Gian Franco Giovines D.

Ad portas de cumplirse un año del megaincendio que devastó amplios sectores de Viña del Mar y Quilpué, la ministra de Desarrollo Social y encargada por el Presidente Gabriel Boric de liderar la reconstrucción, Javiera Toro, se reunió el miércoles con parlamentarios y damnificados de la catástrofe, con el fin de responder sus principales demandas de un proceso que, hasta ahora, ha generado amplios cuestionamientos por parte de los afectados.

El encuentro, que fue gestionado por el diputado Hotuiti Teao (indep.-Evópoli), se desarrolló a eso de las 16.30 horas, en las dependencias del IPS de Valparaíso, y contó con la presencia del delegado presidencial, Yanino Riquelme; la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, y los titulares del Serviu y la Seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe y Belén Paredes, respectivamente.

La renovación del Bono de Acogida, ayuda económica de 10 UF -unos $384 mil pesos- era uno de los puntos que se esperaba destrabar en la cita con el Gobierno. Sin embargo, los representantes de los damnificados afirman que la titular de Desarrollo no les entregó una respuesta concreta, excusando que el bono no depende de su cartera, sino de Interior.

Por otro lado, según los presentes, la ministra manifestó además que se está trabajando en agilizar la implementación del Plan de Reconstrucción. Sin embargo, debido a compromisos en el Congreso, Toro debió abandonar la reunión a media hora de iniciar, generando malestar.

No tuvieron respuestas

René Flores, presidente del Comité de Crisis de El Olivar, si bien valoró la cita con la ministra tras casi un año, lamentó que no se le entregaron certezas a los afectados.

"Es una sensación que es la que hemos tenido durante estos once meses y medio, en términos de que no hay una coordinación, no hay una claridad, ni están dispuestos a dar certezas respecto de las consultas que se han hecho en forma reiterada", reprochó.

Flores puntualizó que la audiencia había sido solicitada seis días antes, por lo que hubo tiempo para preparar mejores respuestas. "La ministra no iba en blanco a la reunión. Se le indicó expresamente que aclarara el tema del Bono de Acogida, cuáles habían sido los fundamentos para la discriminación en términos de entregarle el bono a algunos y a otros pagarle la mitad. De eso, respuesta no tuvimos", dice.

Una vez que la ministra Toro dejó la reunión, quedó a cargo el delegado Yanino Riquelme, momento en que los diálogos se tornaron tensos. Según cuentan los presentes, las respuestas de las autoridades no iban más allá de un "lo vamos a estudiar" o "eso corresponde a otra cartera", lo que nuevamente molestó a los afectados.

Todo fue para peor cuando el delegado Riquelme se retiró de la cita. "Rayando en la mala educación, en un momento determinado dijo 'tengo que hacer porque tengo esta reunión' y se retiró sin siquiera despedirse de las otras autoridades", criticó Flores.

Junto al Serviu y a la Seremi de Vivienda, la última en la cita fue la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, quien acordó con los damnificados una nueva reunión para el próximo miércoles 22 de enero, donde se entregará una respuesta definitiva sobre el bono.

Bono universal

Tras el encuentro, el diputado Teao exigió que el Gobierno le otorgue a los damnificados "un bono de acogida universal y permanente hasta que cuenten con sus viviendas definitivas. No es aceptable que estas familias vivan mes a mes con la incertidumbre de si van o no a recibir un bono que necesitan prácticamente para subsistir".

También presente en la instancia, el diputado Longton (RN) se plegó a la solicitud de un bono universal, expresando que "el Estado no puede dejar sin bono a personas que aún no tienen su vivienda".

Subrayó que "el Presidente se comprometió a que los iba a acompañar y que iba a haber una solución definitiva y que no los iba a dejar solos. Bueno, eso es precisamente lo que está ocurriendo".

Teao detalló que, para la reunión del miércoles, solicitará la presencia de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Vivienda, Carlos Montes, además de la ministra de la reconstrucción, Javiera Toro.

"La gestión que ha habido, no ha sido la más ágil. En El Olivar, por ejemplo, a un año del megaincendio, no hay ninguna vivienda construida".

René Flores, Pdte. Comité de Crisis de El Olivar

"No queremos que los damnificados sigan sintiendo que los están peloteando. Necesitamos que les entreguen respuestas definitivas".

Hotuiti Teao, Diputado (indep.-Evópoli)

"No puede ser que haya distinción sobre quienes perdieron su hogar, categorizándolos entre hábil e inhábil. Todos tienen el mismo derecho".

Andrés Longton, Diputado (RN)

Un requerimiento a la Contraloría General de la República presentó este jueves el diputado Andrés Celis, solicitando una "auditoría completa" al Plan de Reconstrucción presentado por el Gobierno, en marzo de 2024, que fue coordinado por la ministra de Desarrollo, Javiera Toro.

El proceso de reconstrucción, para el cual se destinó un presupuesto de $ 800 mil millones, a juicio de Celis ha estado marcado por retrasos, falta de transparencia y dudas sobre el correcto uso de los recursos asignados. Por esta razón, presentó el oficio que "tiene como propósito que la Contraloría se pronuncie sobre si se está cumpliendo la ejecución del Plan de Reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana".

El parlamentario dice que, a casi un año de la tragedia que arrasó con 8 mil viviendas, hoy "con suerte tenemos dos o tres casas levantadas. La mayoría han sido por aporte de privados o por la fundación (Desafío) Levantemos Chile".

"También queremos preguntarle cuántos subsidios se han entregado ¿Hay un acompañamiento a las personas que han sido víctimas, tanto en la parte de salud física como mental? Queremos tener un registro completo", explicó.

Además, se buscará que la Contraloría fiscalice cuántas sesiones se han realizado del Comité de Ministros para la Reconstrucción, como también cuál ha sido el trabajo del gerente técnico del proceso, Patricio Coronado, quien fue designado por la ministra Toro.

DUDAS sobre RECURSOS

Otra de las prioridades que expuso el parlamentario es fiscalizar la ejecución de los $ 800 mil millones del erario fiscal, que en mayo de 2024 fueron aprobados para ser destinados a la reconstrucción.

"Lo segundo es que se audite, es decir, que se vea si los dineros comprometidos para el lanzamiento de la reconstrucción, que son cerca de mil millones de dólares, se estén destinando para estos fines", señaló el diputado Celis.

Asimismo, el diputado expuso sus dudas respecto a la utilización de los recursos provenientes de impuestos sustitutivos por impuestos fiscales.

"Solicitamos a la Contraloría que vea si lo que acaba de anunciar el ministro de Hacienda tiene legitimidad. Para quienes no lo saben, (Mario) Marcel ha señalado que aquel fondo que se está reuniendo para la reconstrucción, que viene de los privados, ahora lo va a destinar no tan sólo para la reconstrucción, sino que también para otros gastos del erario nacional", reveló.

"¿Esto lo puede hacer? Hay una nebulosa que nosotros estamos preguntando", sentenció el congresista.

"Esta auditoría tendrá que determinar cuántos de los mil millones de dólares hoy día han sido gastados en lo que es la reconstrucción".

Andrés Celis, Diputado