobiernan un Estado soberano, sino una porción de territorio. Conceptos como gobierno, Estado y soberanía no aplican para el caso del sátrapa, cuya administración se ha degradado tanto que actualmente no es más que una organización terrorista, como en su momento lo fueron el Estado Islámico y Boko Haram. A ojos del mundo, Maduro se ha convertido en el líder de una siniestra, cobarde y vulgar organización terrorista.

Lo anterior no es baladí, porque el "club de los dictadores" siempre ha tenido reglas no escritas; códigos morales que ningún dictador osaría romper, a riesgo de caer en la deslegitimación más absoluta, incluso, para los estándares de los propios tiranos.

Pues bien, esto es precisamente lo que han hecho Maduro, Cabello, Padrino, los Hermanos Rodríguez y Tarek Saab. Todos estos personajillos mediocres y siniestros no gobiernan Venezuela, sino que administran una organización terrorista que carece de códigos y que, por lo mismo, ha caído en desgracia para el mundo entero, incluyendo a supuestos aliados como Rusia, China e Irán, que le han soltado la mano al régimen. Maduro lo sabe. Como una bestia acorralada, el tirano sabe que sus ojos pronto parirán el fin y que se vendrá la noche oscura, negra como la carne del cuervo hostil.

La oportunidad, en principio, es el próximo 10 de enero. Hay rumores de que ese día el presidente electo Edmundo González ingresará a Venezuela junto a una delegación de varios expresidentes de la región e, incluso, se afirma que podría hacerlo en un avión militar de los Estados Unidos.

Sin embargo, el día clave, el día "D", es hoy, 9 de enero. En una brillante movida estratégica, María Corina Machado ha convocado al pueblo de Venezuela a manifestarse pacíficamente en apoyo a Edmundo González y por la recuperación de la democracia. Esta jornada es clave porque las Fuerzas Armadas venezolanas y las policías tendrán que decidir de qué lado de la historia quieren estar.

Si reprimen al pueblo, más temprano que tarde sus cabezas rodarán por las calles adoquinadas de Caracas. Pero si deciden soltar la mano del sátrapa, como ha hecho el mundo entero, entonces prevalecerán la paz, la justicia y la reconciliación.