Rosa Zamora C.

La transferencia de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales es letra muerta si no está acompañada de personal ni recursos, sostiene el presidente del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso y extitular de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Manuel Tobar Leiva, a propósito de uno de los componentes clave de la descentralización.

Sobre el avance de ese proceso, el licenciado en Asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Lovaina, y autor del Tratado de Derecho y Administración Regional, recuerda que la propuesta de la Convención Constitucional, de dotar de potestad legislativa a las instancias regionales, fue una iniciativa de descentralización política fracasada.

Politica de estado

"En descentralización administrativa, las transferencias de competencias han sido mínimas, y los gobiernos regionales ni siquiera tienen servicios públicos para ejecutar sus propias políticas y estrategias", agrega; mientras que en descentralización fiscal considera que la Ley del Royalty ha sido un avance y el proyecto de Ley de "Regiones más fuertes" representa "una esperanza".

"Hace falta una estrategia para guiar este complejo proceso. Por eso, valoro la elaboración de una política de Estado en descentralización que supone ordenar y sistematizar los pasos a seguir", complementa.

"regiones más fuertes"

- El proyecto de Ley de Financiamiento, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional, "Regiones más fuertes", de 2023, está recién en primer trámite constitucional.

- El ministro Marcel señaló que "es un proyecto que constituye el salto más importante que vamos a tener en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia". Su contenido así lo confirma, y junto a la Ley del Royalty Minero, se daría por cumplida en parte una sentida aspiración del movimiento descentralizador. Con todo, plantea una implementación gradual, dada la formulación de normas muy transformadoras: sistema financiero autónomo, reglas fiscales regionales, presupuesto con programación a tres años plazo, cobro de tasas y derechos, endeudamiento, entre otras materias.

Práctica tramposa

- La iniciativa apunta a dar mayor autonomía financiera a las regiones, agilizar la inversión pública regional, elevar los estándares de transparencia y probidad. ¿Dónde cree que será más complejo llegar a acuerdos?

- Siempre ha habido un rechazo a los tributos regionales de quienes ven en la rebaja de la carga impositiva la única manera que la economía crezca. Lo mismo ocurre con la capacidad que los Gores puedan endeudarse y en consecuencia aumentar el endeudamiento del país al borde de la línea roja del 45% del PIB. Si a ello se le suma la incapacidad de llegar a acuerdos de un sistema político polarizado entre izquierda y derecha con ausencia de un centro moderador, cualquier proyecto puede sucumbir. Incluso la política nacional de descentralización podría sufrir el triste porvenir de ser guardada en el cajón de un escritorio.

- En 2022 Claudio Orrego pidió invalidar las 13 competencias traspasadas durante el gobierno anterior porque llegaron sin recursos ni personal, y en esta región de las cinco de la actual administración, sólo se aceptaron dos.

- El rechazo a la oferta por oficio de nuevas atribuciones puede parecer un contrasentido para el avance de la descentralización. Pero tales transferencias son letra muerta sin personal ni recursos. A los Gores no se les autoriza cupos para contratar personal propio e incluso son competencias que al no ser cumplidas podrían dar lugar al abandono de deberes de los gobernadores. Esta práctica tramposa socava la credibilidad y legitimidad de la administración regional. El éxito de la descentralización se juega fundamentalmente en la buena gestión regional. El pecado es del gobierno central.

Caso convenios

- Hay quienes plantean, como el extitular de la Subdere Ricardo Cifuentes, que mientras no haya adecuado balance de poder entre el Core y el gobernador regional, ni medidas pro transparencia para evitar abusos, "no podemos pedir más transferencias".

- Comparto con el diputado que el Consejo Regional tiene el deber constitucional de ejercer efectivamente su potestad fiscalizadora, que no siempre ejerce. También estoy de acuerdo que se requiere más transparencia en el uso de los recursos regionales. Pero de ahí a pretender impedir que los Gores soliciten mayores competencias, es darle un portazo al avance del proceso descentralizador. Proceso además limitado por un precepto que restringe las solicitudes de traspaso de los Gores a los dos primeros años del gobierno central. ¡Inaudito!

- ¿El Caso Convenios con entrega directa de recursos a hoy cuestionadas fundaciones, dañó la fe pública en los gobiernos regionales?

- ¡Sin duda! Para muestra un botón. Consultado el vicepresidente de la Cámara de Diputados Erick Aedo, si el tema de la descentralización estará en la agenda de la corporación el 2025, respondió que no. Su fundamento es la corrupción en el Caso Convenios. Sin embargo, no olvidemos que fueron los parlamentarios y el gobierno de Bachelet, los que asignaron a los gobernadores la atribución de resolver la inversión inferior a las 7 mil UTM. Con esa facultad se urdió discrecionalmente el financiamiento de los citados convenios. Esta disposición nunca la tuvieron los intendentes. Soy partidario que la potestad resolutiva de las inversiones se radique en los consejos regionales, toda vez que en esa instancia hay un control natural y efectivo, debido a la pluralidad política y territorial de sus integrantes.

- ¿Concuerda con el Consejo Asesor para la Política de Descentralización que criticó la creación del Ministerio de Seguridad porque al reforzar las atribuciones de los delegados presidenciales "más parece una medida que fortalece el centralismo de lo que favorece a la descentralización"?

- La creación de ese Ministerio conlleva la desconcentración de funciones en el territorio en un secretario regional ministerial de seguridad que debe velar por el orden público. Respaldo a la ministra Carolina Tohá en el sentido que los gobiernos regionales deben ser fortalecidos en las materias de desarrollo productivo, ordenamiento territorial y medio ambiente, en cultura, ciencia, tecnología del conocimiento e innovación. Pero gobiernos regionales encargados de la seguridad es contrariar la naturaleza jurídica de un Estado unitario. Ello no quita que, orientado por el principio de coordinación de la Ley de Bases, ese Ministerio pueda acordar con ellos objetivos comunes en inversiones en seguridad.

"Gores encargados de la seguridad es contrariar la naturaleza jurídica de un Estado unitario. Ello no quita que el Ministerio acuerde con ellos objetivos comunes en inversiones".

"No olvidemos que fueron los parlamentarios y el gobierno de Bachelet los que asignaron a los gobernadores la atribución de resolver la inversión inferior a las 7 mil UTM".