El exvicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) entre 2009 y 2011, Francisco Figueroa (FA), fue nombrado ministro de Bienes Nacionales por el Presidente Gabriel Boric (FA), tras la salida de Marcela Sandoval (FA) debido a la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ya que una de las propietarias es la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y la Constitución prohíbe al Estado celebrar contratos con sus secretarios.

El senador Fidel Espinoza (PS) cuestionó la designación en X: "¿Nombran en Bienes Nacionales a un acérrimo detractor de (la ex Presidenta) Michelle Bachelet? ¿Quien públicamente la denostaba (debido al anuncio de una 'pifiadera enorme' en 2015, durante la Copa América)? Estamos cada vez peor. Esta cartera de Bienes Nacionales ha sido vilmente manoseada por el Gobierno, perjudicando a miles de chilenos que luchan por su título de dominio".

Oposición al tc

Además de la titular de Defensa, es dueña del inmueble la senadora, tía de la ministra e hija del Presidente Allende, Isabel Allende (PS), quien junto a Fernández firmó un contrato de compraventa por $933 millones el 30 de diciembre de 2024, tras negociaciones iniciadas en septiembre pasado.

El Partido Republicano anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) con el artículo 37 bis de la Carta Magna, donde se establece que "durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado".

La colectividad también destacó el artículo 60 inciso segundo de la Constitución, donde se indica que "cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado".

A esto se añade el artículo 93 de la Carta Magna: "Son atribuciones del Tribunal Constitucional: resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones; pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios".

Republicanos, según Ex-Ante, compartió esta iniciativa con Chile Vamos, donde se optó por recabar más antecedentes y acudir en bloque al TC, donde la mayoría de los miembros son oficialistas.

Sobre los plazos, la expresidenta del tribunal, Marisol Peña, explicó a El Mercurio que "se tiende a creer que estas cosas operan automáticamente, pero no es así, y la demora del proceso depende mucho del periodo de pruebas", lo cual repercute "en que un requerimiento pueda tramitarse con mayor o menor rapidez".

La familia Allende ordenó rescindir del contrato y llamó al abogado del PS, Gabriel Osorio, para que la represente ante el TC. Fernández, además, el miércoles apuntó a "un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento", Felipe Vio.

El senador Espinoza agregó en Emol que "no hay elementos de defensa, (...) no podemos celebrar contratos con el Estado, no podemos a través de un representante hacerlo", por lo que "Fernández en sus declaraciones agrava la falta, porque de una u otra manera ella poco menos se quiere desligar diciendo 'yo le pasé esto a un abogado' y la Constitución es bastante clara al decir que incluso tú cuando trasladas la responsabilidad a otro para que te represente, estás teniendo la misma responsabilidad de cesación en el cargo".

"Si bien no hubo una mala intencionalidad de su parte, hubo errores garrafales, no solamente de ellas, de Isabel y de Maya, sino también de todos los asesores que ganan millonarios recursos en el Gobierno", agregó el legislador.