Preocupación y dudas razonables sobre la capacidad del Servicio Nacional de Aduanas para controlar las mercancías que ingresan al país produjo en varias autoridades el reciente informe de Contraloría, que detectó incumplimientos en varias responsabilidades del organismo con sede en Valparaíso. La auditoría también detectó fallos en la interoperabilidad de los sistemas DIN (Declaraciones de Ingreso Nacional) y DECARE (Denuncias, Cargos y Reclamos), lo que, señaló el organismo, "impide realizar un seguimiento y vincular de manera sistemática los resultados de las fiscalizaciones en las que se detecta alguna infracción o ilícito".

Aunque la rápida respuesta que dio Aduanas a la corrección de dichos problemas y la disposición que demostró en la búsqueda de las responsabilidades funcionarias son reacciones loables, es indispensable reconocer que el caso abre una discusión pública mayor sobre la principal institución que fiscaliza el ingreso de productos al país. En ese debate, el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, propone cambiar la dependencia actual de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, con evidente énfasis en la recaudación, hacia el Ministerio del Interior, que está enfocado en la seguridad pública y el control de las fronteras. ¿Significa esto que Aduanas deberá cambiar otra vez de dependencia cuando entre en funciones el nuevo Ministerio de Seguridad Pública?

Y si bien la diputada Camila Flores (RN) acusa un verdadero descontrol en Aduanas -algo que no se deduce del informe de Contraloría-, su par del PS Tomás de Rementería apunta a la necesidad inmediata del organismo de aplicar un reforzamiento de sus capacidades operativas y un robustecimiento organizacional para pueda enfrentar con solidez los desafíos que plantea el control del comercio exterior y la revisión de cargas y pasajeros en los pasos fronterizos.

La discusión sobre la reforma de pensiones se ha convertido en un foco central de debate en la sociedad chilena. Mucho se ha hablado de dónde deben ir a parar los puntos de cotización adicional con cargo al empleador, y es justo aquí donde aparecen dos grandes antagonistas: la capitalización individual vs. el sistema público de reparto. Sin embargo, una idea que podría generar atención es la de introducir un componente de solidaridad intrafamiliar. A medida que la población envejece, esta opción podría ofrecer una nueva perspectiva al complejo entramado de nuestro sistema previsional, el cual debe velar por satisfacer un variado perfil de futuros pensionados, desde aquellos que poseen más ahorros hasta quienes prácticamente nunca han cotizado.

¿Es realmente la solidaridad intrafamiliar una opción viable dentro de esta reforma? Un reciente estudio de percepción, elaborado por Acierta Consultores, revela que un 63,1% de los encuestados respaldaría la idea de destinar parte de su cotización a un familiar directo. Este respaldo sugiere que la solidaridad intrafamiliar no sólo es percibida de mejor manera que el reparto puro y duro, sino que también es deseable para una gran parte de la población. Sin embargo, la implementación de tal esquema requeriría cuidadosas deliberaciones parlamentarias y gubernamentales.

Para comprender la relevancia de esta alternativa, es esencial analizar las preocupaciones subyacentes que genera la actual propuesta de un sistema de reparto. La solidaridad intrafamiliar podría significar destrabar una discusión que se ha arrastrado desde hace 10 años en nuestro país. No implicaría que el 6% vaya directamente a la cuenta individual de los cotizantes, lo cual tranquilizaría en parte al mundo de izquierda, dispuesto a criticar a su propio gobierno en caso de que esto prosperara. Por otro lado, los sectores de derecha podrían sentirse tranquilizados, ya que, aunque es un componente solidario, no califica como un sistema de reparto. Esto se debe a que los ahorros seguirían siendo administrados por una entidad privada (AFP u otra), sin pasar por un control estatal, y lo más importante, el dinero seguiría invertido en el mercado de capitales con el objetivo de alcanzar rentabilidad.

Si bien este insumo, bien percibido por la ciudadanía, podría ser una llave para abrir el candado entre oficialismo y oposición, tampoco es una llave maestra. La actual pirámide demográfica, la cesantía, las lagunas previsionales y la informalidad de personas en edad activa podrían dejar a esos padres sin el suplemento necesario para su pensión. Esa materia requeriría de otra discusión, donde intervienen la Pensión Garantizada Universal, entre otras herramientas.

El desafío de reformar el sistema de pensiones es, sin lugar a dudas, complejo y multifacético. Sin embargo, abriendo la puerta a opciones como la solidaridad intrafamiliar, se pueden generar espacios de consenso y soluciones potenciales para mejorar la estabilidad económica en la vejez, amalgamando conceptos que, hasta ahora, no están incluidos, pero que en ningún caso representan la desintegración de la industria ni una reforma del modelo de capitalización individual.