Auna semana de cumplir los ochenta años, la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, vive por estos días, y al final de su carrera política, bajo la amenaza de ver mancillada su impecable trayectoria pública por la necedad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y sus irritantes y crónicas desprolijidades, ignorancias y absolutas faltas de rigor.

La hija menor del ex Presidente Salvador Allende Gossens y última heredera familiar de su legado, marcado por tragedias privadas que empujaron a su hermana Beatriz y a su hijo Gonzalo a un final similar al de su legendario padre, ha sido, por años, dueña de la máxima dignidad posible, probado -como dijo ella esta semana, tanto en Chile como en el extranjero- sin jamás usar su nombre para ninguna victimización o beneficio propio. Es más, tras el regreso de la democracia remendó sus heridas postulando a cargos públicos, resultando electa primero en la Región de Coquimbo y luego por tres veces consecutivas en el antiguo distrito 29 en el sur de la Región Metropolitana. A continuación escaló al Senado por la Región de Atacama, para finalmente ser electa en la de Valparaíso en 2017.

Nunca se le escuchó una grosería, una salida de madre o un comentario inapropiado. Jamás estuvo en su afán enriquecerse o beneficiarse a sí misma o a los suyos con la lógica ventaja que le daba su apellido.

Por ello es que Isabel Allende no se merece en absoluto el incordio que está pasando por la frustrada compra de la antigua casa de Allende en Guardia Vieja por parte del Estado, en la cual también se ha visto involucrada su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Pero Isabel no la tiene fácil. El Tribunal Constitucional podría terminar destituyéndola por su despistado pecado de haber creído que el actual Gobierno era capaz de hacer algo bien. Ya muchos lo advirtieron cuando el propio Presidente Boric, que suele imitar en público a Salvador Allende, seguramente creyéndose a la altura política y, en cierta forma, heredero de su legado, ni siquiera cumplió su promesa de homenajearlo de forma decente para los 50 años del Golpe de Estado por la inoperancia, estulticia y flojera propia y de sus colaboradores. "Boric quería emular a su sucesor pero ni siquiera es seguro que haya comprendido cabalmente al personaje", escribió Daniel Mansuy, intelectual de derecha en el, vaya paradoja, único homenaje editorial que recibió Allende en 2023.

La señorial lealtad de Isabel Allende, algo que tanto molesta dentro del propio Partido Socialista, seguramente terminará para ella con el mal rato de su vida, como también con frases vacías e irresponsables por parte de los inquilinos de La Moneda. No se lo merecía.

El debate sobre las pensiones es un tema recurrente, tanto en Chile como en el resto del mundo. Esta relevancia surge, en parte, porque las personas vivimos más tiempo gracias a los avances en salud, lo que plantea desafíos para los sistemas de previsión social.

En Chile, el sistema de pensiones ha pasado por seis grandes transformaciones: fue creado en 1924 y modificado en 1925, 1932, 1952, 1974 y, finalmente, en 1981, con la instauración del modelo actual. Curiosamente, todos estos cambios se implementaron bajo regímenes autoritarios, lo que refleja lo complejo que resulta alcanzar consensos amplios en esta materia.

El sistema actual considera 14 variables para calcular las pensiones. Entre las más relevantes están el ahorro, la rentabilidad, la densidad de cotizaciones, la edad de jubilación y la esperanza de vida.

Rentabilidad: históricamente alta, con un promedio anual compuesto superior al 7%. Sin embargo, es impredecible, como lo demuestran los desaciertos de iniciativas como Felices y Forrados (FyF). Densidad: Representa la proporción de meses cotizados respecto del tiempo total de actividad laboral.

Ahorro: es el monto acumulado, que en Chile equivale al 10% obligatorio del salario, aunque se permite el ahorro voluntario. Edad de jubilación: 60 años para mujeres y 65 para hombres. Esperanza de vida: actualmente, 83 años para las mujeres y 81 para los hombres.

