Contraloría detecta anomalías por $ 123 millones en permisos
PAPUDO. Auditoría del periodo 2022 y 2023 consigna fondos no acreditados en las arcas municipales. Antecedentes fueron derivados a la Fiscalía y al CDE.
La Contraloría General de la República emitió un informe en el que detectó graves irregularidades en el proceso de otorgamiento de permisos de circulación en la Municipalidad de Papudo. El documento, que fue publicado el 30 de diciembre de 2024, partió con la inquietud de los concejales Daniel Muñoz y Margarita Sandoval, quienes alertaron sobre anomalías en la gestión municipal.
Entre los hallazgos más preocupantes, se constató que la Municipalidad de Papudo emitió permisos de circulación nuevos y se advierte, según el informe "que existen 659 permisos de vehículos del año 2022, sin acreditar el ingreso de fondos en las arcas municipales por $ 51.702.117".
Además, se advirtieron otras anomalías en torno a 572 permisos de los antes mencionados, por ejemplo, que todos ellos "están en la caja fuerte del municipio y no cuentan con la respectiva copia del contribuyente". A su vez, "se comprobó que la entrega del permiso se efectuó sin documentación del seguro obligatorio", y junto a ello se detectó "un desfase en el pago del permiso de hasta 98 días entre la fecha del timbre de la tesorería municipal y la fecha de depósito en las arcas municipales".
Informe a la justicia
Durante el periodo 2023 "se advirtió que la Municipalidad de Papudo entregó permisos de circulación sin existir la acreditación del ingreso en arcas municipales por $12.686.277", que se suman a los $51 millones del año anterior.
En esa misma línea, según el ente fiscalizador "se verificó la existencia de 444 permisos renovados presencialmente durante las anualidades 2022 y 2023, por $ 59.204.613, en los cuales no fue posible identificar el medio de pago, el registro en el estado de caja diaria y, en consecuencia, la recaudación en arcas fiscales".
Por último, según el informe, "se constató que 55 permisos de circulación del periodo 2022-2023 fueron emitidos por funcionarios que no forman parte de la nómina del personal autorizado para emitir dichos permisos".
De ahí que la Contraloría decidiera poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Responsables
En base al informe, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) dijo que "estamos hablando de más de 123 millones de pesos que no se registraron en las arcas municipales", por lo que se mostró crítico frente a los "problemas con la documentación, pagos atrasados y renovaciones de permisos sin registro del pago ni recaudación en arcas fiscales".
En tanto, la diputada Francisca Bello (FA) sostuvo que "la probidad sigue siendo un mínimo exigible en todas las administraciones, ya sea de municipalidades o el Gobierno central, y aquí lo que vemos es cómo un estándar mínimo es olvidado y pasado a llevar". "Se necesitan responsables y que se sigan todos los protocolos y pasos para que quienes hayan sido beneficiados con estas irregularidades, sean sancionados", sentenció.
El concejal Daniel Muñoz informó que, mientras se llevan a cabo las diligencias de Contraloría, decidió presentar una querella "para esclarecer las responsabilidades de los funcionarios implicados".
"Lo que me preocupa es el hecho de que este escándalo se destapa al momento de que hay un déficit en las arcas municipales", criticó.
"Estamos hablando de más de 123 millones de pesos que no se registraron en las arcas municipales".
Diego Ibáñez, Diputado (FA)