Antes de entrar al tema que deseo tratar, debo dejar establecido que a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, no las he visto nunca. Como señala el dicho popular, "ni en pelea de perros". A quien sí conozco y tengo gran respeto por ella es a la senadora Isabel Allende. Siendo ella recién electa presidenta de la Cámara de Diputados y yo embajador en Japón, me tocó recibirla encabezando una delegación parlamentaria que conformaban miembros de todos los sectores políticos. Desempeñó su papel de jefa del grupo en forma realmente excepcional. Uno de los miembros de esa delegación que tenía una posición política contraria a ella me confidenció: "Ha sido una sorpresa por la forma recta y ecuánime como está ejerciendo el cargo".

En Tokio ella pudo establecer un acercamiento sustantivo con los líderes de la Cámara de Diputados nipona, lo que fue importantísimo para avanzar en el acuerdo de libre comercio bilateral que estábamos buscando. Luego, gracias a una gestión personal suya, pudimos traer a la Antártica a un grupo de parlamentarios japoneses de la más alta trascendencia, hecho que fue determinante para lograr finalmente el respaldo de esos líderes al acuerdo bilateral mencionado. Ella fue miembro de esa aventura antártica en la cual como embajador también participé, por lo que puedo dar testimonio personal de lo que afirmo.

Ahora, el tema del que deseo ocuparme es el de la fallida adquisición por parte del Fisco de la casa del expresidente Salvador Allende Gossens, a objeto de hacer de ella una biblioteca que contenga la historia de su administración.

Trataré de ser lo más esquemático posible:

1. Me parece correcto que el Estado adquiera las casas de los expresidentes para establecer en ellas una especie de museo de lo que fue la administración de cada uno, imitando así a muy pequeña escala lo que se hace en Estados Unidos, donde se levantan grandes bibliotecas que muestran los actos relacionados con cada uno de los ex jefes de Estado. El único ejemplo que existe en Chile es la casa del expresidente Eduardo Frei Montalva, la que ha sido levantada gracias al esfuerzo de sus herederos y de algunos cercanos.

2. En el caso de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, cabe mencionar que el considerando primero del decreto del 25 noviembre del 2024 del Ministerio de Bienes Nacionales que da vida a la iniciativa, termina señalando que ello se hace "conforme lo instruido desde la Presidencia de la República". No es aventurado presumir con fundamento que quienes trabajan en La Moneda no ignoran que la ministra de Defensa y una senadora son nieta e hija, respectivamente, del expresidente Allende y, por ende, podrían estar afectas a las claras incompatibilidades establecidas no en una ley, sino en los artículos 37 bis, 58 y 60 de la Constitución Política del Estado.

3. Antes que el decreto llegara a manos de la entonces ministra Sandoval -que, dicho sea de paso, pertenece al mismo partido del presidente Boric, es decir, el movimiento político que más daño le ha hecho a este país desde que volvió a la democracia-, dentro del ministerio debió ser analizado por el jefe jurídico de aquél y luego por el subsecretario de la cartera, Sebastián Vergara, este último en su condición de jefe del servicio y, por ende, encargado de velar por la constitucionalidad y legalidad de los decretos de esa cartera. Ambos ignoraron los inconvenientes jurídicos que aquél podría contener. El jefe de los abogados de esa cartera y quienes tenemos ese título, en su momento, debimos cursar en el primer año de la carrera de Derecho el ramo de Derecho Constitucional, base de todo el resto de lo que se aprende en los cuatro años restantes. La misma observación vale para aquellos personeros que son letrados y que serán mencionados más adelante. A todos se les olvidó lo que se les enseñó. En cuanto al subsecretario mencionado, se le designó ministro subrogante, en circunstancias que como jefe del servicio es el responsable directo de lo acaecido.

4. Una vez que el decreto fue suscrito por la entonces ministra, este debió ir a manos de la jefa de la Dirección Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien posee como función principal velar por que todos los documentos que lleguen al escritorio del Presidente para su firma no contravengan la Constitución o las leyes. La señora Moya también parece haber omitido el ramo de Derecho Constitucional o, sencillamente, no conoce a la ministra Fernández y a la senadora Allende.

5. Luego, el ya "herido" decreto, cuyas debilidades no habían sido detectadas, pasó a manos de la Contraloría General de la República, el órgano más importante dentro sistema jurídico chileno para garantizar que todo decreto está de acuerdo a la Constitución y a la ley. Cabe destacar que dicho organismo hoy día está a cargo de una muy destacada funcionaria de carrera que tiene una lata y brillante trayectoria. La única objeción del organismo contralor en este caso se refirió a cierto aspecto adjetivo en cuanto al pago del precio, pero en lo resolutivo declaró que daba curso al decreto de marras "por encontrarse ajustado a derecho". De lo que se colige que la Contralora y las decenas de abogados que laboran con ella no se percataron de una falla constitucional. En lo macro, estimo que este aspecto es el más grave del caso. ¿Podemos los chilenos seguir teniendo confianza en nuestro organismo contralor? ¿Qué garantía ha dado la contralora general que algo como esto no volverá a repetirse? Este es un aspecto que sobrepasa por mucho el caso específico que estoy tratando.

6. El representante de la familia Allende en esta operación -el señor Felipe Vio Lyon, pareja de Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende- también abogado, tampoco percibió la abierta contradicción constitucional que contenía el asunto del que se estaba ocupando. No tiene excusa.

7. Conocido el desaguisado en análisis, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió en la televisión y, en el tono más enérgico que se le conoce, condenó lo acaecido y en el fondo crucificó a la exministra Sandoval, llevándose tácitamente por delante y sin explicación alguna los errores u omisiones habidos en otros estamentos de la administración. Quizás ella sea la única autoridad que ganó con todo esto, ya que partidarios suyos indicaron que demostró tener la determinación y el carácter indispensables para ser una gran candidata a la Presidencia de la República.

Como lo indiqué antes, he querido ser lo más esquemático posible en narrar los hechos acaecidos a fin de facilitar su comprensión. Pero más allá de los errores graves cometidos por tantos personeros de alta responsabilidad, salta a la vista la forma poco cuidadosa en que se mueven los actores de la actual administración. Sólo basta recordar los casos de Daniel Jadue y Manuel Monsalve. Pienso que el actual Presidente cada día da señales de una mayor incapacidad para dirigir el país. El Jefe del Estado debe darse cuenta que la gente está cansada de tanto desaguisado y que debe poner orden en "la casa". No debe permitir las incompetencias y las demostraciones de poder en su contra que realizan grupos políticos que conforman su gobierno.

Respecto al tema mismo en análisis -por la trascendencia que tiene en la vida institucional del país-, opino que debe recibir la calificación de inconcebible.