Analizando estos factores, es evidente que el problema principal no radica en la rentabilidad, sino en la combinación de las otras variables. Por ejemplo, un hombre que cotiza el 10% de su salario entre los 25 y los 65 años acumula un ahorro equivalente a 4 años de ingresos. Con la rentabilidad histórica, ese monto puede financiar hasta 12 años. Sin embargo, este trabajador necesitará cubrir 16 años de vida tras jubilarse, generando un déficit del 25%. En el caso de las mujeres, la situación es más crítica: al cotizar durante 35 años, su ahorro alcanza para 11,5 años, pero deben financiar 23, lo que representa un déficit del 100%.

El reciente incremento del 6% en la cotización individual apunta en la dirección correcta, ya que reduce el déficit para los hombres. Sin embargo, para las mujeres, la brecha sigue siendo significativa. Una solución propuesta por organismos internacionales como la OCDE y el FMI es igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, lo que ayudaría a acortar esa diferencia. Otra medida posible es incorporar seguros que cubran los períodos de lagunas previsionales, aunque su implementación es compleja, ya que estaría limitada al trabajo formal.

A corto plazo, la única solución viable es el financiamiento mediante impuestos generales, como ocurre con la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, este mecanismo requiere ajustes. Actualmente, la PGU representa el 6% del presupuesto nacional y podría alcanzar el 20% en 2050 si se mantiene el nivel de cobertura. Esto hace necesario implementar un sistema de evaluación y eliminación gradual para garantizar su sostenibilidad.

El desafío de las pensiones en Chile no tiene soluciones mágicas, pero avanzar en estas líneas permitirá construir un sistema más equitativo y sostenible para las futuras generaciones.

Hace 25 años, un medio de circulación nacional, replicando lo señalado por la asociación de AFP, pronosticó que las chilenas y chilenos recibirían una pensión igual al cien por ciento de su sueldo el año 2020. Sin embargo, esa promesa sigue estando lejos de cumplirse y de la cruda realidad que viven los más de 2 millones 500 mil pensionados de nuestro país que en promedio reciben una jubilación de $278.535, financiada casi en su totalidad por el aporte del Estado a través de la PGU, y que deben definir mes a mes cómo distribuyen esa plata para cubrir sus necesidades: si pagar sus cuentas básicas, el arriendo, sus medicamentos o alimentarse, porque para todo no alcanza. Esa realidad angustiante e indigna de nuestras personas mayores, quienes durante años se levantaron temprano día a día para sacar a los suyos adelante, para preocuparse de sus familias, madres, hijos, para tener un país mejor, es la que al parecer desconoce un sector político y económico de nuestro país al intentar torpedear desde su reducto ideológico los amplios acuerdos y consensos que Chile requiere y exige para mejorar ahora ya la vida de los jubilados del presente y los del futuro.

Nuestro Gobierno durante más de dos años de debate parlamentario ha demostrado flexibilidad y disposición para sacar adelante este proyecto y avanzar con permanente diálogo y apertura, logrando proponer un sistema viable, justo y sostenible, que garantiza buenas pensiones, sin brechas de género, sin cobros abusivos, que premia el esfuerzo individual, y donde todas y todos pueden elegir entre lo público o lo privado.

No es una reforma ideológica, es una reforma que Chile necesita y merece, que las mujeres necesitan, que nuestras personas mayores necesitan. Pensarlo de otra manera es seguir ampliando la indiscutible brecha de la política con el mundo social, donde cada vez se nos interpela con mayor preocupación de conectar con las urgencias reales de la vida cotidiana de las personas y poner la política al servicio de estas, una vida en la que sabemos nadie puede vivir dignamente con $278.000 mensuales.

En la última encuesta de Pulso Ciudadano, un 74,5% de los consultados manifestó estar de acuerdo con que Chile necesita de una reforma previsional. Tenemos la oportunidad histórica, luego de más de diez años de iniciativas fracasadas, de avanzar en dignidad, en justicia social y reconocimiento a quienes entregaron los mejores años de su vida al servicio de su familia y de su país. Hoy nos toca a nosotros ponernos al servicio de ellas y ellos, y en eso esperamos que tanto parlamentarios oficialistas como de oposición representen el sentir mayoritario de la ciudadanía de nuestra Región de Valparaíso y de todo un país, y estén a la altura de esta urgencia que no puede esperar más.