Sebastián Mejías O.

No lleva ni dos meses fuera del municipio, pero el nombre del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sigue generando polémicas; ahora por los recursos de protección interpuestos por seis exfuncionarios de confianza contra la alcaldesa Camila Nieto por ilegalidad en las desvinculaciones.

Mientras abogados laboralistas evalúan los despidos y sus posibles repercusiones, figuras del Frente Amplio han intensificado las críticas hacia el exjefe comunal y su círculo cercano por querer mantener posiciones de poder al interior de la municipalidad.

Confianza en la corte

Según plantean los recursos de protección, al desconocerse el decreto que firmó Sharp un día antes de su renuncia para establecer la continuidad de esas contratas, la nueva administración incurre en cinco ilegalidades. Estas se basan, según se lee en la argumentación de la abogada que defiende a los exfuncionarios, en que la comunicación de no prórroga no cumple con el estándar de un acto administrativo; carece de fundamentos; la realiza una funcionaria incompetente; infringe las reglas de publicidad y ejecutividad de los actos administrativos; y no es consistente con un actuar coherente.

Con ello, lo que se pretende es que el municipio adopte "de forma urgente todas las medidas necesarias para que se deje sin efecto la comunicación de no prórroga", de las contratas, declarándolas ilegales.

Como representante de los requirentes, la abogada Ámbar Muñoz dijo "tener confianza en que la Corte de Apelaciones restablecerá el imperio del derecho", insistiendo en las "actuaciones ilegales y arbitrarias en que incurrió la Municipalidad de Valparaíso al informar la no renovación de las contratas de mis representados y representadas".

Análisis de los casos

En base a un análisis exhaustivo de los requerimientos contra el municipio y su alcaldesa, la abogada y académica, Jeanette Bruna, cree que "el gran problema de los recursos de protección es que, en vez de dirigirse en contra del decreto que revocó las renovaciones, se dirigen en contra del acto posterior de comunicación". A partir de eso, está segura "que el decreto alcaldicio de revocación de las renovaciones de los recurrentes seguirá plenamente vigente".

Por otro lado, explicó que "el decreto que revocó las renovaciones fue suscrito con fecha 27 de noviembre por la ex alcaldesa subrogante, Alicia Zúñiga, y se fundamentó en temas de legalidad presupuestaria, que obligaron al Municipio a dejar sin efecto la inédita decisión del exalcalde Sharp de ordenar la renovación en noviembre pese a la inexistencia de presupuesto 2025 aprobado, lo que impedía comprobar el cumplimiento del requisito legal aplicable a las contratas".

Con base en estos antecedentes, la abogada Bruna considera que "no se avizoran motivaciones políticas" en las decisiones del municipio, "sino por el contrario, la Municipalidad reaccionó a tiempo para superar el problema generado por el decreto del exalcalde Sharp, ajustándose a la ley". "En ese contexto se enmarca la defensa de la legalidad efectuada por la nueva administración ante la Corte", agregó.

Por su parte, el abogado y asesor de municipalidades, Patricio Olivares, dice que por más que el decreto invalidatorio firmado por Alicia Zúñiga se fundara en que todavía no se aprobaba el presupuesto 2025 cuando Sharp garantizó la continuidad de las contratas, este último "hizo uso de una prerrogativa legal que le asistía al momento de ser alcalde antes de renunciar al cargo".

"La norma también es clara y precisa, y no establece que sea un requisito la aprobación del presupuesto municipal", asegura el experto, validando la acción firmada por la anterior autoridad comunal.

Donde sí ve problemas es en el decreto de revocación del 27 de noviembre, firmado por la alcaldesa subrogante Zúñiga, que dejó establecido que una vez aprobado el presupuesto tendría que haberse dictado un nuevo decreto, para complementar la primera decisión.

"El problema se presenta en que se revoca la decisión inicial sin un decreto que establezca cómo va a ocurrir y lo que va a pasar después de la revocación", afirmó el abogado.

¿Es la vía idónea?

El otro problema que podría ocurrir, dice Olivares, "es que los funcionarios que reclaman una eventual vulneración de derechos laborales, tendrían que haber iniciado las acciones ante el Tribunal del Trabajo". Es ahí donde debieron exponer "su derecho a la estabilidad en el empleo, integridad física, psíquica, etc", sostuvo.

Es ese tribunal que, aclara, dictará "la legalidad o ilegalidad de la medida adoptada por la municipalidad en Valparaíso".

"No parece haber intención de molestar a la nueva administración, sí hay un intento de mantener espacios de poder".

Diego Ibáñez, Diputado (FA)

"Esto muestra que estaban ahí para beneficio propio y no para contribuir al desarrollo de la comuna".

Jorge Brito, Diputado (FA)

"La Municipalidad reaccionó a tiempo para superar el problema generado por el decreto del ex alcalde Sharp, ajustándose a la ley".

Jeanette Bruna, Abogada y académica

"Tenemos confianza en que la Corte de Apelaciones restablecerá el imperio del derecho".

Ámbar Muñoz, Abogada exfuncionarios

Consultado el mundo político por la situación que enfrenta la nueva alcaldesa y las trabas que deja el mundo del sharpismo a la Municipalidad, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, dijo sobre los funcionarios que todo esto "muestra que estaban ahí para beneficio propio y no para contribuir al desarrollo de la comuna", dejando claro que "Valparaíso necesita mucho por hacer y como bien dijo la alcaldesa Camila Nieto, no necesitamos a nadie que esté atornillando al revés".

En la misma línea, el diputado Diego Ibáñez (FA) insiste en que la "alcaldesa Nieto quiere trabajar por el bienestar de Valparaíso y ella expresó su voluntad de colaborar con aquellos que comparten su objetivo de mejorar la ciudad". Aun así, su recomendación es a "evaluar el desempeño con el tiempo de estos funcionarios", y en cuanto a los cargos de confianza cree que "es lógico que sean ocupados por personas en que la alcaldesa sabe que puede confiar".

Asimismo, sabe que hay funcionarios que trabajaron con Sharp y decidieron quedarse en sus puestos. Sobre eso, comentó, "no parece haber intención de molestar a la nueva administración, sí hay un intento de mantener espacios de poder".

Por su parte, el concejal independiente, pero cercano al exacalde, Vicente Celedón, considera que "la alcaldesa tiene que avanzar, pero este trabajo no puede ser a costa de los derechos laborales", recordando que "antes de que la nueva administración asumiera se destituyeron a personas sin un debido proceso".

"Existen las leyes laborales y un estatuto administrativo que hay que cumplir de manera estricta, sobre todo entendiendo que una bandera de lucha del oficialismo es la defensa de los derechos de los trabajadores", recalcó.