Gian Franco Giovines D.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminó aplazar por dos meses el desalojo de la toma Lajarilla, en Reñaca Alto, luego que un informe de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar advirtiera las serias complicaciones del operativo que busca expulsar a los 450 ocupantes, en su mayoría extranjeros.

Fue hace más de dos años, el 25 de noviembre de 2022, cuando la Corte Suprema falló a favor del empresario José Massú, ordenando el desalojo de dos parcelas de su propiedad, en el sector de Lajarilla de Reñaca Alto, en un plazo inicial de seis meses. Sin embargo, el cumplimiento de esta medida, como suele ocurrir en los casos de tomas de terrenos privados, se ha dilatado ante la alta complejidad que reviste desalojar a los ocupantes.

Este viernes, de hecho, se cumplió el plazo otorgado por la Corte Suprema para ejecutar el desalojo de las 86 familias. Pero, nuevamente, se postergó el lanzamiento. Esta vez, por solicitud de Carabineros.

Informe de carabineros

Según señaló un informe de la Prefectura de Viña del Mar, al que pudo acceder El Mercurio de Valparaíso, en el caso de efectuarse el desalojo, "este se vería dificultado en su parte logística por los innumerables enseres y bienes de propiedad de los actuales habitantes y/o familias", además de una serie de muros y cercos que dificultan el acceso de maquinarias.

Además, la institución policial advirtió que "no se tiene certeza" respecto del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema, en cuanto al deber estatal de implementar de manera transitoria un recinto donde las personas desalojadas sean albergadas tras su expulsión de la toma.

Carabineros subrayó que tampoco se tiene claridad respecto de cómo se transportarán los enseres de las 86 familias.

Con estos antecedentes, la Prefectura de Viña del Mar solicitó al tribunal de alzada una prórroga de 60 días, hasta el 10 de marzo, con el fin de solicitar "unidades especializadas de la Región Metropolitana, para brindar un mejor apoyo a los medios locales y dar cabal cumplimiento a lo ordenado".

Ante la solicitud, la Corte de Apelaciones concedió la prórroga de 60 días, por lo que el desalojo deberá concretarse antes del próximo 10 de marzo.

Según información de los dirigentes del campamento, son 450 las personas que actualmente viven en la toma Lajarilla. De estas, precisó Carabineros, sólo el 20% son chilenos y el 80% son extranjeros, principalmente venezolanos, en un 60%, mientras que el 20% restante corresponde a personas provenientes de Perú y Haití.

Corte mandató al minvu

No obstante, el máximo tribunal regional realizó un llamado de atención a la Municipalidad de Viña del Mar, para que envíe su catastro del asentamiento precario; y al Ministerio de Vivienda para que informe cuántas familias de la toma han sido evaluadas socialmente y cuántas califican a algún subsidio de vivienda.

El Serviu de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Vivienda, aseguró que se llevó a cabo "una atención personalizada a cada familia" para orientarlas sobre el acceso a los diversos subsidios habitacionales, aunque, advierten, una vez en terreno en la toma, "la mayoría de los asistentes no permitió la recepción de información respecto a la obtención de un subsidio habitacional por la vía de postulación regular".

Desde la Municipalidad de Viña del Mar afirman que existe un protocolo de acciones para, entre otras medidas, "implementar de manera transitoria un recinto donde las personas puedan ser albergadas con posterioridad al desalojo".

Detallaron, en ese sentido, que personal de la Dideco trabajó en el catastro de familias e informó sobre los grupos más vulnerables que requieren ayuda especial, orientándolas sobre las alternativas de vivienda, ayudas sociales directas y asesoría para personas migrantes. Sin embargo, no precisaron los resultados de aquel catastro.

Carlos Calixtro, habitante de la toma Lajarilla, afirma que hace un año que las autoridades no se han acercado al terreno para obtener información.

"no han hecho nada"

Waldo del Villar, abogado del propietario del terreno tomado, cuestionó la disposición de las instituciones, remarcando que ante los requerimientos de la Corte, las autoridades han presentado "informes bastante genéricos y vagos, en términos de que dicen que están haciendo un catastro, que están haciendo mesas de trabajo para buscar una solución integral. Es decir, nada concreto".

Pese a ello, valoró la resolución de la Corte, puesto que "reitera a la autoridad política que tiene que cumplir el fallo judicial que han incumplido durante dos años. (...) Aquí no han hecho nada".

Destacó, además, que "ya tenemos un compromiso de Carabineros que, para la primera semana de marzo prestará a la fuerza pública para el desalojo", lo que valoró como "un avance importante".

Desde la otra vereda, Carlos Calixtro dice que las familias se encuentran "en un limbo", entre la indecisión de la autoridad para tomar medidas y la presión del propietario.

Añade que "en el último año nadie ha venido para acá a darnos, o a siquiera llevarse alguna información de la toma, para poder hacer la pega bien y llevar un desalojo en armonía, donde los niños, los ancianos, los enfermos, no se vean involucrados, en consecuencia, por un mal proceder".

Explica, además, que las familias se instalaron en la zona porque hubo un acuerdo de palabra con el propietario, que luego habría sido ignorado.

"cumpliremos el fallo"

El diputado Andrés Celis (RN) recalcó que este caso "deja en evidencia una preocupante descoordinación entre las instituciones responsables, que a más de dos años del fallo de la Corte Suprema no han logrado ejecutar un desalojo que sea ordenado y respetuoso".

Luis Sánchez, diputado del Partido Republicano, hizo hincapié en que se debe "desalojar las tomas, expulsar del país a tanto extranjero ilegal, y a quienes califiquen, encausarlos en soluciones con el Minvu, pero este desorden no puede seguir".

Su correligionaria, la concejala Antonella Pecchenino, subrayó que "esta postergación no puede pasar más allá de los dos meses. Yo espero que el Serviu y el municipio entreguen la información adecuada para que se pueda proceder".

Del Villar, por ahora, descarta la opción de una venta del predio y refuerza que "aunque nos demoremos 100 años, vamos a cumplir el fallo".

"Aunque nos demoremos 100 años, vamos a cumplir el fallo. Mis clientes no quieren vender, quieren que les restituyan sus dos parcelas".

Waldo del Villar, Abogado de propietarios afectados por toma de terreno

"Nadie quiere hacerse cargo. Nuestros niños, abuelos, estamos con la desesperación de no saber si nos van a sacar y a dónde nos vamos a ir".

Carlos Calixtro, Habitante de toma Lajarilla

"Esto de las tomas en la Región que no se desalojan nunca, es reflejo de la falta de carácter y convicción de las autoridades municipales, regionales y nacionales".

Luis Fernando Sánchez, Diputado (Partido Republicano)

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